El partido del presidente de Corea del Sur pide su “suspensión inmediata” por tratar de detener a políticos con su ley marcial

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tiene las horas contadas en el cargo. A medida que se conocen más detalles sobre su abortado plan de imponer la ley marcial, que incluía órdenes directas para detener y encarcelar a líderes políticos, va perdiendo adeptos incluso en las filas de su formación, el conservador PPP (Partido del Poder Popular). El apoyo sin fisuras de sus compañeros de filas era determinante para sobrevivir a la moción de destitución a la que tiene previsto enfrentarse en la Asamblea Nacional (el Parlamento). La cita estaba originalmente fijada para el sábado, pero podría incluso adelantarse a este viernes después de que Han Don-hoong, el líder del partido gobernante y uno de sus antiguos aliados, que hasta ahora había indicado que lo respaldaría, haya sugerido que lo dejará caer.

“Considerando los nuevos hechos revelados, hemos determinado que la suspensión inmediata de funciones del presidente Yoon Seok-yeol es necesaria para proteger a la República de Corea y a su pueblo”, ha asegurado Han, según ha recogido la agencia surcoreana Yonhap. También ha afirmado que, de seguir en el cargo, hay riesgo de que trate de imponer la ley marcial por segunda vez. Aunque no se ha pronunciado de forma explícita sobre la moción, sus palabras —ha precisado una fuente próxima citada por Yonhap— se interpretan como que el procedimiento de destitución puesto en marcha podría prosperar.

Los partidos de la oposición, impulsores de la moción contra el presidente, controlan hasta 192 de los 300 escaños, por lo que se necesitan al menos ocho votos de la formación gobernante para alcanzar la mayoría de dos tercios de la Cámara que permitiría sacar adelante el cese del jefe del Estado. Mientras se decide la fortuna del presidente, una nueva protesta, convocada en las calles que vierten a la Asamblea Nacional, ha reunido a miles de personas que reclaman la marcha de Yoon en la tarde noche de este viernes.

La jornada de este viernes en Seúl está siendo confusa, una maraña plagada de rumores y de giros inesperados de guion. A mediodía, se ha anunciado la visita del presidente al Parlamento después de que mantuviera una reunión con su partido. Una nube de periodistas ha estado aguardando en la entrada del edificio que alberga el poder legislativo. El recinto había sido acordonado por la policía y hasta la puerta llegaba el eco de los manifestantes que reclaman la caída del presidente. Dentro, un muro de diputados opositores esperaba con la intención de frenar el acceso de Yoon. ¿Entraría? ¿Qué haría una vez dentro? ¿Dimitir? ¿Pedir disculpas? ¿Tendría lugar la votación? Finalmente, el jefe del Estado ha dado marcha atrás y anunciado que no acudiría. Yoon sigue enrocado en un sorprendente silencio, sin dar explicación alguna.

“Como miembro de la Asamblea, lo veo como a un criminal, y no pretendo dejar que la visite”, cuenta a las puertas del Parlamento Chang Min Han, único diputado del Partido Socialdemócrata en la Cámara, después de que Yoon decidiera dar media vuelta. Chang explica que tratarán de derrocarlo en la votación prevista para el sábado y, si no sale adelante, propondrá otra moción para lograr su destitución. Él tiene previsto dormir en el Parlamento, algo que están haciendo todos los diputados de la oposición. Chang ve la situación inestable y cree que hay un riesgo de que algo pase. No dice qué. Pero quiere estar ahí por si acaso. Siente que dormir en la sede del poder legislativo es su deber para mantener la democracia. Fue uno de los 190 diputados que aprobó el miércoles de madrugada la moción que exigía el levantamiento de la ley marcial decretada horas antes por el presidente.

Rumores de otra intentona

Hasta el Parlamento han ido afluyendo también personas de toda la ciudad, e incluso de otras regiones del país, algunos alertados por los rumores de un segundo intento de imponer la ley marcial: su intención es estar ahí y tratar de impedirlo. Con la maleta aún en la mano, Kong Jin-won, de 20 años, acaba de llegar en autobús desde Daejeon, a unos 170 kilómetros de Seúl. Dice que está “preocupado” por los problemas en su país. “Quiero que Yoon se vaya, y que haya paz de nuevo”. En la zona también se ve algún seguidor del presidente, como una señora de 70 años que dice llamarse Joanne. Con una bandera surcoreana en la mano, exclama que el presidente debería haber aprobado la ley marcial antes, para controlar el poder.

De momento, sigue siendo una incógnita que sucederá y cuándo. Han, el líder del PPP, ha sido quien ha dado a entender este viernes que la postura del partido está mutando tras la revelación de “pruebas creíbles” de que Yoon, cuando impuso el martes de forma sorpresiva la ley marcial, tenía intención de detener a líderes políticos y encarcelarlos en la prisión de Gwacheon, al sur de Seúl.

En la alocución televisada en la que anunció la medida extrema, el presidente acusó a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. El decreto marcial, publicado poco después, estipulaba que quedaban prohibidas todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, y que cualquiera que contraviniera su articulado podría ser detenido sin orden judicial. Policías y militares fueron enviados de inmediato al Parlamento, pero políticos y ciudadanos lograron frenarlos antes de que entraran. Dentro, en una sesión convocada de urgencia, los 190 diputados votaban en contra de la ley marcial. Yoon la acabó retirando seis horas después de anunciarla.

Dentro del PPP todavía hay voces que defienden al presidente, y aseguran que pretenden evitar una transición caótica, como la que siguió a la moción que acabó con el mandato de la presidenta Park Geun-hye en 2016. Su caída hizo implosionar al partido conservador y abrió la llave a un presidente del Partido Democrático, la principal formación opositora.

La ironía de la historia es que fue precisamente el actual presidente Yoon, cuando ejercía como jefe de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, quien lideró el caso contra la presidenta Park, que en 2018 fue condenada a 24 años de prisión y al pago de una multa de 14 millones de euros tras ser declarada culpable de varios cargos de corrupción, abuso de poder y coerción. Hija de Park Chung-hee, el dictador militar que gobernó Corea del Sur con puño de hierro entre 1961 y 1979, la expresidenta fue indultada en 2021.

Amenaza de cárcel

De prosperar la moción, y la investigación policial por traición que ya ha sido abierta contra él, Yoon podría incluso acabar entre rejas, engordando la accidentada lista presidencial de Corea del Sur, un país con una sólida democracia desde la década de 1980, pero donde son frecuentes los casos de corrupción en las altas esferas, y los chispazos desestabilizadores.

La situación se ha ido polarizando en los últimos meses. Sin ir más lejos, Lee Jae-myung, el líder de la principal formación de la oposición, el Partido Democrático (PD), fue apuñalado en el cuello en enero durante una visita a la ciudad portuaria de Busán, en el sureste del país. Fue intervenido de urgencia, se recuperó pronto, y el PD ganó en abril las elecciones legislativas.

El previsible final del mandato de Yoon pondría fin a una presidencia tormentosa que arrancó en 2022 tras ganar a Lee por un estrechísimo margen, del 0,73%. En 2023, se enfrentó a intensas protestas cuando el Gobierno planteó una reforma laboral que aumentaría las horas de trabajo semanales hasta las 69, del máximo de 52 actuales. Tuvo que dar marcha atrás. Este año, las protestas las han protagonizado los médicos en prácticas del país, en huelga contra los planes del Gobierno de reformar el proceso de formación, permitiendo el ingreso de más estudiantes a las carreras de medicina. Los trabajadores de la sanidad denunciaron que podría afectar la calidad formativa y al servicio.

A esto se le han unido las controversias protagonizadas por la primera dama, Kim Keon-hee. A finales del año pasado salieron a la luz unas imágenes en las que se la veía aceptando como regalo un bolso de Christian Dior valorado en 2.200 dólares. El obsequio viola las leyes surcoreanas que prohíben tanto a funcionarios públicos como a sus cónyuges aceptar objetos valorados en más de 750 dólares. El presidente Yoon calificó el vídeo, que fue grabado con una cámara oculta, como una “maquinación política”. Previamente, Kim había sido acusada de falsificar su currículum ―lo que la llevó a pedir perdón públicamente―, de plagio académico y de manipulación de acciones bursátiles.

El lunes, un día antes de que decretara la ley marcial, el PD había logrado presentar mociones para destituir a miembros de la Fiscalía General del Estado por no enjuiciar a la esposa del presidente, pese a las sospechas de que manipuló activos bursátiles hace más de 10 años, así como al máximo responsable del órgano auditor de las cuentas estatales, Choe Jae-hae, por su negativa a facilitar documentos sobre un polémico y millonario traslado de la Oficina Presidencial en 2022.