El fiscal pide siete años de prisión para Sarkozy por financiar su campaña de 2007 con dinero de Gadafi

La noticia no podía ser peor para el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, que desde el 7 de febrero pasea cabizbajo con un brazalete electrónico en el tobillo para estar siempre localizable por la justicia. La Fiscalía Nacional Financiera solicitó este jueves una pena de siete años de prisión y una multa de 300.000 euros contra el ex jefe de Estado, acusado de recibir financiación del régimen libio para su campaña presidencial de 2007. El ministerio público solicitó la condena del exmandatario por “corrupción”, “encubrimiento de malversación de fondos públicos”, “financiación ilegal de campaña” y “asociación ilícita”. Los fiscales describieron a Sarkozy como el “verdadero artífice” e “instigador” de un pacto de corrupción “inconcebible, inaudito e indecente” con el exdictador libio Muamar el Gadafi.

Sarkozy, que dejó el poder en 2012 y estos días se refugia en su casa, atraviesa el quinto proceso en cinco años. A pesar de la maraña judicial en la que vive inmerso y la última condena, el antiguo inquilino del Elíseo, de 69 años, mantiene una importante influencia política y económica en el país (en los últimos tiempos ha sido uno de los consejeros oficiosos de Macron, aunque no siempre le haya escuchado). Este juicio, sin embargo, es el que más le compromete. También será determinante para etender algunos elementos opacos de la reciente historia diplomática y militar de Francia. El inicio del proceso llega tras más de 10 años de investigación de los jueces de instrucción. Los indicios del caso están recogidos en 73 tomos y en un sumario de 557 páginas.

La Fiscalía Nacional también pidió penas de seis años de prisión y 100.000 euros de multa contra Claude Guéant, así como tres años de prisión y 150.000 euros de multa contra Brice Hortefeux, ambos exministros implicados en el caso. Asimismo, detallaron las “contrapartidas” diplomáticas, jurídicas y económicas que supuestamente se prometieron al régimen libio y señalaron que las “huellas” de dinero en efectivo en la campaña electoral victoriosa fortalecen el “conjunto de pruebas” del caso. Los fiscales también mencionaron las condenas previas. Desde el 7 de febrero, Sarkozy lleva un brazalete electrónico, tras ser sentenciado a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en el caso conocido como las escuchas. “Detrás de la imagen del hombre público, las investigaciones judiciales revelan la silueta de un hombre impulsado por una ambición personal desmedida, dispuesto a sacrificar en el altar del poder valores esenciales como la integridad, la honestidad y la rectitud”, declaró el martes uno de los tres fiscales del caso.

Sarkozy atraviesa un rosario judicial que le ha obligado a suspender sus apariciones públicas y su agenda como expresidente de la República. Su vida en el exterior de su domicilio —en la urbanización de lujo de Villa Montmorency, uno de los barrios más prestigiosos y seguros del distrito XVI de París donde viven celebridades y es poco habitual que sus vecinos lleven un brazalete electrónico—, transcurre discretamente. Nada de clubes de campo o viajes a las dos propiedades en el sur de Francia: el Château Faraghi y el Château d’Estoublon. El marido de la exmodelo y cantante Carla Bruni, que ha estado a su lado durante todo el proceso y sigue manifestándole su apoyo en público y en las redes sociales, ha pasado tres tardes a la semana durante los últimos cuatro meses en el tribunal de París, donde ha sido juzgado desde el 6 de enero.

El expresidente estaba condenado ya en firme por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Es la primera vez que un ex jefe de Estado se encuentra en unas circunstancias que, en realidad, si no fueran por el brazalete, sería la de la reclusión penitenciaria. La única buena noticia para Sarkozky es que a partir de los 70 años (los cumple el 28 de enero), podrá solicitar una libertad condicional, una medida que, sin embargo, no siempre se concede.

La acusación ha defendido en este proceso la existencia, a partir de 2005, de un “pacto de corrupción” entre Sarkozy y sus colaboradores con el régimen libio de Gadafi. Gracias a ese acuerdo, el entonces ministro del Interior supuestamente recibió dinero para propulsarse a la presidencia de Francia a cambio de restaurar la imagen del dictador, entonces en proceso de rehabilitación hacia Occidente. En julio de 2007, algunos meses después de su victoria electoral, el nuevo mandatario francés viaja a Trípoli. Cinco meses más tarde, el libio fue recibido con todos los honores en una controvertida visita a París, en la cual instaló su jaima en los jardines del Elíseo. Todo terminó cuatro años después, con las primaveras árabes de 2011. En febrero de ese año, Sarkozy afirmó que Gadafi debía “irse” y empujó para que se produjese la intervención militar que acabó con el derrocamiento y la muerte del líder.

Entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2012, el medio de investigación Mediapart publicó un documento oficial libio que indicaba que el régimen de Gadafi habría aprobado financiar la campaña de Sarkozy con 50 millones de euros. En 2011, el hijo del coronel, Saif Al Islam Gadafi, afirmó a la cadena Euronews que el presidente francés debía devolver a Trípoli el dinero que le envió el régimen para ayudarle a ganar las elecciones. La investigación judicial empezó en 2013.

Las acusaciones a las que se enfrenta Sarkozy podrían acarrearle una pena máxima de 10 años de prisión, 375.000 euros de multa y la privación de sus derechos cívicos. “Demostraré mi inocencia, tomará el tiempo que sea necesario, pero lo lograremos”, declaró el expresidente en una entrevista con Le Parisien publicada el jueves. Su defensa presentará sus alegatos el 8 de abril, en la última jornada del juicio.