La justicia rusa condena a ocho años de cárcel a una enfermera a la que atribuye haber criticado la matanza de Bucha
La anestesista Olga Menshij, que trabaja con heridos de guerra, ha criticado las consecuencias de la guerra pero niega haber escrito los mensajes por los que ha recibido la condena
Un tribunal de Moscú ha sentenciado este jueves a una enfermera de 59 años, Olga Menshij, a ocho años de prisión por su posición crítica frente al Gobierno ruso. La corte del distrito de Dorogomílovo ha declarado a la mujer culpable de publicar en su red social vKontakte sendos comentarios “falsos”, según las autoridades, contra el ejército ruso en torno a dos tragedias ucranias: la masacre de Bucha y un bombardeo en Vinnitsa en 2022. Menshij niega haber escrito los mensajes por los que ha sido juzgada y denuncia ser víctima de una persecución de sus compañeros por sus críticas a la guerra en el trabajo y sus visitas a la tumba del opositor Alexéi Navalni.
“Cuando pasa delante de ti el muñón de un joven, ¿saben qué se siente? Compasión”, ha manifestado Menshij en su última palabra ante los jueces, donde ha enfatizado que no es la única enfermera rusa que sufre por la invasión de Ucrania. “¡Maldita sea! En nuestro hospital hay gente cuyos maridos han sido enviados al frente; gente a la que traen sus hermanos lisiados y que están contra la guerra. ¿Se imaginan qué se dice en la cafetería del hospital y en sus salas?”.
Esta sanitaria fue arrestada el pasado abril en una imponente operación de las fuerzas de seguridad rusas. El Servicio Federal de Seguridad derribó la puerta de su casa y la esposó a una silla antes de llevársela detenida. Según la acusación, la enfermera publicó dos comentarios en los que “creó la apariencia de que las Fuerzas Armadas y órganos gubernamentales rusos violaban el derecho internacional con acciones ilegales”.
Menshij cumplirá 60 años en una celda el próximo mes de noviembre. Anestesista del hospital Pirogov, denuncia que ha sido víctima de un proceso penal por su participación en las manifestaciones contra la guerra y por sus diferencias con otros empleados del centro donde trabajaba. Menshij recordó durante su turno de palabra que un médico “que mató y mutiló a pacientes” fue apartado temporalmente por sus quejas.
La enfermera había sido arrestada brevemente al menos dos veces antes de la apertura de este caso penal. La primera vez el 25 de febrero de 2022, el día siguiente al inicio de la invasión de Ucrania, por participar en una protesta no autorizada por el Gobierno. La segunda, el 3 de septiembre del mismo año, durante el funeral por el expresidente Mijaíl Gorbachov, según señala la organización contra la represión rusa OVD-Info.
Según Menshij, su página de vKontakte —red social que pertenece al círculo del Kremlin— fue manipulada para fabricar pruebas en su contra. En su perfil solo tenía suscritos 14 familiares. Sin embargo, uno de los dos testigos llamados a juicio ha sido un ciudadano kazajo de 27 años residente en Rusia desde 2015, Alijan Kurmangaliev. Según relata el diario independiente Mediazona, este desconocido encontró los supuestos comentarios de Menshij “por accidente” y presuntamente hizo unas capturas de pantalla “porque socavaban los cimientos del sistema constitucional y quería observar el desarrollo de los acontecimientos”.
El abogado de Menshij solicitó saber por qué el perfil de Kurmangaliev tenía un nombre ruso, Alexéi Kurtsev, pero el tribunal desestimó la pregunta.
Otra testigo ha sido la jefa de las enfermeras del hospital, María Vershinina. “Nos llamaba vátniki —chaqueta acolchada en ruso, un insulto contra los ultranacionalistas—, fascistas, putinistas. Después de 2020 —año del envenenamiento que casi costó la vida a Navalni— se volvió una fanática, agresiva y, a menudo, criticaba a la dirección del hospital. Criticar está mal”, ha asegurado Vershinina.
La organización defensora de los derechos humanos Memorial ha declarado a Menshij “prisionera política” del régimen ruso. La ONG, proscrita por el Kremlin, ha denunciado que su detención “viola sus derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo”. Esta fundación, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, denuncia que la ley sobre la desacreditación del ejército ruso, promulgada por Putin tras fracasar su ofensiva inicial, “es inconstitucional”.
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