El servicio jurídico de la UE descarta medidas más rotundas contra Israel por los territorios ocupados

Un informe de los servicios jurídicos de la Unión Europea sobre el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que a finales de julio determinó que los asentamientos de Israel en Palestina “violan el derecho Internacional”, considera innecesarias medidas más rotundas contra Israel a cuenta de los colonos con base en ese pronunciamiento. El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) pidió el análisis a sus servicios legales para determinar cómo debían actuar la Unión y sus Estados miembros tras el dictamen del TIJ sobre los territorios ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este), que reclama que no se debe “prestar ayuda ni asistencia” para mantener la ocupación, en medio de llamadas crecientes a un embargo de armas sobre Israel y a los productos que comercializa procedentes de las zonas ocupadas y en un contexto de aumento de la violencia de las tropas de ocupación israelí en Cisjordania.

El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta que el dictamen de los jueces del tribunal de Naciones Unidas —que nace de un caso anterior a la guerra de Israel en Gaza tras los atentados de Hamás que van a cumplir un año— no es vinculante y que la postura que ahora mantiene la UE “se ajusta” al deber de las organizaciones internacionales de no reconocer como legal la ocupación y que, por tanto, y pese a todo, desde el punto de vista jurídico se puede seguir como hasta ahora.

“Será una cuestión de análisis político si conviene revisar la política de la UE en relación con la importación de productos procedentes de los asentamientos”, dice el documento, que se enviará a los Estados miembros para su análisis. La Unión ha impuesto sanciones a varios colonos violentos de Cisjordania y organizaciones. Pero como en todo lo relacionado con Israel, los socios están divididos sobre si ir más allá actuando no solo sobre los colonos sino sobre otras organizaciones paraguas vinculadas al Gobierno israelí o incluso más allá, ya que los colonos reciben el sostén del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu y del ejército. El alto representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, propuso en verano sancionar a dos ministros israelíes y otra organización vinculada con los colonos.

El nuevo documento del servicio jurídico de la UE aviva el debate sobre la postura europea ante Israel y sobre la laxitud de algunos países. Y lo hace en un momento particularmente delicado y caliente, cuando el ejército israelí ha atacado el sur del Líbano con bombardeos que asegura que están enfocados contra la milicia de Hezbolá, pero, como en el caso de la guerra contra Gaza, donde los muertos civiles se cuentan por decenas de miles, han causado decenas de víctimas entre la población general en los últimos días. La Unión teme que la escalada sobre el Líbano termine en una guerra total.

En julio, el representante de la UE para los derechos humanos envió a los Estados miembros un demoledor informe que daba cuenta de las múltiples violaciones de la legislación internacional humanitaria de Israel en Gaza y Cisjordania, y recordaba a las capitales la obligación de no asistir a quienes cometan esos abusos y de evitar exportar armas que contribuyan a ellos. Países como España e Irlanda, que además ha reconocido a Palestina como Estado, han reclamado a la Comisión Europea que revise el acuerdo comercial de asociación con Israel, debido a esas vulneraciones, pero el Ejecutivo comunitario no ha movido ficha y países como Austria o República Checa son extremadamente reticentes a tratar el tema.

En su última cumbre en verano, el Consejo Europeo habló sobre la posibilidad de poner sobre la mesa nuevas medidas restrictivas sobre los colonos en Cisjordania y condenó las decisiones del Gobierno israelí de seguir ampliando los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada.

En julio, el tribunal de la ONU concluyó no solo que las prácticas de Israel equivalen a la anexión y la ocupación y esto es ilegal, también determinó que las restricciones israelíes a los palestinos en los territorios ocupados constituyen “discriminación sistémica” y que el Estado judío ha explotado ilegalmente los recursos naturales de los palestinos y violado el derecho a la libre determinación. Con esos mimbres, los jueces aconsejan a los Estados que eviten cualquier acción que mantenga la situación actual.

De ahí, la petición de opinión a los servicios jurídicos de la UE. El informe destaca, sin embargo, que la UE mantiene desde hace tiempo una política de no reconocer ningún cambio en las fronteras de 1967 entre Israel y Cisjordania. También que se ha comprometido a trabajar en el marco de Naciones Unidas para lograr una solución equitativa de dos Estados al conflicto —lo que implica el establecimiento de un Estado palestino y, por tanto, el fin de la ocupación israelí del territorio palestino ocupado—. E indica que en cuanto a ayudar a mantener el estatus actual y asistir a Israel, la legislación de la UE exige que el etiquetado indique que los productos alimenticios son originarios de Cisjordania y de los asentamientos.