Bangladés interrumpe las telecomunicaciones en plena ola de protestas contra una polémica norma de cuotas de empleo

Bangladés, el octavo país más poblado del mundo, ha interrumpido este viernes las conexiones de telecomunicaciones —incluidos los canales de noticias de televisión e internet, que funciona con alteraciones—, tras una semana de violentas protestas estudiantiles, que han causado al menos 50 muertos, según los datos de los hospitales citados por varias agencias de noticias. Las manifestaciones, que han bloqueado las calles de Daca, la capital del país asiático, se desencadenaron por la ira de los estudiantes ante la elevada tasa de paro juvenil y por la decisión del Tribunal Supremo de restablecer un sistema de cuotas que reserva el 30% de los empleos públicos a las familias de los combatientes en la guerra de independencia de Pakistán.

La violencia arrecia en 47 de los 64 distritos del país y más de un millar de personas han resultado heridas. Según varios medios regionales que citan fuentes anónimas, el Ejecutivo de la primera ministra, Sheikh Hasina, llamó al ejército a última hora del jueves para ayudar a mantener el orden. Las protestas también han abierto viejas y delicadas fisuras políticas, entre los que lucharon por la independencia de Bangladés de Pakistán en 1971 y los acusados de colaborar con Islamabad. Entre los primeros se encuentra el partido gobernante de Hasina, la Liga Awami, que tachó a los manifestantes de “razakar”, un término usado para describir a los colaboradores de esa época.

Las autoridades ya habían cortado el jueves algunos servicios de telefonía móvil para tratar de sofocar los disturbios, pero la interrupción se ha ampliado a todo el país desde la mañana de este viernes. Las llamadas telefónicas al extranjero están interrumpidas, mientras que los sitios web de varios periódicos locales no se han actualizado. Las redes sociales tampoco funcionan. Los canales de televisión, entre ellos la estatal BTV —cuyas oficinas fueron atacadas el jueves— dejaron de emitir su programación regular, aunque los canales de entretenimiento funcionaban con normalidad, según un testigo de Reuters. El Gobierno dijo estar dispuesto a mantener conversaciones con los manifestantes, pero estos se negaron, alegando, según sus palabras, que la violencia policial y el debate “no van de la mano”. Además, los sitios web oficiales del Banco Central, la Oficina de la Primera Ministra y la policía parecían haber sido hackeados, pues al acceder a ellos aparecían mensajes como: “Ya no es una protesta, ahora es una guerra” o “Preparaos. La lucha por la justicia ha comenzado”.

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado, a través de varios testimonios de manifestantes, que las protestas fueron pacíficas hasta el 15 de julio, cuando miembros de la Liga Chatra, grupo afiliado a la Liga Awami, comenzaron a atacarlos. “No teníamos nada en las manos, solo pancartas y banderas. Empezaron a arrojarnos ladrillos y luego barras de hierro... No distinguían entre hombres y mujeres. Dieron patadas a las mujeres en los pechos, en el estómago y en la cabeza”, decía un estudiante atacado en la Universidad de Daca. Otra alumna citada por la organización acusaba al Estado de “lanzar” a la Liga Chatra contra ellos. “Cada vez que nos manifestamos, ya sea en las protestas de 2018 o de este año, la utilizan como una fuerza para aplastarnos”.

Las protestas son las más numerosas y violentas desde la reelección de Hasina en enero de este año, para cumplir con un cuarto mandato consecutivo. Los manifestantes aseguran que la decisión del Tribunal Supremo de restablecer el sistema de cuotas, suspendido en 2018 por otras protestas multitudinarias, beneficia a los partidarios de la primera ministra. Hasina es hija de Sheikh Mujibur Rahman, considerado el fundador del Bangladés moderno y figura clave para la independencia del país de Pakistán en 1971.

Los campus universitarios han sido los principales escenarios de las protestas. Casi uno de cada cinco bangladesíes de entre 15 y 24 años está sin trabajo ni estudios, según las estadísticas oficiales de 2023. Los licenciados universitarios se enfrentan a tasas de paro más elevadas que otros jóvenes menos formados, y unos 650.000 licenciados se encuentran entre los más de dos millones de jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. Los licenciados estudian cada año para el examen de la función pública, para competir por los escasos puestos gubernamentales que prometen seguridad laboral, buenos ingresos y prestigio. En la convocatoria del año pasado, unos 346.000 candidatos compitieron por solo 3.300 puestos, según los medios locales.

“El contexto de las protestas por la reforma de las cuotas tiene que ver con la precariedad o inseguridad persistente sobre el empleo y los ingresos a la que se enfrentan los jóvenes”, afirma Rashed Al Mahmud Titumir, catedrático de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Daca y presidente del grupo de investigación económico Unnayan Onneshan. El experto señala que pese al buen dividendo demográfico de Bangladés —por su joven población, que constituye casi una quinta parte de los 170 millones de habitantes—, “la crisis del empleo es una pérdida enorme”.

Un gran número de mujeres se han unido a las manifestaciones. Las jóvenes se encuentran en una situación especialmente precaria en lo que respecta al acceso a la educación y al trabajo, pues las encuestas del Gobierno muestran que el 27% de las de entre 15 y 24 años no tienen acceso a la educación ni al trabajo, frente al 10% de los hombres jóvenes.

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