Un tribunal británico frena la extradición de Assange y reclama a EE UU más garantías de un juicio justo

Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, han escuchado, al menos en parte, el clamor en defensa de la libertad de prensa y permitirán que Julian Assange pueda recurrir ante la justicia británica su orden de extradición a Estados Unidos si Washington no ofrece tres garantías extraordinarias.

El tribunal considera que Assange tiene base jurídica sólida para recurrir su extradición en tres aspectos determinados. El Gobierno de Estados Unidos, dice el fallo, debe asegurar que la libertad de expresión contemplada en la primera enmienda de su propia Constitución será protegida; que el editor australiano no sufrirá un juicio injusto por no tener nacionalidad estadounidense; y que no se acabará imponiendo la pena de muerte.

De este modo, los jueces han admitido tres de los nueve argumentos esgrimidos por el equipo legal del cofundador de Wikileaks en las vistas de mediados de febrero para detener su entrega.

Sharp y Johnson han otorgado tres semanas a los abogados que representan al Gobierno estadounidense para ofrecer esas garantías. Es decir, hasta el 16 de abril. De no hacerlo, Assange podrá seguir adelante con su recurso a la extradición, y una nueva vista sería fijada, provisionalmente, para el 20 de mayo.

Sin embargo, la sentencia rechaza las supuestas “motivaciones políticas” detrás de la petición de extradición que habían denunciado los abogados del preso. “Podemos asumir que el recurrente actuara movido por sus convicciones políticas, y que con sus actividades expusiera la implicación de gobiernos en delitos graves”, ha escrito la ponente, Victoria Sharp. “Pero eso no implica que la petición de extradición se fundamente en sus opiniones políticas”, ha añadido.

Una sentencia “sorprendente”

“Es una sentencia sorprendente”, ha dicho a su salida del tribunal Stella Assange, la esposa del exhacker. “El tribunal reconoce que se ha negado a Julian su derecho a la libertad de expresión, que se le discrimina por ser australiano y que sigue corriendo el riesgo de ser condenado a la pena de muerte”, señalaba. “Pero lo que han hecho los magistrados es invitar a Estados Unidos a que haya una intervención política y envíen una carta asegurando que todo está bien (it´s all ok, en su expresión en inglés)”, ha denunciado.

“Julian es un prisionero político y un periodista perseguido por exponer el verdadero coste de la guerra en vidas humanas […]. Es una señal para todos vosotros de que, si exponéis los verdaderos intereses que hay detrás de las guerras, irán a por vosotros y acabaréis en prisión”, decía la esposa de Assange a los periodistas concentrados ante el tribunal.

“La Administración [estadounidense] del presidente [Joe] Biden no debería presentar esas garantías que reclama el tribunal, sino retirar una acusación vergonzosa que nunca debió presentar”, ha reclamado Stella Assange.

La causa contra el cofundador de Wikileaks, que sigue encerrado en una prisión de máxima seguridad a las afueras de Londres, se prolongará de este modo al menos durante unas semanas más y su entrega quedará de momento paralizada. La esposa del editor australiano llegaba poco después de las diez de la mañana (11.00, en horario peninsular español) para recoger el texto de la sentencia.

Los miles de activistas, gobiernos e instituciones que habían expresado su apoyo al editor australiano y reclamado su puesta en libertad han respirado algo más tranquilos, aunque siguen denunciando la injusticia que supone mantenerlo encarcelado. Decenas de ellos se habían concentrado desde primera hora de este martes ante las puertas del tribunal, en Londres.

La decisión de dar luz verde a la extradición de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida. En manos de los magistrados Sharp y Johnson estaba conceder al editor de Wikileaks una última oportunidad de recurrir su entrega ante la justicia británica, como finalmente han decidido.

El Gobierno de EE UU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.

Causa por la libertad de prensa

El caso de Assange se ha convertido mundialmente en una causa a favor de la libertad de prensa. La presión de la campaña a favor de su liberación no estaba tanto dirigida hacia los jueces, que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y británico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecución.

Assange permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde hace casi cinco años. Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente, hasta el punto de que fue imposible que atendiera, ni siquiera a través de videoconferencia, las dos jornadas de la vista sobre su extradición que se celebraron en Londres a mediados de febrero. Cientos de activistas en apoyo del editor y de la libertad de prensa reclamaron frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia su puesta en libertad.

La mujer del preso más famoso de los últimos años, Stella Assange, ya señaló a EL PAÍS, en una entrevista horas después de que concluyera la vista en el tribunal, que la extradición a Estados Unidos era un riesgo para la vida del cofundador de Wikileaks. “Puede morir, porque podría acabar siendo condenado a la pena de muerte. El propio Gobierno británico ha admitido que es incapaz de garantizar que no lo vayan a matar”, señaló la abogada especializada en derechos humanos, que tiene dos hijos de cinco y seis años con Assange.

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