Bolivia encara un censo que amenaza con inflamar la polarización política

Contar la población de un país debiera ser una actividad técnica, pero en Bolivia es profundamente política. La razón es tan simple como contundente: la distribución de los recursos públicos depende de la cantidad de personas que habite cada municipio y departamento (región) del país. Por eso el censo de población y vivienda que se realizará este 23 de marzo ha provocado batallas retóricas, conflictos sociales y, en estos días, el retorno de muchas familias de origen campesino desde las ciudades hasta sus comunidades de origen. En medio del conflicto, el presidente Luis Arce aseguró que será “el mejor censo de la historia de Bolivia”.

La medición permitirá determinar cuánto ha avanzado la pérdida de los idiomas nativos, como el aymara, el quechua y el guaraní, que según el último censo, de 2012, hablaban 2,8 millones de los 10 millones de bolivianos registrados entonces. En ese momento, 3,2 millones de personas se autoidentificaron como indígenas. Ahora se sabrá si este porcentaje ha aumentado o disminuido, lo que tiene implicaciones políticas porque existe un movimiento de rechazo a la declaratoria del país como Estado Plurinacional, que se ha sostenido sobre el carácter fuertemente indígena de la población. Al mismo tiempo, la discriminación histórica desalienta a las personas a presentarse como indígenas.

En los días previos al censo, circularon instructivos para responder “no” a las preguntas sobre si el entrevistado es parte de un pueblo originario y habla lenguas nativas. Simultáneamente, un colectivo ha pedido que los aymaras no teman mostrarse como tales. Para la oposición, el cuestionario tiene sesgo porque no incluye la identidad “mestizo”. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha respondido que esa identidad no es útil para orientar las políticas públicas, que es lo que censo busca.

Varios municipios rurales de Chuquisaca, una región en el centro del país, han alquilado buses y organizado campeonatos deportivos y veladas artísticas con premios monetarios para estimular el retorno, durante el censo, de sus antiguos pobladores que migraron a las zonas urbanas, sobre todo a la dinámica Santa Cruz de la Sierra. Los campos empobrecidos de Chuquisaca forman parte de la “Bolivia vacía”, donde los niveles de emigración son alarmantes.

Las ciudades han contraatacado. Por ejemplo, Enrique Leaño, el alcalde de Sucre, la capital histórica del país, montó un “control vecinal” para detectar y sancionar con menos obras a los barrios en los que se observe “deserción” de habitantes. Es decir, en barrios que, en el momento del censo, los pobladores habituales se hayan marchado a otros sitios. El entrecruce de presiones emocionales y amenazas de sanciones de unos y otros ha puesto a muchas familias de origen indígena en aprietos. Algunas han optado por dividirse para cumplir con sus juntas vecinales, que les exigen permanecer en los centros urbanos, y simultáneamente no tener problemas con las autoridades de sus comunidades de origen, que les piden volver para censarse allí.

El origen de este problema se remonta a 1994, cuando una reforma de la organización del Estado definió que la bolsa de impuestos del país se repartiera a los gobiernos descentralizados de acuerdo a la población de cada territorio, un indicador que se creyó más objetivo y fácil de determinar que el de necesidades insatisfechas o pobreza. También depende del mismo criterio poblacional la distribución de los diputados, cuyo número es fijo. Por ambas razones, se espera que habrá conflictos cuando los resultados del censo sean conocidos hacia finales de este año.

Se anticipa que el crecimiento de la región agroindustrial de Santa Cruz hará perder recursos y diputaciones a varios departamentos montañosos del país, que son más pobres y se consideran expulsores crónicos de población. Un periódico cruceño tituló “Prevén que el censo confirme la potencia de Santa Cruz” y pronosticó que esta región tendrá cuatro diputados más y recibirá 80 millones de dólares adicionales.

Santa Cruz paró durante 36 días en 2022 para lograr que el censo se realizara en 2023, algo que al final no consiguió. Esta región disputa el liderazgo económico con La Paz, la capital administrativa del país, y es celosa defensora de su autonomía respecto al Gobierno central con sede allí. Este antagonismo histórico también se expresa políticamente: los gobernadores de Santa Cruz han sido opositores de los gobiernos izquierdistas de las últimas dos décadas. Los dirigentes cívicos de la región ha mostrado desconfianza sobre la transparencia del censo. Temen que este podría ser manipulado para disminuir el peso poblacional de Santa Cruz. Por eso organizaron, el año pasado, su propio “censo regional”, tras el cual afirmaron haber alcanzado la cifra de cuatro millones de habitantes. El Gobierno ha rechazado este resultado y denunciado que Santa Cruz no realizó un censo, sino una encuesta, un método inadecuado para cuantificar a una población.

Algunos analistas piensan que el seguro contraste que habrá entre la cifra que saque el censo, que probablemente será de 3,7 millones, y la cifra de cuatro millones de cruceños que defiende el movimiento cívico de esta región servirá para que este y la oposición política acusen a Arce de “montar un fraude”, con el objetivo de generar conflictos a su gestión. El presidente se curó en salud declarando que no se debía esperar “mayores sorpresas en el tema de la población”. Arce dijo que no creía que los bolivianos fueran muchos más que los proyectados por el INE: 12,3 millones. “Lo que va a ser interesante es ver la composición de esa población y sobre todo ver la calidad de vivienda y las necesidades que tienen”, explicó.

Para la realización del censo se movilizarán 845.000 voluntarios que aplicarán una boleta con 59 preguntas, 10 más que en el censo de 2012. Según el Gobierno, la cartografía que se ha preparado especialmente para este proceso ha sido la mejor que ha tenido el país hasta ahora, lo que garantiza que los resultados serán más precisos. Además de las cuestiones demográficas, se cuantificará las personas fallecidas por la covid y se relevarán las condiciones de habitación de todos los bolivianos.

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