Una nueva inquisición toma al asalto los campus de EE UU bajo la acusación de antisemitismo

La caza de brujas en los campus de Estados Unidos tiene un nombre, doxxing, que en inglés describe la publicación de información personal de un individuo para intimidarle, amenazarle o acosarle, o para fomentar que se le hostigue. El castellano abunda en sinónimos: el señalamiento, la delación, una inquisición que hoy apunta a quienes desde octubre de 2023 han alzado su voz contra la guerra de Gaza. Aunque la Administración republicana abandera ahora esta ofensiva, meses antes de que Donald Trump ganase las elecciones los campus de EE UU eran ya una pira a la que grupos de presión arrojaban a todos cuantos criticaran a Israel, acusándolos de manifestaciones antisemitas. Detrás de todos y cada uno de los nombres de la docena larga de estudiantes extranjeros detenidos desde el 8 de marzo, están el puntero de una organización, un justiciero espontáneo o incluso un programa informático de reconocimiento facial para desenmascarar a manifestantes embozados. La maquinaria del doxxing ha servido en bandeja a la Casa Blanca sus objetivos.

El fenómeno, consistente en la revelación de datos sensibles (teléfono, dirección, correo electrónico, muy a menudo fotografías), fue la primera señal inquietante en los campus ya a finales de octubre de 2023, coincidiendo con las primeras y tímidas protestas contra la guerra de Gaza, que meses después se convertirían en la mayor movilización estudiantil en EE UU desde Vietnam. Furgonetas con paneles de luces led exhibían listados con nombres y apellidos y fotos de alumnos, y profesores, acusados de simpatizar con Palestina cuando no de integrar organizaciones terroristas. Camionetas con la imagen de la rectora de Harvard, Claudine Gay, y el lema “incapaz para el cargo”, recorrían mañana y noche las calles de Cambridge (Massachusetts) o se apostaban frente a su domicilio. Otro tanto ocurría con la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, crucificada como Gay en una comparecencia ante el Congreso en la que los republicanos les reprocharon la tibieza con que habían respondido a las incipientes protestas propalestinas. La presión les hizo dimitir —y luego a dos rectoras más, de Columbia—, pero lo peor estaba por venir, incluida la cacería desatada por la Administración de Trump contra los estudiantes, pero también contra las propias universidades. Cinco, la última de ellas la de Brown, están en el punto de mira de Washington, que amenaza con cancelar millonarias subvenciones federales si no erradican todo discurso contrario a Israel, además de suprimir sus programas de diversidad.

“La persecución generalizada de estudiantes y profesores por pronunciarse sobre los derechos humanos de los palestinos no se parece a nada que hayamos visto hasta ahora”, cuenta un antiguo profesor de Columbia amparado en el anonimato. “Los estudiantes han sido repetidamente señalados en público, acusados de antisemitas, atacados físicamente, llevados ante audiencias disciplinarias secretas, arrestados y ahora amenazados con la detención y la deportación, todo por pedir el fin de los asesinatos masivos en Gaza. [La Universidad de] Columbia y la Administración de Trump han dejado claro que no hay libertad de expresión sobre Palestina y que el activismo será castigado severamente”, cuenta el exprofesor, que vivió las protestas en el campus.

Dos dinámicas que se imbrican —la campaña de acoso sobre el terreno, en los campus, y la ofensiva de la Casa Blanca, desde arriba— amenazan con yugular la libertad de expresión en lugares tan proclives al debate y la formación de ideas como las universidades. Hay miedo, psicosis incluso, entre el alumnado, pero también en el claustro. Docentes de departamentos sensibles, como los de estudios de Oriente Próximo o, aún peor, el Centro de Estudios Palestinos de Columbia —en el punto de mira de la Administración de Trump, que le ha impuesto un vicerrector especial encargado de supervisar su temario—, han cerrado la pestaña de datos de contacto de sus webs oficiales. Nadie, o muy pocos, responde a un correo de petición de declaraciones.

Los estudiantes extranjeros temen por sus visados. “Ni se te ocurra preguntar a estudiantes con rasgos árabes. Se ha impuesto el silencio para sobrevivir, todos queremos acabar los estudios y por eso lo mejor es pasar de perfil. Los que participaron en las protestas el año pasado son los más asustados, sobre todo por el software de reconocimiento facial que desvela tus rasgos, aunque te hubieras tapado el rostro en la protesta”, dice sobre la herramienta delatora un alumno europeo en las cercanías de Columbia, cerrada a cal y canto desde las manifestaciones de la pasada primavera. “Todos, y me incluyo, hemos borrado el 90% de las publicaciones en nuestras redes”, añade.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en marzo el cribado de publicaciones online de estudiantes sospechosos mediante una herramienta de inteligencia artificial. Rubio, que invoca la facultad de revocar visados y deportar en virtud de una ley de 1952, también ha ordenado a las embajadas que escruten las redes sociales de los estudiantes solicitantes de visados en busca de críticas a EE UU e Israel.

“Estas campañas son intentos de intimidar y acosar y tienen el efecto de acabar con la libertad de expresión”, sostiene Isaac Kamola, director del Centro para la Defensa de la Libertad Académica de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, en sus siglas inglesas). Kamola abunda en la sensación de miedo que atenaza a muchos universitarios. “En este momento, toda la fuerza del Gobierno federal se está utilizando para castigar a los estudiantes y profesores que critican a la Administración de Trump y que expresan su apoyo a Palestina. Esta represión federal desde arriba se complementa con el acoso en línea y el doxxing desde abajo, lo que hace que sea muy arriesgado hablar en público, sobre todo para los estudiantes y profesores extranjeros”.

Cisma en la comunidad judía

Callen, estudiante de doctorado y profesora adjunta, fue víctima directa de doxxing a finales de octubre de 2023. Arrancaba carteles con las imágenes de los rehenes de Hamás —una campaña masiva que empapeló literalmente, y aún lo hace, las calles de Nueva York— cuando fue grabada por dos individuos. “Los carteles contenían información engañosa y errónea, y empecé a quitarlos. Estaban en un lugar público. Y entonces dos personas se me acercaron y empezaron a gritarme, a filmarme, a meterse conmigo. Tuvimos unas palabras y me fui. Unos días después, empecé a recibir amenazas de muerte en mi correo electrónico. Y después aparecí en un segmento de Fox News y en un montón de artículos. Eso me causó problemas en la facultad y me despidieron de CUNY [la universidad pública de Nueva York], pero me han seguido pasando cosas, y ni siquiera tengo redes sociales”, cuenta Callen, que es judía. El cisma en la comunidad judía entre defensores y detractores de la ofensiva militar israelí es cada vez más agudo.

Callen supo solo más tarde que había sido víctima de un acto de doxxing por parte de uno de los grupos más activos en el hostigamiento, Canary Mission, que no ha respondido a la petición de comentarios de este diario. “Ahora sabemos quiénes son, quién está detrás, pero cuando me sucedió, fue antes de que supiéramos lo que estaban haciendo”, añade, subrayando que la ofensiva se ha sistematizado y agravado desde entonces. “No soy la única. Hay muchas personas que han sido blanco. Estoy trabajando para documentar [ataques] y hacérselo más fácil a otras personas a las que les sucede esto”.

Callen consiguió empleo en otra facultad y avanza en su doctorado. “Lo que ocurre da miedo, pero soy ciudadana [estadounidense], así que no estoy en la misma situación que otros. Y creo que depende de la gente que tiene privilegios como yo hablar de estas cosas para que quienes están en una situación más precaria no tengan que hacerlo. Y soy judía, por lo que también me siento muy afectada por el genocidio. Así que no creo que mi miedo sea más importante que la situación y la importancia de denunciar lo que está ocurriendo en Gaza”, concluye.

Impunidad y jactancia

Algo que define la actuación de todos cuantos se amparan en el doxxing para delatar a sospechosos es su completa impunidad, cuando no la vanagloria. Si la delación suele asociarse con la ocultación o el secreto de quien señala, con los que protagonizan esta ofensiva sucede lo contrario. Gregg Roman, director ejecutivo del Middle East Forum (MEF), admite que fue su organización la que identificó a Badar Khan Suri, ciudadano indio casado con una palestina, que estudiaba y daba clases en la Universidad de Georgetown, y que fue detenido a finales de mayo. Un artículo del MEF había expuesto poco antes su identidad y su presunto delito: su esposa es hija de un dirigente de Hamás ya fallecido.

“El proyecto Campus Watch [Observatorio del Campus] del Middle East Forum ha destacado al investigador de Georgetown como parte de nuestro esfuerzo por documentar a los académicos que, en nuestra opinión, encubren el extremismo y dan legitimidad a la retórica antiisraelí o pro-Hamás”, explica Roman. “Nuestro objetivo no es simplemente defender los intereses de EE UU, sino, en un sentido más amplio, mantener la integridad académica en los estudios sobre Oriente Próximo, defender las normas de la erudición y garantizar que no se promuevan ideologías extremistas en las aulas universitarias”, sostiene el responsable del MEF.

Ítem más, Roman adjunta en un correo electrónico un listado con los nombres de cinco académicos, alguno de ellos muy reputado, del ámbito de los estudios de Oriente Próximo como potenciales objetivos, y remite a la página web de la organización que acosó a Callen para un listado actualizado de señalados. “Nosotros las denominamos protestas pro-Hamás y anti-Israel, que describe con mayor precisión el sentimiento de sus participantes”, explica Roman. Esos individuos, subraya, tienen “vínculos con organizaciones y/o individuos terroristas y han demostrado ser apologistas de esas organizaciones/individuos y de sus acciones”. El mismo argumento que esgrime la Casa Blanca, que ha acusado, sin pruebas, a los detenidos de pertenecer a la órbita de Hamás o Hezbolá.

Kamola recuerda los estragos que esta campaña inquisitorial está teniendo en los campus: “La detención, deportación ilegal, cancelación de visados y denegación de entrada a estudiantes y profesores constituyen una amenaza existencial para la libertad académica”, dice, citando los conocidos casos del posgraduado de Columbia Mahmoud Khalil, hasta la fecha el ejemplo de mayor perfil político “y un angustioso precursor de lo que vendrá después”. La profesora de la Universidad de Brown Rasha Alawieh, “deportada, pese a una orden judicial que bloqueaba su expulsión”. O la doctoranda turca Rumeysa Ozturk, en la Universidad de Tufts, “secuestrada por funcionarios enmascarados”. Son algunos de los casos en los que Kamola ve “un mensaje claro de que la Administración utilizará toda la fuerza del Gobierno federal, sin controles ni contrapesos, para castigar a estudiantes y académicos a los que considera enemigos del Estado, a menudo debido a su discurso propalestino”.

Un coordinador de estudios de posgrado de una universidad que pide no identificar subraya lo difícil que resulta oponerse y aún menos revertir este estado de cosas. “Como estamos viendo, poco se puede hacer si alguien es detenido por sus opiniones sobre Palestina”, explica, apuntando que la presunción de inocencia ha sido también víctima en esta guerra incruenta. “Los acontecimientos actuales, como el doxxing, la terminación de los visados de estudiante y tarjetas verdes [residencia permanente] de los estudiantes y profesores, se han basado en las presiones ejercidas desde octubre de 2023 a través de grupos como Canary Mission”, lo que conduce, junto con la “fuerte escalada por parte del Gobierno federal, estatal y local, a un enfriamiento en la capacidad de los estudiantes y profesores para expresar sus opiniones sobre la cuestión de Palestina, así como la capacidad de los centros de investigación, departamentos, profesores y estudiantes para llevar a cabo investigaciones y organizar eventos públicos sobre Palestina por temor a represalias”.

El docente subraya que la mayor preocupación del centro al que pertenece es la seguridad de los estudiantes y profesores extranjeros: “Ahora tenemos que preocuparnos por su permanencia en el país o, si es el caso, por viajar al extranjero para visitar a la familia, asistir a conferencias o realizar investigaciones, ya que su reingreso puede ser difícil”.

Uno de los individuos que con más celo denunció las supuestas manifestaciones antisemitas en su campus —con tal ardor que la universidad le suspendió temporalmente, aunque se reincorporó poco después— es el profesor israelí de Columbia Shai Davidai. “Aunque no tengo absolutamente nada que ver con la posible deportación de estos estudiantes, me alivia un poco ver que se enfrentan a las consecuencias de sus actos. No obstante, debemos asegurarnos de que todos ellos tienen las debidas garantías procesales y pueden defenderse ante un juez. Dado que algunos de los casos, como el de Mahmoud Khalil, son claras violaciones de las condiciones para ser residente permanente en EE UU, estoy seguro de que acabarán siendo deportados”, explica Davidai en un intercambio de correos. Contra Khalil, que sigue internado en un centro de Luisiana y cuyo proceso de deportación ha sido bloqueado por un juez, las autoridades no han presentado cargos que sustancien la acusación de la Casa Blanca.

La Universidad de Columbia, el banco de pruebas de la cruzada republicana para suprimir todo discurso crítico con Israel, adoptó el mes pasado una política contra el doxxing y el acoso online, aunque no se aplicará con carácter retroactivo, lo que significa que los incidentes anteriores no serán denunciables. Para muchos es demasiado poco y demasiado tarde, porque, entre todas las cesiones a la Administración republicana que las universidades se están viendo obligadas a hacer para seguir recibiendo fondos figurará, puede que como nota a pie de página, no solo la muerte de la libertad académica, también el triunfo de la sospecha por encima de cualquier presunción de inocencia.