Libertad para los nueve supervivientes acusados en Grecia del naufragio del pesquero ‘Adriana’

El tribunal de la ciudad de Kalamata (80.000 habitantes, en el sur de Grecia) ha retirado este martes todos los cargos que pesaban contra nueve supervivientes del naufragio del pesquero Adriana, acusados como responsables de la muerte de cientos de migrantes en el mar Jónico el pasado 14 de junio. Los jueces han aceptado la petición de la defensa en la que esgrimían que los hechos sucedieron fuera de la jurisdicción griega, en aguas internacionales. Los abogados defensores alegaron que el destino de esta embarcación —que ha sufrido una de las mayores tragedias del Mediterráneo— era Italia y que la bandera del pesquero no era griega, por lo que Grecia no tiene competencias para juzgar.

Los jueces acordaron interrogar a varios testigos y a los acusados, pero solo con el objeto de aclarar si su intención era recalar en Grecia, en algún puerto o en sus aguas territoriales. Tanto el capitán de los guardacostas como los acusados coincidieron en señalar que el barco había partido de Libia con destino a Italia. La fiscal, tras un receso, se adhirió a lo manifestado por las defensas y recordó que en aguas internacionales no rige la ley griega.

La sala de Kalamata, tras una breve deliberación, dio la razón a la defensa. En la sala estallaron gritos de alegría. Los policías presentes, que hasta entonces se habían mantenido impasibles, permitieron a los familiares abrazar a los acusados ―nueve egipcios de entre 21 y 41 años―, ya oficialmente libres de todos los cargos. Algunos agentes hasta aceptaron hacerse fotos con los familiares, que no podían contener las lágrimas de emoción.

El día había comenzado con un ambiente muy tenso. Decenas de personas concentradas para mostrar su solidaridad con los migrantes estaban rodeadas de un impresionante dispositivo policial. Una de las escuadras de antidisturbios realizó una carga minutos antes de comenzar la vista y detuvo a tres miembros del sindicato Pame (acrónimo en griego del Frente Militante de Todos los Trabajadores). En la sala de vistas, la presencia de decenas de agentes del OPKE (equivalente a los geos españoles) mostraba que este no era un juicio cualquiera.

La Fiscalía acusaba a los nueve hombres de ser los responsables del hundimiento del Adriana y pedía para cada uno de ellos varias cadenas perpetuas. El viejo pesquero yace desde el 14 de junio de 2023 en la fosa Calipso, uno de los puntos más profundos del Mediterráneo, junto a los cuerpos de unos 600 desaparecidos, de los que al menos un centenar eran mujeres y niños.

El destartalado barco había salido de Libia cinco días antes, superando de manera ostensible su capacidad de carga. En él viajaban hacinadas unas 750 personas: sirios, afganos, egipcios y paquistaníes. Hombres, mujeres —varias embarazadas—, adolescentes y niños que quedaron atrapados en la bodega de la embarcación sin posibilidad de salvarse. Solo se recuperaron 82 cadáveres y 104 hombres fueron rescatados con vida. Los acusados, y ahora absueltos, se encontraban entre ellos.

Todos los testigos estaban presentes, incluido el más importante tanto para la acusación como para las defensas: el capitán Miltiadis Zouridakis, que estaba al mando de la LS 920, la embarcación de los guardacostas que dirigió la operación de vigilancia del Adriana. Varias investigaciones basadas en testimonios de supervivientes apuntaron a una maniobra imprudente de los guardacostas que acudieron a la zona como la causa del naufragio.

En un receso de la vista, Zouridakis aseguró a EL PAÍS que él y sus hombres hicieron todo lo posible para salvar las vidas de los pasajeros del Adriana. Al preguntarle si ha leído el informe de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) donde se asegura que el objetivo de las autoridades helenas nunca fue prevenir el naufragio y que no movilizaron suficientes recursos para salvar las vidas de los migrantes, Zouridakis evadió la respuesta visiblemente nervioso. “Esta pregunta me sitúa en una posición muy incómoda”, indicó.

“La palabra culpable colgada en el cuello”

Sin embargo, el superviviente del naufragio Houssam Hassan rechazó con vehemencia que los guardacostas hicieran lo posible por salvarlos. Este joven egipcio, presente en el juicio en calidad de testigo, viajaba en el Adriana junto a su hermano, que era uno de los acusados. “Los guardacostas”, aseguró a este diario, “nos remolcaron de manera peligrosa hasta provocar el naufragio después de pasar 10 horas mirando sin hacer nada desde que les lanzamos la llamada de auxilio. Y, para colmo, ni siquiera lanzaron chalecos salvavidas al agua mientras nos hundíamos junto a ellos”. Hassan señala a Zouridakis y dice: “tiene la palabra culpable colgada del cuello, solo pienso en las almas de los cientos de niños, mujeres y hombres que murieron por su culpa”.

Hassan no entendía por qué detuvieron a su hermano cuando ambos habían pagado miles de dólares para embarcar en el Adriana. Afirmó que durante este largo año con su hermano en la cárcel, pensó muchas veces que preferiría ser él el detenido o estar los dos muertos. “Hoy [tras la absolución] es el primer día que me siento vivo desde el naufragio”, señaló con el semblante muy serio. Wahid Ahmed, hermano de otro de los detenidos, coincidía en que este año fue durísimo. “Mi hermano tiene a su cargo a una familia muy grande, por eso quería emigrar”. Pero Wahid sí sonreía y aseguraba que es la persona más feliz del mundo.

Por su parte, Vicky Aggelidou, abogada de dos de los acusados, calificó de valiente la decisión del tribunal, al aceptar el argumento esgrimido por la Defensa sobre su falta de jurisdicción. “Ahora es el momento de que los tribunales griegos encuentren y juzguen a los verdaderos culpables: los guardacostas”, concluyó. Spiros Galinos, miembro de la campaña de solidaridad con los acusados Free Pylos 9 se manifestó en la misma línea: “Hoy se hizo justicia para los nueve supervivientes, pero no para los cientos de personas que perdieron la vida en el Adriana. La Guardia Costera Helénica debe rendir cuentas por sus acciones ese día, así como por sus operaciones sistemáticas de devoluciones ilegales”, dijo al salir de los juzgados para concluir con un contundente: “Lo del Jónico fue un crimen de Estado”.

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