Los hijos de madres solteras en Marruecos seguirán siendo parias sin acceso a la prueba de ADN del padre

“En Marruecos todo el mundo te mira mal cuando sabe que eres madre soltera”, musita Zineb (nombre ficticio), de 19 años, con una sonrisa casi infantil atenuada por el corrector dental metálico. Acaba de dar a luz hace poco más de un mes a un bebé del que cuida en el hogar de acogida de la asociación INSAF (Institución Nacional de Solidaridad con las Mujeres) en Casablanca, junto a una veintena de niños sin padre, nacidos de madres repudiadas por sus familiares. La reforma de la Mudawana o Código de Familia —presentada en diciembre al rey Mohamed VI y al Gobierno, y todavía pendiente de ser remitida al Parlamento—, no permitirá, como piden las organizaciones feministas, reclamar al progenitor biológico el apellido paterno ni el derecho del hijo a alimentos y a la herencia. El Consejo de Ulemas, máxima autoridad religiosa consultada por el monarca en su calidad de “comendador de los creyentes”, ha zanjado la cuestión al decretar que las pruebas de ADN para determinar la paternidad son “contrarias a la sharía (ley islámica)”.

“Un familiar que me alojaba en su casa y la propietaria de un piso que compartí después con otras chicas me echaron a la calle cuando vieron que mi vientre aumentaba de tamaño”, recuerda Zineb con tristeza sus tribulaciones en Casablanca, adonde se trasladó tras dejar su pueblo del interior del país para escapar de la presión social y las habladurías. “Pude seguir manteniéndome”, precisa, “gracias a que conservé mi trabajo en un restaurante porque llevaba ropa muy ancha que ocultaba mi embarazo”.

Pese a la falta de datos oficiales, las ONG que acogen a madres solteras estiman que cada año se registran unos 50.000 casos en Marruecos: un 7% de los nacimientos. Los orfanatos del Estado (con más de 30.000 ingresados, según la asociación Maroc Coeur) son el destino más habitual de sus hijos. Los abandonos de bebés en portales de viviendas o contenedores de basura se cuentan por decenas en grandes ciudades como Casablanca.

“Se lo dije a mi hermana, pero mi padre aún no sabe que ha sido abuelo. Tengo miedo de que se entere de que he tenido un hijo sin estar casada”, confiesa Zineb, que trata ahora de reorganizar su vida. Ha empezado a asistir a los talleres de formación laboral que ofrecen las instalaciones de la INSAF (confección, cocina o peluquería) mientras su hijo queda al cuidado de una guardería en el mismo centro.

“En 25 años de existencia hemos acogido a cerca de 15.000 mujeres. Ahora atendemos a un millar al año, pero hace falta mucha más ayuda social”, detalla Amina Jalid, de 58 años, secretaria general de la INSAF, en la sede de la asociación, un edificio que se alza entre bloques de viviendas de un barrio popular de la capital económica marroquí. “Lamentablemente, Marruecos no va a contar con un texto legal que obligue a un hombre a someterse a una prueba de ADN para determinar la paternidad. Los ulemas lo han vetado al alegar que se opone a la tradición religiosa y socava los fundamentos de la familia”, lamenta Jalid.

En contra de lo que ocurría hace décadas con los hijos “nacidos fuera del lecho conyugal”, cuentan ya con un apellido paterno (ficticio, aunque aprobado por la Administración) y documentos de identidad, pero Jalid advierte de que siguen siendo “niños estigmatizados en un país que aspira a la modernidad, y de que no van a tener los mismos derechos como ciudadanos en el futuro”.

Aunque sirva para demostrar la paternidad biológica, la prueba de ADN no garantiza en Marruecos la obtención de la filiación paterna a los hijos de madres solteras, en igualdad de derechos con los nacidos en el seno del matrimonio. El Gobierno ha anunciado tras la presentación de la reforma de la Mudawana que se va a asegurar la asistencia de los padres a los hijos, pero aún no ha concretado de qué forma.

En la conservadora justicia marroquí, los jueces rechazan las pruebas de ADN para reconocer la paternidad. El único precedente en sentido contrario data de 2017, cuando un tribunal de Tánger estableció un “lazo biológico” entre un hombre y una niña nacida fuera del matrimonio después de que se efectuara un estudio genético y le condenó a indemnizar a la pequeña con 100.000 dirhams (9.600 euros), el equivalente a 2,7 anualidades del salario mínimo marroquí. Los tribunales superiores, sin embargo, no tardaron en tumbar una resolución judicial que había sido celebrada como una avance por la sociedad civil.

La joven Zineb no ha tendido que recurrir a la prueba de ADN para que su hijo haya sido reconocido por el padre, de 21 años. “Tuvimos un noviazgo durante más de un año y me quedé embarazada la primera vez que mantuvimos relaciones sexuales; surgió de improviso y no tomamos precauciones…”, rememora. “Al principio me planteé criar el niño sola, pero él ha venido a visitarme y ha asumido la paternidad. También ha encontrado un trabajo fijo y vamos a casarnos”, asegura, “aunque nos quedaremos a vivir aquí, en Casablanca, ninguno de los dos queremos volver al pueblo”.

La responsable de Desarrollo Social de la INSAF, Saadi el Alaui, de 26 años, formada en universidades españolas, explica que la asociación se financia con subvenciones públicas de Marruecos y de la Unión Europea, así como con donaciones de ONG internacionales, como Oxfam o Manos Unidas. La INSAF se hace cargo de la madre desde antes del nacimiento durante al menos seis meses y asume los gastos que genera el hijo durante dos años, aunque sigue haciendo un seguimiento posterior.

Segunda reforma del Código de Familia

La segunda reforma de la Mudawana, tras la aprobada en 2004 al comienzo del reinado de Mohamed VI, trata de sortear los escollos de la aplicación de sharía como fuente legal, en contraposición a los derechos reconocidos en la Constitución de 2011 y los tratados internacionales que vinculan a Marruecos. Se mantiene la tradición coránica de la poligamia, pero se limita de hecho al autorizar que la mujer prohíba al marido en el contrato matrimonial casarse con una segunda esposa. En el caso de la sucesión hereditaria por agnación (que da preferencia al varón), los padres pueden acordar sucesiones en vida para impedir que tíos o primos priven a sus hijas de los bienes familiares.

Para el reconocimiento de los hijos de madres solteras, las soluciones jurídicas están aún por ver. Ministra de Familia entre 2007 y 2011 por el Partido del Progreso y el Socialismo, Nuzha Skali, de 73 años, se declara en contra de la exclusión del examen del ADN como prueba de paternidad. “Sirve como reconocimiento de derechos que protegen a los nacidos fuera del matrimonio recogidos en la Constitución, que declaran la igualdad de todos los hijos cualquiera que sea su filiación”, puntualiza. “Hay que esperar todavía a conocer el texto que presenta el Gobierno en el Parlamento tras el veto a las pruebas de ADN de los ulemas”, aclara esta veterana feminista, “pero que los padres se limiten a hacerse cargo económicamente de los hijos extramatrimoniales no es la solución. Es preciso reconocer su derecho a tener una familia”.

Amina Jalid, secretaria general de la INSAF, sostiene que “ser madre soltera en Marruecos, donde no hay políticas de control de la natalidad y el aborto está penalizado, supone una condena a sufrir una vida de discriminación”. “Cuando la familia se entera de que la hija está embarazada, la futura madre es expulsada sin contemplaciones de casa”, advierte, “y muchas se van con lo puesto y tienen que dormir en la calle o en las estaciones de tren o autobuses”. “La reforma anunciada y pendiente de aprobación por el Parlamento no es la que esperábamos”, concluye. “Necesitamos mucho más, incluido el derecho a la prueba de ADN”.

Paradojas de los exámenes genéticos

En Marruecos, la prueba de ADN es utilizada habitualmente en investigaciones policiales y judiciales. Puede servir para descubrir al autor de una violación, pero en ningún caso sirve para atribuir la paternidad legal. Se da la paradoja de que un mismo hombre puede recurrir al examen de muestras genéticas con el fin de descartar la paternidad sobre un hijo nacido dentro del matrimonio y rechazar el mismo método para verificar si es suyo el hijo de una mujer con la que ha tenido relaciones extramatrimoniales.

El artículo 32º de la Constitución marroquí obliga al Estado a garantizar “igualdad en la protección jurídica y la consideración social a todos los hijos, independientemente de su situación familiar”. El artículo 7º de la Convención relativa a los Derechos del Niño, ratificada por Marruecos, garantiza el derecho a tener apellidos y a que los hijos sean cuidados por sus padres.

Son varias las voces que en Marruecos contradicen el dictamen de los ulemas. El Consejo Económico y Social, una institución oficial, ha pedido expresamente que se reconozca el derecho a la prueba de ADN como “elemento científico para determinar la paternidad”.

La Alianza de Asociaciones en defensa de los Derechos de las Madres Solteras y de sus Hijos, de la que forma parte la INSAF junto a una decena de ONG, ha criticado en un comunicado difundido la semana pasada la decisión del Consejo de Ulemas por reflejar una percepción de las madres solteras como “pecadoras eternas”. “La negativa a integrar los exámenes genéticos como prueba de filiación constituye una negación de los derechos de los niños nacidos fuera del matrimonio”, refutan las ONG a los doctores de la sharía, al tiempo que reclaman que las pruebas de ADN sean obligatorias en caso de litigio.