Israel fuerza la salida de decenas de cooperantes al poner trabas con los visados

Sin causar apenas ruido, las autoridades israelíes llevan ocho meses dificultando la labor de las ONG, al no expedir visados temporales de trabajo a cooperantes, ni renovar los existentes, desde que comenzó la guerra en Gaza. Decenas de extranjeros que trabajan para organizaciones no gubernamentales que centran su labor en Palestina han tenido que abandonar sus hogares, por lo general en Jerusalén, al caducar su visado. Israel también ha cambiado su política hacia las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, en medio de la mayor crisis en la región en décadas. Sus expatriados deben renovar ahora el visado cada dos meses como norma general. Joseph Kelly, director interino de la coalición que agrupa a 80 organizaciones humanitarias (AIDA), ve en las trabas “una mezcla de decisión política y de negligencia administrativa”, mientras que las autoridades israelíes insisten en que es tan solo un problema burocrático agravado por el contexto bélico.

La situación sume en la incertidumbre a cientos de empleados (principalmente occidentales) de las alrededor de 150 ONG internacionales que trabajan en los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este y que están registradas como organizaciones sin ánimo de lucro en el Ministerio de Bienestar y Asuntos Sociales de Israel. La gran mayoría trabaja con socios locales (contrapartes, en la jerga del sector) en Gaza (en ámbitos que han cobrado particular importancia, como la atención médica o la distribución de ayuda) o en Cisjordania, donde la población también necesita más ayuda.

Kelly cifra en torno a 50 los trabajadores humanitarios que han tenido que abandonar el país desde el inicio de la guerra. Desde entonces, la casuística varía, en función de las situaciones personales (de sus visados dependen también los de sus familiares) y de las normas internas de cada organización. Al caducar sus visados, unos 15 cooperantes han acabado trabajando en remoto, en ocasiones desde otras sedes regionales, como El Cairo o Amán, según el último sondeo de la situación efectuado por AIDA, del 30 de abril. “Está dañando nuestra capacidad porque Jerusalén es donde se toman muchas decisiones estratégicas”, precisa Kelly.

Otros van entrando y saliendo con visado de turista. Una decena se ha quedado ilegalmente, o sin tener clara su situación legal, con el consiguiente riesgo de ser deportado y que las autoridades les prohíban la entrada durante años. Y 16 han recibido una prórroga de entre tres y seis meses. Son, en todo caso, cifras parciales, porque solo respondió una parte de la ONG y hay otras decenas fuera de AIDA, explica Simone Manfredi, director de país de la fundación Terre des Hommes, con sede en Suiza, y miembro del comité ejecutivo de la coalición.

Más allá de lo personal, la medida tiene un impacto claro en la labor de las ONG, casi todas con programas en Gaza. Hasta 111 peticiones de nuevos visados siguen en un cajón a la espera de trámite. “Son sobre todo de los primeros tres o cuatro meses, luego casi se han dejado de pedir”, señala Manfredi. Se trata de visados de trabajo tanto para nuevos contratados en el exterior como para quienes cambian aquí de ONG.

Un 28% de las peticiones corresponden al puesto de director de país. Es el caso de Manfredi. “Esto significa que no podemos tener un poder notarial, ejercer representación legal, firmar contratos, abrir una cuenta de banco en Israel… Cosas fundamentales para operar”, enumera. “Es muy aleatorio. En las reuniones [con las autoridades israelíes] nos dicen que se está pensando en poner otro sistema interministerial, pero no hay nada por escrito. Es una zona gris que complica la situación personal y profesional. Yo siempre estoy a expensas de que un agente en la frontera sospeche de algo y no me deje entrar”.

La situación afecta a las ONG por distintos flancos. Uno es que 195 trabajadores palestinos de Cisjordania no están recibiendo permisos para entrar a Jerusalén. Otro que los técnicos de emergencia de las organizaciones con permiso para acceder a Gaza lo están haciendo a través de Jordania para ir directamente a la Franja. Sus compañeros sin visado israelí en regla carecen de garantías de regresar de Gaza.

“Y luego, por supuesto, está la capacidad de llegar a la gente”, recalca Manfredi. La labor de las ONG tiene una parte muy técnica ―gestión de proyectos, administración…― relativamente fácil de mantener a distancia, pero otra presencial (visitar proyectos en el terreno, identificar necesidades o reunirse con las administraciones o las contrapartes) que se resiente por la salida de decenas de cooperantes.

Indefensión

El abogado israelí Yotam Ben Hillel, que representa a varias de las ONG afectadas, critica la opacidad del sistema y ha pedido a la fiscal general del Estado, Gali Baharav Miara, que intervenga en el caso, sin obtener respuesta. “Interior habla de que ha hecho una prórroga, pero no la ha comunicado. No es un proceso transparente ni formal”, afirma.

La prórroga además solo se aplica a quienes ya estaban en el país, penalizando precisamente a las ONG que evacuaron a su personal (y a sus parejas e hijos) en los primeros meses del conflicto, por tener protocolos que velan más por la seguridad de su personal, así como a los cooperantes que estaban de vacaciones o no quisieron apurar los límites de su estadía legal. Ben Hillel critica además la “indefensión” que supone para un cooperante cruzar fronteras o vivir en Israel con un visado que aparece en el pasaporte como caducado, confiando en las garantías de Interior de que aparecerá en el sistema informático como prorrogado de forma extraordinaria.

Decenas de cooperantes han cancelado sus alquileres y empaquetado sus cosas para regresar a sus países. Este periódico ha hablado con seis afectados. Ninguno quiere ver su nombre publicado, por miedo a que las autoridades israelíes tomen represalias hacia ellos o sus ONG. Uno, por ejemplo, esperó una solución hasta el 8 de febrero. Ese día expiraba la prórroga de Interior para él y muchos otros que llevaban hasta medio año esperando en vano la carta para iniciar el proceso de renovación. Resignado, empaquetó sus pertenencias, avisó al casero y volvió a su país. Otro se acercó a la desesperada a Interior antes de dirigirse con las maletas al aeropuerto de Tel Aviv. Descubrió que disfrutaba de una prórroga de último minuto hasta julio que no le habían comunicado formalmente.

De hecho, como los territorios palestinos carecen de aeropuerto e Israel controla todos los puntos de salida, incluido el cruce entre Cisjordania y Jordania, uno de los principales temores de los cooperantes que siguen en la zona es abandonarla temporalmente ―para reuniones de trabajo, reencuentros familiares o vacaciones― y que el agente en la frontera desconozca la situación y les impida regresar, ni siquiera para poner fin al alquiler y recoger sus pertenencias. El visado de turista con el que operan algunos dura tres meses, pero puede quedar en unas pocas semanas en uno de los cruces de frontera.

De esos visados (B1) dependen también los de sus familiares directos, que reciben uno distinto (B2) que les permite residir temporalmente, pero no trabajar. Es el mismo que entregan las autoridades militares israelíes a los trabajadores de ONG en las ciudades de Cisjordania, como Ramala, Belén o Hebrón, bajo control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina.

Sin carta, no hay visado

El trámite ha tenido altibajos en el pasado, pero lleva años en pie y superó mejor la crisis del covid. Al llegar, los expatriados que trabajan para ONG registradas en Israel precisan gestionar un visado de trabajo. Y renovarlo cada año. En ambos casos, requieren una carta en la que el Ministerio de Bienestar y Asuntos Sociales lo solicita a Interior. Pero el primer ministerio, que ya comenzó el verano pasado a retrasar o ignorar las peticiones de carta, no ha expedido una sola desde octubre, cuando el ataque de Hamás desencadenó la invasión de Gaza. E Interior insiste en que, sin carta, no hay visado, generando un círculo vicioso.

Para los cooperantes con visado, pero sin carta para Interior, quedarse o no es hoy, sobre todo, cuestión de suerte. Si lo renovaron poco antes de la guerra (7 de octubre de 2023), tienen meses de margen. El resto se ha marchado, depende de las opacas prórrogas extraordinarias o trabaja con visado de turista.

Los dos ministerios implicados en el proceso se pasan la pelota. La Autoridad de Población y Migraciones, el organismo del Ministerio de Interior responsable de los visados, remite al ministerio que expide la carta. “Como regla general [los cooperantes] deben presentar una carta de recomendación del Ministerio de Bienestar y Asuntos Sociales. De momento, ha surgido la dificultad de encontrar lo requerido [sic], por lo que hay que ponerse en contacto con el Ministerio de Bienestar Social”, respondió por escrito a este diario. Además, subrayó que ha prorrogado de forma automática los visados tres meses, sin especificar hasta qué fecha. Sharona Mann, la portavoz del ministerio responsable de la carta, remitió a hablar con Interior y rehusó explicar por qué su ministerio ha dejado de entregar la misiva.

El personal expatriado de las agencias de Naciones Unidas sigue un procedimiento distinto, pero también padece un cambio en las políticas. Desde octubre, deben renovar por lo general el visado cada dos meses, en vez de cada año o medio año, explica la directora de Comunicaciones de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA), Juliette Touma. Es una decisión del Ministerio de Exteriores, que no ha respondido a repetidas peticiones de comentario que ha efectuado este diario desde abril. El pasado diciembre, el entonces ministro de Exteriores, Eli Cohen, anunció que no renovaría el visado de la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas, Lynn Hastings, acusándola de “parcialidad” hacia Hamás. Tuvo que abandonar el país.

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