El presidente de Madeira vuelve a ganar las elecciones regionales cuatro meses después de dimitir por corrupción

Miguel Albuquerque, el político que tuvo que dimitir el pasado enero como presidente regional de Madeira (Portugal) tras ser declarado arguido (sospechoso) en varios casos de corrupción investigados por la Fiscalía, ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas. Albuquerque, candidato del Partido Social Demócrata (centroderecha), recibió el 36,13% de los votos. Aunque retrocedió respecto a los anteriores comicios, su pérdida es leve. En 2023, en coalición con una formación conservadora minoritaria, alcanzó 23 escaños, mientras que ahora, que ha concurrido en solitario, ha logrado 19 y sus antiguos socios, dos.

Mantiene una gran distancia respecto al Partido Socialista, el segundo más votado con 21,32% y que no ha logrado capitalizar la crisis política desatada en el archipiélago. Los socialistas repiten con 11 diputados, aunque su líder, Paulo Cafofo, ha mostrado su voluntad de encabezar una alianza entre partidos de la oposición para desbancar a Albuquerque de la que solo excluye a la ultraderecha de Chega. Las elecciones han consagrado el ascenso de un partido regional, Juntos pelo Povo, convertido en tercera fuerza, y la derrota de la izquierda, ya que se quedan fuera el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués.

En enero, la Fiscalía desplegó una estruendosa operación en Madeira, que implicó el registro de 60 viviendas y oficinas, incluida la residencia del presidente regional Miguel Albuquerque, que fue declarado arguido junto a su antiguo vicepresidente, Pedro Calado, y dos empresarios de la construcción. Los hechos investigados, ocurridos desde 2015, el año en que Albuquerque accedió al cargo público, eran “susceptibles de constituir delitos de atentado contra el Estado de derecho, prevaricación, corrupción activa y pasiva, participación económica en negocio, abuso de poder y tráfico de influencias”.

Entre otras operaciones, el ministerio público investiga si el entonces presidente regional tenía participaciones en un fondo inmobiliario al que vendió un complejo turístico, la Quinta do Arco, por 3,5 millones de euros en 2017 y al que su Gobierno atribuyó un estatuto de utilidad turística poco después. También está bajo sospecha la concesión, por ajuste directo del Gobierno regional, de la explotación de la Zona Franca de Madeira al grupo Pestana, una decisión que ya ha sido cuestionada por Bruselas y el Tribunal de Cuentas de Portugal. La investigación de la Fiscalía fue desinflada en parte por un juzgado de instrucción, al igual que ocurrió en el caso Influencer, que llevó a la dimisión del primer ministro António Costa y a la caída del Gobierno.

Tras ser declarado arguido, Miguel Albuquerque dimitió al verse forzado por los grupos minoritarios de la oposición que apoyaban su ejecutivo y se convocaron elecciones anticipadas. Sin embargo, volvió a postularse para concurrir al cargo de presidente regional del PSD en las primarias celebradas en su partido, donde se impuso con el 54,3% de los votos a su rival, Manuel António Correia, que denunció la existencia de una persecución interna contra él.

Las decisiones de Albuquerque contrastaron con las del socialista António Costa, que había dimitido como primer ministro en noviembre cuando se anunció que sería investigado su papel en la aprobación de proyectos empresariales. Costa, hasta hoy, sigue sin ser declarado arguido. El único avance en su proceso es que la semana pasada declaró ante los investigadores del caso, pero mientras no se clarifique definitivamente su situación, está en la retaguardia de los cargos políticos.

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