Países Bajos retrasa la apertura del archivo digital de sospechosos de colaborar con los nazis para garantizar la privacidad

La apertura definitiva al público del archivo digitalizado de los expedientes penales de los sospechosos de colaborar con los nazis en Países Bajos durante la II Guerra Mundial ha chocado con la Autoridad de Datos Personales neerlandesa. Prevista para este 2 de enero, 80 años después del final de la contienda, contiene informes y fotos de 425.000 personas investigadas de ayudar a los nazis, de las que solo una pequeña parte fueron juzgadas. Son 30 millones de documentos, diarios y cartas, y para no violar la intimidad de los que pudieran estar vivos, protegida por ley, el acceso no podrá ser ilimitado. Por ahora, la versión digital se restringirá a familiares y otras personas que puedan presentar una solicitud razonada para ver los datos, y la consulta deberá realizarse en persona.

El Archivo Central para la Jurisdicción Especial (CABR, en sus siglas en neerlandés), que es el nombre oficial, está incluido en la sede del Archivo Nacional, en La Haya. Es un registro excepcional en Europa y lo que sí podrá hacerse a partir de este jueves es “consultar en su web, a través de una dirección específica, un listado de nombres para comprobar si estos cuentan con un expediente”, explican fuentes de la institución.

El CABR es considerado un “testigo silencioso del Holocausto”, según lo define el ministro de Educación, Cultura y Ciencia, Eppo Bruins, pero el retraso en la apertura en línea de la información que contiene muestra el eco social que un listado de esta índole, de sospechosos de colaboracionismo, sigue teniendo 80 años después de la guerra. En estos momentos, el ministerio prepara una enmienda legislativa para que el archivo aparezca en línea para todo el mundo. La solución actual “dista de ser ideal, pero este archivo tiene un valor incalculable para la investigación histórica, la memoria de la II Guerra Mundial y para los familiares”, ha declarado a la agencia neerlandesa de noticias, ANP.

“Con la digitalización, no solo podrá buscarse el nombre de una persona, ya fuera condenada o sospechosa”, ya que podrán cruzarse los datos y ver su relación “con otros ciudadanos y las víctimas a lo largo de todo el país”, explica al teléfono, el historiador Kees Ribbens. Especializado en la cultura de la memoria de la II Guerra Mundial, sostiene que la consulta digital “permitirá por primera vez a los familiares de las víctimas encontrar información sobre su destino gracias a las conexiones que pueden establecerse” a partir de los nombres de los sospechosos de denunciar, por ejemplo, a vecinos judíos. Al mismo tiempo, “existe el temor de que la gente busque por curiosidad el apellido de sus vecinos o de otros residentes en sus poblaciones”. “Y hay más de 400.000 personas en este archivo”, recuerda.

Los ficheros del CABR incluyen los nombres e historial judicial de 425.000 sospechosos. Esta condición podía darse por colaboracionismo o por haber pertenecido al Movimiento Nacional Socialista en Países Bajos (NSB, que funcionaba como una filial del partido nazi alemán), por traición y por alistarse en el Ejército alemán. Pero en los expedientes judiciales hay también cartas de exculpación y de los intentos de familiares y amigos de liberar a los sospechosos. La gran mayoría no llegó a ser inculpada en un proceso. “De la cifra total, 66.000 fueron juzgados, hubo 140 penas de muerte y 40 ejecuciones”, dicen portavoces del archivo. El resto de estos procesados recibieron penas de cárcel.

El proceso de digitalización continua ―el plan es que esté lista hacia 2027― y protege la identidad de los que no se tiene la prueba de su fallecimiento. A pesar del frenazo a su apertura total para todo el público, y de que no se podrán hacer copias o fotos y distribuirlas, se está creando una instalación temporal en la sala de lectura del Archivo Nacional que permitirá a familiares supervivientes e investigadores búsquedas en el entorno ya digitalizado. “La petición para poder entrar puede estar resuelta en el plazo de unas seis semanas”, indican las mismas fuentes del archivo. Además del acceso al expediente, se prepara un programa para facilitar la lectura de las cartas enviadas a la cárcel y “facilitar su traducción a otras lenguas”.

Los documentos son todos de índole legal y relativos a las investigaciones y a los juicios, y esta información se ha presentado en el contexto histórico de una guerra en la que también pudo haber acusaciones falsas, aclara Ribbens. “Es el problema de las fuentes, conocido por los historiadores, y hay que ser crítico con lo que pretenden decir”. “Dado el entorno digital, está bien que se haya contextualizado”, añade. Frente a la posibilidad actual de una consulta del expediente en papel, con la versión en línea se podrá ampliar la búsqueda de datos al entorno de los denunciados, “sus redes de contacto, origen social o trayectoria”. En su opinión, a medida que más gente acceda a este tipo de archivos, se “verá que la guerra está llena de grises”.

Ribbens dice que la contienda “se suele ver en blanco y negro, y hubo oportunismo, y no se puede excusar”. “Pero la ocupación fue compleja”. En este punto, recuerda un sondeo efectuado entre 2023 y 2024 por el Centro Nacional sobre Psicotrauma, acerca de si persisten los recelos para trabajar, hoy en día, con descendientes de miembros del NSB. “Una quinta parte de la sociedad no se siente cómoda con la idea de que los hijos de esos padres ocupen cargos públicos, como políticos o alcaldes”. Eso muestra la pervivencia del trauma de la guerra, “y que pasará más tiempo hasta que la sociedad en su conjunto sienta que ya no lo es tanto”, concluye.