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El PP español vota en bloque con los populares europeos a favor de crear campos de deportación fuera de la UE

Von der Leyen insiste en Albania en que la Comisión analiza el modelo inaugurado por Italia de instalación de centros de expulsión, que puede servir de modelo comunitario

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Albania, Edi Rama, en Tirana, este miércoles.Foto: Florion Goga (REUTERS) | Vídeo: EPV
María R. Sahuquillo

El Partido Popular Europeo (PPE) avanza en su senda de acercamiento a la ultraderecha. Los conservadores han respaldado este miércoles en el Parlamento Europeo una resolución no vinculante que apoya la creación de campos de deportación para solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, como los que Italia ha creado en Albania, impulsados por su primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni. El PPE, que ya había avalado la idea en su congreso de Bucarest y la semana pasada antes de la cumbre de líderes europeos, insiste en la medida pese al varapalo que la justicia italiana ha dado al modelo Albania cuando apenas ha echado a andar. Los conservadores han votado casi en bloque, con lo que el Partido Popular español ha respaldado también la controvertida medida, pese a que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, evitó respaldar claramente el protocolo Meloni la semana pasada.

La resolución, que no ha superado el apoyo parlamentario y contra la que se han pronunciado socialistas, liberales y la izquierda, instaba también a endurecer la política migratoria, a financiar con fondos europeos “barreras físicas” en las fronteras de la UE y a aumentar el personal de la agencia europea de fronteras (Frontex).

La votación en Estrasburgo se ha producido poco antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitara Albania, país que estos días ha estado en el centro de la polémica por acoger los centros impulsados por Meloni. La Comisión no desecha la idea de explorar la creación de campos de expulsión de solicitantes de asilo fuera del territorio comunitario, una idea que baraja en el marco de la reformulación que prepara de las reglas de deportación. Von der Leyen ha insistido en Tirana que Bruselas observa cómo se desarrolla el proyecto.

Con el respaldo a la resolución sobre presupuestos este miércoles en Estrasburgo, el PPE vuelve a romper el cordón sanitario destinado a aislar a las fuerzas de ultraderecha. Los conservadores, liderados por Manfred Weber, habían pactado un texto sobre los presupuestos europeos de 2025 con los grupos moderados. A la vez, también se había aliado con los grupos de la extrema derecha para introducir varias enmiendas como la de los campos de deportación y la retirada de las ayudas a la agencia de la ONU para los refugiados.

Antes, la eurodiputada del Partido Popular Dolors Montserrat había cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su política migratoria. “El verdadero efecto llamada se llama Pedro Sánchez”, ha dicho la conservadora en un debate sobre inmigración en el que ha culpado al presidente del Gobierno español del aumento de llegadas de migrantes irregulares a través de la ruta canaria. “La inacción del Gobierno de Sánchez no solo pone en riesgo la seguridad de la Unión Europea, sino a los miles de migrantes usados por las mafias”, ha dicho.

El presidente español es uno de los pocos líderes europeos que se ha opuesto a los campos de internamiento como los impulsados en Albania. Este miércoles, también ha criticado duramente ese modelo Iratxe García, la presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. “Las deportaciones indiscriminadas son ilegales y representan la más indigna abdicación de los valores de la UE”, ha dicho durante el debate. “Es inaceptable arrodillarse ante la extrema derecha para bendecir un modelo migratorio que viola los derechos humanos”, ha insistido en el pleno en Estrasburgo.

Von der Leyen visita Albania

“Estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de este acuerdo, pero es un pacto bilateral, por lo que no comentaré sobre ello”, ha dicho Von der Leyen en una conferencia de prensa junto al primer ministro albanés, Edi Rama. La política alemana, que este miércoles inicia una ruta por los países de los Balcanes candidatos a ingresar en el club comunitario, ha dado un espaldarazo, además, a Albania en su senda europea, como uno de los alumnos más aventajados. Y ha negado que el acuerdo del pequeño país con Italia por el que Roma ha instalado allí dos campos de deportación le ayude a entrar en la UE.

En una carta a los líderes de los Veintisiete enviada la semana pasada como aperitivo a una cumbre que estuvo muy centrada en el debate migratorio, Von der Leyen remarcó que el modelo de Albania servirá para extraer “lecciones prácticas” a la hora de explorar el lanzamiento de estos campos de deportación a nivel europeo.

La idea suma activos en una Unión Europea cada vez más derechizada. Se enmarca en una de esas “soluciones innovadoras” para combatir la inmigración irregular de las que se habla en Bruselas como eufemismo para los campos de deportación y otras ideas de línea dura. El golpe de la justicia al proyecto de Meloni —que ha determinado que los migrantes, egipcios y bangladesíes, no podían quedarse en Albania alegando una reciente sentencia europea que reduce las nacionalidades que podrían encajar en este modelo— no ha acabado con la idea que tienen en otras capitales europeas de replicarlo, pero adaptado a la necesidad de cada país.

A medida que el debate sobre las llegadas irregulares se calienta, la Comisión Europea busca fórmulas para adelantar algunas partes del pacto migratorio acordado hace unos meses tras llevar años congelado. Este acuerdo debe estar operativo en junio de 2026, según ha explicado este miércoles la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, en un debate en el pleno en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Países como España, Francia y Alemania habían reclamado que se acelerase la aplicación de ese conjunto de normas, que endurece las condiciones para aceptar a los solicitantes de asilo en territorio comunitario. También establece que todos los Estados miembros deben repartirse en cuotas solidarias a quienes llegan o pagar 20.000 euros a una cesta común por cada refugiado rechazado. Sin embargo, el pacto se compone de decenas de normas y reglamentos y adelantar solo una parte de elementos que funcionan en conjunto es difícil y puede sobrecargar, por ejemplo, a los países de la primera línea de llegadas, según explican fuentes europeas.

Criticas al pacto con Túnez

La apuesta de la UE por la externalización de las responsabilidades en materia de inmigración cada vez es más amplia. Bruselas se plantea ahora cómo acercarse a países africanos como Malí o Senegal tras el aumento de llegadas de personas en situación irregular por la llamada ruta canaria. El modelo de pactos con países de salida o tránsito de enviar fondos a cambio de control de las fronteras avanza. Ya es la opción predilecta de todos los Estados miembros, pese a las críticas de organizaciones internacionales.

La defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, ha criticado en un informe a la Comisión Europea por no ser transparente en lo que respecta a la información sobre derechos humanos en la que se basó antes de firmar el acuerdo con Túnez, un pacto que incluye fondos de la UE para la gestión de fronteras. La defensora ha requerido, además, al Ejecutivo comunitario que establezca criterios explícitos para suspender la financiación de la UE.

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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.
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