Comienza en Alemania el juicio contra el grupo ultra Reichsbürger por planear un golpe de Estado

El juicio contra el empresario alemán Heinrich XVIII Príncipe Reuss y otros ocho presuntos cabecillas acusados de pertenecer a una organización terrorista que planeaba asaltar el Parlamento alemán para dar un golpe de Estado, dio comienzo este martes en Fráncfort entre una gran expectación por conocer los posibles detalles de una trama que conmocionó al país.

Los nueve acusados mostraron desde el principio su repulsa al sistema judicial de un Estado que no reconocen, quedándose de pie ante sus asientos. De esta manera evitaron tener que levantarse cuando el presidente del tribunal, Jürgen Bonk, entró en la sala. Es un gesto conocido entre los acusados de terrorismo islamista para mostrar el rechazo a los tribunales sin que haya consecuencias.

El inicio del juicio refleja así la actitud de los presuntos cabecillas de un grupo formado principalmente por Reichsbürger (Ciudadanos del Reich) ―un movimiento que no acata la Constitución alemana―, acusados de querer derrocar el sistema democrático por la fuerza de las armas y nombrar a Heinrich Reuss como jefe de Estado provisional. Sus planes fueron desmantelados en una operación policial a gran escala llevada a cabo a principios de diciembre de 2022.

El acta de acusación leída por la Fiscalía indica que el grupo considera ilegítimo al Gobierno, entre otras cosas, por sus medidas contra la pandemia de coronavirus. Además, los Reichsbürger son seguidores de teorías de la conspiración, como aquella que cree que las élites matan niños para utilizar su sangre para rejuvenecer. Y están convencidos de que Alemania está gobernada por el llamado “Estado profundo”.

Asimismo, según la acusación, varios exmilitares que ahora se sientan en el banquillo intentaron en 2021 reclutar a generales del Ejército para su plan golpista. Solo cuando esta idea fracasó se estableció contacto con el Príncipe Reuss ―que de príncipe solo tiene el nombre, ya que la nobleza se abolió en Alemania en 1919 y con ella todos los títulos―, que se hizo cargo entonces de la planificación de un Gobierno de transición. De acuerdo con una serie de escuchas telefónicas, los líderes expresaban un odio desenfrenado hacia destacados políticos homosexuales y también mantenían un discurso antisemita.

“Todos los implicados eran conscientes de que un golpe solo sería posible por la fuerza de las armas y que habría víctimas”, afirmó la Fiscalía. Además, los acusados habían elaborado listas con datos de diputados, miembros del Gobierno, alcaldes e incluso presentadores de televisión. Los cargos contra los acusados incluyen pertenencia a organización terrorista e intento de subversión a traición, que implican penas de hasta 15 años de prisión.

La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, advirtió de que no se trata de “locos inofensivos, sino de peligrosos sospechosos de terrorismo”. “Nuestras autoridades de seguridad seguirán actuando con dureza hasta que hayamos desenmascarado y desmantelado por completo las estructuras militantes de los Reichsbürger. Nadie en esta escena extremista debe sentirse seguro”, declaró antes de que comenzara el juicio.

La defensa, por su parte, no dudó en arremeter contra el tribunal y presentó una avalancha de mociones, incluidos dos intentos para recusar al juez por parcialidad. “Es el mayor abuso de la administración de justicia alemana”, declaró el abogado Martin Schwab, uno de los 25 defensores en el gigantesco juicio, que es el segundo de una serie de procesos contra un total de 27 acusados que se celebrarán en paralelo en tres tribunales diferentes.

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