Alemania endurece sus políticas de seguridad y asilo en respuesta al atentado yihadista de Solingen

El ataque con arma blanca en la ciudad de Solingen que dejó tres muertos el viernes pasado marcará un punto de inflexión en las políticas de seguridad y asilo de Alemania. La coalición que encabeza el socialdemócrata Olaf Scholz ha acordado endurecer las leyes sobre armas y migración en un intento de dar una respuesta rápida y contundente a un presunto atentado yihadista que ha conmocionado al país a escasos días de unas elecciones cruciales con la ultraderecha liderando las encuestas.

La oposición y buena parte de la ciudadanía exigían firmeza y medidas concretas, y eso es lo que les ha ofrecido el Ejecutivo apenas 24 horas después de que Friedrich Merz, el líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), reclamara en una rueda de prensa acción decidida contra la inmigración ilegal y más deportaciones. Las reformas legales se agrupan bajo lo que se ha denominado “paquete de seguridad”. Incluyen normas más estrictas sobre el porte de armas blancas en espacios públicos, más competencias para las fuerzas de seguridad y restricciones de las prestaciones a los refugiados.

“Tras el atentado terrorista de Solingen, extraemos las consecuencias necesarias con decisión: se facilitarán las deportaciones, se reforzará a las autoridades en la lucha contra el islamismo violento y se endurecerán aún más las leyes sobre armas. Todo esto está incluido en nuestro paquete de seguridad”, anunció el canciller, Olaf Scholz, en sus redes sociales este jueves por la tarde. La propuesta se debatirá con representantes de los Estados federados ―que son los encargados de ejecutar las deportaciones― y con miembros del mayor partido de la oposición, la CDU.

El aumento de los ataques con arma blanca en los últimos meses ya había generado un acalorado debate sobre la mejor manera de prevenirlos. La ministra del Interior, Nancy Faeser, había propuesto reducir de 12 a 6 centímetros la longitud máxima de la hoja de los cuchillos que pueden portarse en público. Este jueves, Faeser ha anunciado la prohibición absoluta de portar armas blancas en fiestas, acontecimientos deportivos, ferias y otros eventos concurridos. También se autorizará a los Estados federados a prohibir los cuchillos en “lugares con alta incidencia delictiva”, como las estaciones de tren, explicó en una rueda de prensa con el ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann.

El Gobierno alemán también quiere recortar las prestaciones públicas a determinados solicitantes de asilo. Por un lado, a los inmigrantes que solicitaron previamente protección en otro país, generalmente por el que entraron a la Unión Europea, y que haya aceptado readmitirlos. Faeser, socialdemócrata, precisó que “en Alemania, nadie morirá de hambre ni dormirá en la calle”, pero apuntó a que la medida puede resultar disuasoria y facilitar que estas personas sean devueltas a los países que según el convenio de Dublín deben encargarse de acogerles.

El segundo grupo de refugiados a los que se retirarán las ayudas sociales son los que regresan a sus países de origen “sin razones de peso”, apuntó Buschmann. Por ejemplo, los que van de vacaciones. Los ministros precisaron que la medida no afectará a los ucranios que visiten a sus parejas que estén en el servicio militar en su país.

El Gobierno está decidido a hacer más efectivo el sistema de deportaciones. El presunto asesino de Solingen tenía una orden de expulsión. Según el reglamento de Dublín, podría haber sido trasladado a Bulgaria el año pasado. El país balcánico había aceptado la solicitud alemana, pero la deportación no se llevó a cabo porque en el único intento que hicieron las autoridades no le localizaron. Buschmann calificó de “chocante” que la expulsión fracasara por ese motivo y prometió hacer lo posible para evitar más casos en el futuro.

Las competencias de la policía se verán ampliadas. “Para combatir a los islamistas necesitamos autoridades de seguridad fuertes con más poderes adicionales, especialmente en el mundo digital. En el futuro, los investigadores estarán autorizados a realizar comparaciones biométricas digitales ―el llamado reconocimiento facial― con fuentes de acceso público, es decir, en internet y en las redes sociales”, aseguró Faeser.

Nada más anunciarse el paquete de medidas han llegado las primeras críticas. Para la organización Pro Asyl, que atiende a refugiados en Alemania, propuestas como la retirada de las prestaciones a algunos solicitantes de asilo “son probablemente inconstitucionales”. “El Constitucional lo ha dicho claramente: las prestaciones sociales no deben recortarse ni reducirse arbitrariamente para generar supuestos efectos disuasorios”, dijo la organización a la agencia AFP.

La reacción del Gobierno se produce pocos días antes de las elecciones en dos Estados del este alemán, en los que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) encabeza las encuestas. El atentado de Solingen ha recrudecido un debate ya existente sobre las leyes de migración y asilo, lo que ha aumentado la presión sobre el Ejecutivo de Scholz para adoptar una postura más dura.

El canciller ha acogido con satisfacción una oferta del líder de la oposición para crear un grupo de trabajo sobre migración, pero ya ha rechazado algunas de las propuestas que hizo Merz el martes, como declarar la emergencia nacional o prohibir la entrada de sirios y afganos en Alemania. El paquete de seguridad presentado este jueves deberá votarse en las cámaras baja (Bundestag) y alta (Bundesrat) del Parlamento alemán.

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