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“Hay que matarlos, no pueden venir aquí”: el drama de los linchamientos en Bolivia

Cuatro personas mueren asesinadas en cuestión de días en una serie de ataques colectivos. Muchos episodios de venganza y control comunitario de la justicia quedan impunes

Members of the Prosecutor's Office inspect the vehicle where three people accused of robbery and kidnapping were lynched in Ivirgarzama (Bolivia)
Elementos de la Fiscalía revisan el vehículo donde fueron linchadas tres personas acusadas de robo y secuestro en Ivirgarzama (Bolivia), el 8 de mayo.FGE

Tres hombres semidesnudos están amarrados a las gruesas palmeras de la plaza principal de Ivirgarzama, un pueblo de 30.000 habitantes ubicado en el Chapare, una de las zonas de plantaciones de coca de Bolivia. Una muchedumbre de hombres y mujeres los golpean e insultan. Les achacan ser responsables de los secuestros de niños que afectan a esta región desde hace tiempo. Decenas de personas miran desde los balcones de las casas que rodean la plaza.

La policía no aparece por el lugar, reducida horas antes en sus propias oficinas por la turba que sacó a los sospechosos de la cárcel y los llevó a golpes a la plaza, forzándolos a recorrer un trecho de rodillas. Tras horas de tortura, sobrevendrá el desenlace: uno de los hombres es rociado con gasolina y quemado vivo. Los otros dos son trasladados a las afueras del pueblo y asesinados a golpes. La multitud se dispersa. Un nuevo linchamiento se ha consumado en Bolivia.

Los muertos tenían antecedentes policiales. El 8 de mayo, trataron de robar la camioneta que una pareja ofrecía a la venta en una de las calles del pueblo. Maniataron a los propietarios, al parecer haciéndose pasar por policías, y los dejaron tirados en el suelo. Como no pudieron escapar con la camioneta, intentaron apoderarse de otro vehículo. Fueron descubiertos por los vecinos, que lograron detenerlos y llevarlos al módulo policial de Ivirgarzama, donde se los encerró. Un policía, rodeado de civiles, comenzó a rebuscar en el maletero del auto en el que los supuestos ladrones habían llegado al pueblo. Encontró un mandil blanco: al parecer, uno de los asesinados estudiaba medicina. También halló cuadernos de la escuela. En ese momento, la gente que lo rodeaba supuso que los detenidos eran los autores de los secuestros de niños que los últimos meses han trastornado al Chapare.

Gracias a la hoja de coca, el Chapare, donde el expresidente Evo Morales se forjó como líder sindical, es una de las zonas rurales más ricas del país, pero también la que tiene menos policías, apenas unos 25 efectivos viven allí, aunque la población asciende a 393.000 personas. Las razones de esta ausencia son, en parte, políticas. Los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) han replegado a la policía de esta región productora de materia prima del narcotráfico para permitir una auto-regulación comunitaria. Aunque la misma no incluye otros crímenes además del narco, esta ampliación se da en la práctica de forma ilegal.

En el vídeo de la inspección del auto sospechoso que circuló en los medios, una mujer exclama: “Hay que matarlos, no pueden venir aquí”. Así comenzó el linchamiento. Otros vídeos, grabados por los propios participantes, muestran a decenas de hombres dentro del módulo policial, sacando a patadas y golpes de puño a los detenidos, ante la mirada pasiva de los pocos policías que trabajan ahí. Luego llevarían a las víctimas, despojadas de sus camisas, a su final en la plaza.

El hecho fue condenado por el Gobierno, que mandó una comisión de fiscales a investigarlo. Tras su visita al lugar, los fiscales hablaron de un “pacto de silencio” que hasta ahora les ha impedido siquiera tener acusados, aunque los videos y fotografías podrían permitir identificar a muchos de los que se arrogaron el derecho a ajusticiar a los supuestos delincuentes.

Casi 200 casos en siete años

El linchamiento es una práctica frecuente en Bolivia, tanto por la debilidad de las instituciones de seguridad como por la cultura colectivista de la población. Un estudio contó 193 casos y 373 víctimas entre los años 2005 y 2011. La costumbre se mantiene incluso en las periferias de grandes ciudades como La Paz o Potosí, donde los inmigrantes del campo se han asentado. En estos barrios, unos muñecos de trapo colgados de los postes de luz advierten a los forasteros de que rige la pena de muerte. La mayor parte de las víctimas de las explosiones justicieras son forasteros. A la exaltación purificadora se suma la desconfianza ante los extraños.

En estos días está por estrenarse la película Tribus, del director Gory Patiño. El filme lleva a la pantalla la crónica del periodista Roberto Navia de un linchamiento acaecido el 2 de julio de 2013, también en Ivirgarzama. Entonces se quemó vivo a un sospechoso de robo y se golpeó a otros miembros de su familia, que sobrevivieron por poco. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción contra los perpetradores. Navia recuerda otros casos en los que sí hubo detenidos y esto causó problemas políticos, porque las comunidades involucradas protestaron contra las autoridades y exigieron la libertad de sus paisanos.

El 13 de mayo, apenas cinco días después de la tragedia de Ivirgarzama, otro linchamiento se dio no muy lejos de allí, en Tolata, también en la región de Cochabamba, en el centro del país. Una muchedumbre atrapó a dos ladrones, mató a uno y dejó gravísimo a otro de ellos. Las autoridades también prometieron que investigarían lo sucedido.

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