Los vecinos de Alemania se plantan ante el endurecimiento de los controles fronterizos

La decisión de Alemania de instalar controles en todas sus fronteras, que justifica en la presión migratoria y el riesgo de terrorismo islamista, ha enfurecido a algunos de sus vecinos. Donald Tusk, primer ministro polaco, tildó de “inaceptable” el cierre mientras Austria aseguró que no aceptará a los migrantes que rechace Alemania en sus fronteras. Países Bajos ha alertado de que la medida perjudicaría a los numerosos viajeros transfronterizos. Sacudida por el auge de la ultraderecha, la coalición alemana de socialdemócratas, verdes y liberales que encabeza el canciller Olaf Scholz aprovecha una excepción que permite el tratado de Schengen en casos excepcionales con el objetivo declarado de rechazar a los migrantes que no tengan derecho a entrar en el país.

Tusk, un político liberal conservador, ha anunciado que llamará a consultas urgentes a los países “afectados por las decisiones de Berlín” para debatir sobre medidas a escala de la Unión Europea. Alemania se encuentra en el centro de la UE y tiene fronteras terrestres a lo largo de casi 3.900 kilómetros con nueve Estados. El control de fronteras en un país clave para la movilidad de trabajadores transfronterizos y para las rutas europeas de transporte de mercancías supone un revés a la libre circulación, piedra angular del proceso de integración comunitaria.

Las rápidas reacciones de los países vecinos de Alemania demuestran lo políticamente explosiva que es la cuestión. El Gobierno austriaco anunció inmediatamente que no aceptaría a ningún migrante que Alemania rechazara. No hay “margen de maniobra”, dijo su ministro del Interior, Gerhard Karner, de los conservadores del ÖVP. Crece el temor a un efecto dominó. Austria, que celebra elecciones a final de mes con el partido populista de derechas FPÖ liderando las encuestas, podría en respuesta reforzar sus propios controles fronterizos y rechazar también a los refugiados.

Polonia, el principal vecino del este, ha anunciado que en las próximas horas iniciará “consultas urgentes” con el resto de países fronterizos con Alemania. Tusk ha calificado de “suspensión de facto a gran escala del espacio Schengen (el área de libre circulación de la UE)” el anuncio de Berlín de que introducirá controles en todas las fronteras. La medida, anunciada el lunes por la tarde, extiende a sus nueve vecinos los controles temporales que ya aplicaba con Polonia, República Checa y Suiza desde octubre de 2023, y a Austria desde 2015.

“Espero que, en el espíritu de la UE, la cálida presión de Polonia y otros países provoque una corrección en la política común frente a las amenazas derivadas de la inmigración ilegal”, afirmó este martes un Tusk con semblante serio en una conferencia ante los responsables de las delegaciones diplomáticas de Polonia.

Presiones políticas en Alemania

La oposición conservadora está sometiendo a Scholz, cuyo partido obtuvo sus peores resultados en las elecciones del pasado día 1 en los Estados orientales de Turingia y Sajonia, a una enorme presión para que endurezca las leyes migratorias y de asilo e impida la entrada de más refugiados. El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, había dado un ultimátum la semana pasada al Gobierno de coalición: o imponía rechazos en frontera, o su partido se levantaría de la mesa de negociación.

La decisión del lunes de extender los controles a todas las fronteras hizo que la CDU asistiera finalmente este martes a una cumbre sobre migración con el Gobierno y los 16 Estados federados. A la salida, sin embargo, los democristianos volvieron a atacar al Ejecutivo de coalición y dieron por terminadas las conversaciones. En su opinión, los controles fronterizos no son suficientes. Merz exige devoluciones inmediatas, es decir, que la policía de fronteras no deje pasar a ningún solicitante de asilo. Este cierre total de fronteras que plantea el líder de la oposición suscita muchas dudas legales porque va en contra de las normas de Dublín que rigen el derecho al asilo, vigentes en la Unión Europea.

“Es evidente que el Gobierno federal está desesperadamente dividido internamente y no puede ponerse de acuerdo sobre medidas eficaces”, aseguró Merz en la red social X. “El Gobierno de coalición está capitulando ante el reto de la inmigración irregular. Es incapaz de actuar y carece de liderazgo”, añadió. Los socialdemócratas del SPD insistieron en que las propuestas del partido democristiano no son “jurídicamente viables”. Y achacan a Merz no tener interés en llegar a un acuerdo antes del debate que mantendrá con Scholz en el Bundestag el miércoles.

La propuesta del Gobierno consistía en un modelo que permitiría devolver a los solicitantes de asilo en la frontera en los casos en los que estas personas ya hubieran sido registradas como solicitantes de asilo en otro país de la UE. Mediante un procedimiento acelerado, tras el control de la policía federal y la consulta en el fichero Eurodac (donde se comprueba si ya están registrados en otro Estado), se les devolvería rápidamente a esos países. Este sistema requeriría una rápida actuación de los juzgados en los Estados federados, que son los competentes para realizar las devoluciones, y una red de centros de internamiento cerca de los puntos calientes de las fronteras.

Los controles existentes en las fronteras con Polonia, República Checa, Austria y Suiza ya han supuesto la devolución de unas 30.000 personas desde octubre de 2023. Fueron rechazados si no llevaban documentos o los llevaban falsificados, sin visado o sin permiso de residencia válido.

La coalición de Gobierno trata de demostrar su capacidad de actuación en materia de política migratoria de cara a las elecciones regionales de Brandeburgo del 22 de septiembre, que pueden ser decisivas para el futuro político del canciller. El partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) aventaja claramente al SPD, encabezado en ese Estado que rodea Berlín por Dietmar Woidke. Los socialdemócratas gobiernan allí ininterrumpidamente desde la reunificación alemana.

Dudas sobre la capacidad de la policía

Mientras crece la discusión política, también lo hacen las dudas sobre la capacidad de la Policía Federal para realizar controles efectivos en todas las fronteras durante un periodo de tiempo prolongado. Los que se pusieron en marcha durante la Eurocopa de fútbol en junio y los Juegos Olímpicos de París en julio ya llevaron a la policía al límite de su capacidad.

“Política, legal y prácticamente no sería una buena respuesta al desafío de reducir la migración irregular”, opina Gerald Knaus, experto en migración, que añade que los controles fronterizos “significan el fin de Schengen”.

Los controles fronterizos son, en teoría, una excepción de último recurso a la norma general del tratado de Schengen. En la práctica, han resultado ser más comunes de lo previsto. La normativa los permite “en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, pero solo “en situaciones excepcionales” y respetando “el principio de proporcionalidad”. La excepción estaba pensada para eventos o situaciones puntuales, como celebraciones deportivas o cumbres políticas, pero actualmente ocho países de la UE tienen activos estos controles en alguna de sus fronteras apelando a la seguridad nacional o a la crisis migratoria.

Desde 2021, Polonia, junto con Lituania y Letonia, es objetivo de un ataques híbridos del régimen de Aleksandr Lukashenko para desestabilizar los confines de la UE. El Gobierno autoritario de Bielorrusia, cercano al Kremlin, facilita la llegada de migrantes a estos países, muchos de los cuales tienen como objetivo llegar a Alemania. Tanto el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia, hasta diciembre del año pasado, como la coalición liberal liderada por Tusk, han invertido fondos y recursos para controlar la frontera e impedir la entrada de inmigrantes, con métodos que en ocasiones vulneran los derechos humanos, como las devoluciones en caliente.

Varsovia “ha asumido una tarea muy difícil y Polonia lo está haciendo bien”, dijo Tusk en su intervención ante los diplomáticos. “No caemos en la trampa del populismo ni de las tendencias autoritarias, pero al mismo tiempo no sucumbimos al mito de que la democracia y los derechos humanos están reñidos con la política decisiva del Estado cuando se trata de defender la frontera y el territorio”, añadió. “Necesitamos el pleno apoyo de Alemania y de toda la UE para organizar, financiar y armar la frontera oriental, también en el contexto de la inmigración ilegal”, añadió el primer ministro.