El Constitucional de Rumania ordena un recuento del voto de las presidenciales ante las sospechas de fraude

El Tribunal Constitucional de Rumania (CCR, por sus siglas en rumano) ha ordenado este jueves que se recuenten los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo —en las que ganó por sorpresa un candidato prorruso y antisemita, sobre el que pesan acusaciones de financiación ilegal—, para descartar las sospechas de fraude. En un comunicado, el tribunal ha informado de que ha decidido, por unanimidad, volver a contar todos los votos, incluidos los válidos emitidos y los nulos. Por ahora, ha decidido posponer una posible anulación de los comicios solicitada por dos de los candidatos, informan medios rumanos.

El CCR había recibido dos peticiones de cancelación presentadas por Cristian Terhes y Sebastian Popescu, que acabaron noveno y decimosegundo, respectivamente. Una de ellas fue rechazada por haberse presentado fuera de plazo, de modo que los magistrados solo trataron la apelación de Terhes. El tribunal volverá a reunirse el viernes para debatir sobre la validación de las elecciones y la petición de anulación del resultado.

Un antiguo juez del tribunal, Petre Lazaroiu, afirmó que el recuento de las papeletas podría empezar entre el viernes y el sábado, horas antes de que el país se embarque el domingo en otras elecciones, esta vez legislativas. Estos comicios están llamados a ser cruciales por la lucha entre el bloque europeísta y el de extrema derecha, que simpatiza con Rusia y quiere volver a imponer ideas patrióticas y tradicionales como en las épocas de entre guerras, cuando Rumania abrazó el nazismo y el comunismo.

El recuento supone una decisión sin precedentes en Rumania. Se tendrían que volver a contar 9,4 millones de votos, de los cuales más de 2,1 millones se asignaron en el escrutinio a favor de Georgescu, que solo hizo campaña en la red social TikTok, atrayendo sobre todo a los jóvenes, un segmento de la población harto de los vaivenes de los gobernantes y la lentitud de crecimiento del país que apenas llega a los ciudadanos de a pie.

Además, los magistrados se han puesto en contacto con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (CSAT), que se reúne también este jueves para abordar la influencia de la red social en las elecciones, y la Oficina Central Electoral. Examinarán, además, cómo se financió la campaña, pero también si influyó en la decisión de los votantes.

En el caso de que se probara que ha habido financiación ilegal, Georgescu podría quedar eliminado en la carrera a la jefatura de Estado antes de su enfrentamiento ante Elena Lasconi, la candidata de centroderecha y proeuropea que también dio la sorpresa al quedar segunda.

El jefe de Estado saliente, Klaus Iohannis, se ha limitado a convocar una reunión para analizar la situación con los servicios secretos, que son al menos seis, ya que casi cada ministerio dispone de uno, mientras que el expresidente Traian Basescu (2004-2014) ha sido uno de los más críticos en los últimos días. “En Rumania todo es posible, está claro que las elecciones se han convertido en un asunto impredecible, lo cual es muy grave para la democracia. Las elecciones deben llevarse a cabo hasta el final, deberían seguir adelante”.

Basescu también considera un error la eliminación previa a los comicios de la eurodiputada ultraderechista Diana Sosoaca de la carrera electoral presidencial: “El CCR fue cómplice al eliminar a Diana Sosoaca, espero que no estemos haciendo de esto una práctica”, afirmó a Digi24.

Acusaciones de financiación ilegal

“El resultado de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 2024 se estableció tras un fraude cometido por el candidato independiente Calin Georgescu, que violó la Ley 334/2006 sobre la financiación de la campaña electoral (...), ocultó las fuentes de financiación, engañó al electorado a través de una campaña masiva en línea promocionándose a sí mismo como el hombre mesiánico que lucha con sus propias manos y con dinero de campaña CERO lei (moneda rumana) con todo el sistema político en Rumania”, señaló Popescu, del Partido Nueva Rumania, que pide a los jueces que invaliden el resultado electoral. “Se promocionó como el candidato correcto y honesto, bueno solo para ser votado por los rumanos, mientras defraudaba la ley electoral financiando ilegalmente toda la campaña, contando con el apoyo fuera de las fronteras del país, de entidades estatales con el objetivo de desestabilizar Rumania”, añadió.

Terhes, presidente del Partido Conservador Nacional Rumano, exigió la anulación alegando que los representantes de la Unión Salvar Rumania, que respalda a Lasconi, continuaron la campaña electoral después de que ya no fuera legal hacerlo y que hubo irregularidades en los votos emitidos. En cuanto a Georgescu, también tiene sospechas: “También vimos una serie de bots en internet que continuamente llamaban a la gente a ir a las urnas y votar con un determinado candidato, tanto antes de la votación, que está prohibido, como, especialmente, el día de la votación. Ahora bien, la diferencia entre él, que quedó en primer lugar, y el clasificado en segundo lugar es bastante grande; corresponde al CCR evaluar si la forma en que se llevó a cabo la respectiva campaña, lo cual no puede ser negado, ha influido o no en el resultado de las elecciones”.

“Nos encaminamos hacia una catástrofe si los jueces del CCR deciden anular la primera ronda y eliminar a Georgescu, sería un craso error. Lo martirizaría, lo convertiría en Jesucristo y generaría el riesgo de movilización ciudadana generalizada. Los partidarios de Georgescu ya lo han anunciado”, explica el analista político Dan Tapalaga.

“Cancelar las elecciones y posiblemente sacar a Georgescu de la competencia alimentaría las conspiraciones de todos los partidos soberanistas” y “antisistema a tres días de las elecciones parlamentarias. Unos días más tarde, en la votación, haría estallar a Rumania con consecuencias dramáticas”, prosigue antes de advertir de que los grandes partidos corren el riesgo de ser aplastados por un voto masivo de protesta. Y avisa de que “las manifestaciones organizadas por ambos bandos (anti y proeuropeo), podrían acarrear un riesgo real de graves disturbios sociales y, a su vez, de inestabilidad política y social”.