Sin rastro de más de 60.000 personas en Ucrania, una prueba de fuego para un proceso de paz

De la decena de puntos que escribió Volodímir Zelenski en su fórmula para la paz, un papel que, si bien no está totalmente mojado, anda muy tocado tras los pasos de elefante dados por Donald Trump en su diálogo con Moscú, el cuarto es quizá uno de los más complejos. Decía el presidente ucranio, cuando lo presentó allá por noviembre de 2022, lo siguiente: todos los prisioneros ucranios, entre ellos también los civiles, retenidos en Rusia y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, incluida Crimea, deben ser liberados. Hay un primer obstáculo: no hay una cifra definitiva.

El pasado día 3, Artur Dobroserdov, comisionado para el Ministerio de Interior ucranio sobre los desaparecidos en el marco de la invasión rusa, cifró en 62.948 las personas registradas que busca su departamento. Entre ellos, civiles y militares; adultos y niños. Pero hay más obstáculos: se desconoce a ciencia cierta dónde están, si presos en suelo ucranio invadido o en la Federación de Rusia. Tampoco quiénes son sus guardianes y custodios.

Las cifras de los desaparecidos se mueven casi tanto como las trincheras. El punto de partida, sobre todo en el caso de los civiles, es el registro de sus nombres por parte de un familiar en una base de datos como la que maneja Dobroserdov. Pero no siempre hay alguien que eche de menos a la persona en paradero desconocido y, además, el acceso a tal registro no es sencillo. Lo reconoció este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que media —o lo intenta— entre las partes para garantizar el trato y regreso de los detenidos en el desarrollo de un conflicto.

La última cifra documentada por la Oficina de la Agencia Central de Búsquedas del CICR, que tiene su propia base de datos, es de unos 46.200 ciudadanos en paradero desconocido. “Es probable que se trate del mayor número de casos de personas desaparecidas del CICR en este momento en el mundo”, afirma a EL PAÍS Patrick Griffiths, portavoz del organismo en Ucrania. “Lo trágico es que es posiblemente la punta del iceberg”.

El español Mariano García Calatayud es uno de esos miles de civiles capturados por Rusia en zonas ocupadas de los que casi nada se sabe. Este valenciano de 76 años, casado con una ucrania, se mudó en 2014 a Jersón, en el sur del país, para trabajar en labores humanitarias. En marzo de 2022, García Calatayud fue detenido cerca de su casa tras participar en protestas contra la agresión rusa. Se supo, a través de la fiscalía militar de la Flota del Mar Negro de Rusia, que estuvo preso en Simferópol (Crimea). También, a través de algunos compañeros de prisión liberados, que sufrió torturas. En diciembre de 2023, las autoridades rusas comunicaron a su abogado que ya no se encontraba en Crimea y que desconocían su paradero.

Sea en un lugar u otro, es lo más parecido al limbo. Como en el caso de este valenciano, miles de civiles —arrestados en el inicio de la invasión en el centro, el sur y el este del país, o posteriormente en el territorio ocupado entre Járkov, Zaporiyia, Jersón y Donbás— ni son presos de guerra, ni son detenidos bajo acusación firme. Son, quizá, rehenes del conflicto.

Otra de las organizaciones ucranias que sigue el rastro de los desaparecidos es el Centro de Libertades Civiles (CLC), Premio Nobel de la Paz en 2022. Según los datos facilitados a este periódico por el CLC, en sus registros aparecen 16.000 civiles de los que nada se sabe desde que las tropas rusas llegaron a sus tierras. En muchos casos se desconoce siquiera si están vivos o muertos.

Una baza para Moscú

La Convención de Ginebra, aprobada en 1949 como base del derecho humanitario en una guerra, protege a los actores armados y no armados. En la práctica, Rusia cuenta en sus cárceles con militares (presos de guerra) y civiles ucranios detenidos en su ofensiva, mientras que Ucrania solo tiene soldados rusos en sus prisiones. La liberación de reos se hace uno por otro, uniformado por uniformado, por lo que los civiles se quedan fuera del canje. Una baza que Moscú aprovechará como carta para futuras negociaciones.

El pasado día 5, Ucrania rescató a 150 uniformados presos en calabozos custodiados por tropas rusas. Eran miembros de la Marina, de la Fuerza Aérea, de las Tropas Aerotransportadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza del Estado y de las Fuerzas de Defensa Territorial. Entre ellas había, también, un agente de policía. Moscú recuperó a otro 150 de los suyos cautivos en territorio ucranio. Con estos son más de 4.000 los miembros de las fuerzas de seguridad y ejército ucranios liberados por las autoridades rusas en estos tres años de conflicto.

Miles de niños

Pero si hay un grupo de ciudadanos en manos de Rusia que quiebra especialmente la psique de la sociedad ucrania es el que forman decenas de miles de niños. Las autoridades del país los consideran “secuestrados”. El pasado jueves, la agencia de noticias rusa TASS informó de que Moscú había entregado a Ucrania a ocho menores de edad gracias a la mediación de Qatar, país habitual en estas operaciones. Es una gota en un océano desolador.

Según las cifras que presentó el pasado diciembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU la asesora en repatriación de menores de la Oficina de la Presidencia ucrania, Daria Zarivna, tan solo 1.042 críos han podido regresar a sus hogares, una cifra ridícula a tenor del número total de menores en manos de las autoridades rusas que Kiev ha identificado, con nombres y apellidos: 20.000.

Pese a que Moscú lo niega, esta causa ha valido la única orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional en el marco de esta invasión contra el presidente ruso, Vladímir Putin. Junto a él, la corte pide el arresto de su comisionada para los Derechos de los Niños, María Lvova-Belov. Se les responsabiliza, presuntamente, de la deportación forzosa de menores ucranios. Estos niños, según la experiencia recabada por el Gabinete de Zelenski, son arrebatados a sus padres, a la fuerza o tras su fallecimiento, o aprehendidos en los orfanatos de territorios ocupados. El objetivo: naturalizarlos como ciudadanos rusos o darlos en adopción.

Seguir el rastro de estos menores hacia Rusia es una tarea ardua ante la falta de comunicación entre los dos países. Según una investigación reciente de la Escuela Pública de Salud de Yale, al menos 314 de estos niños han entrado en un programa elaborado por el Kremlin para su posible adopción por familias rusas. Otros 67 menores habrían recibido ya la ciudadanía rusa. Tanto este centro de estudios estadounidense como las autoridades ucranias creen que las cifras reales son mucho mayores.