Dimite antes de su juicio por corrupción Wayne LaPierre, el hombre que encumbró a la Asociación Nacional del Rifle en EE UU

Para sus partidarios, Wayne LaPierre era un ardiente defensor de la libertad. Para sus detractores encarnaba los peores excesos de la influencia del sector de las armas de fuego en la política estadounidense. Este viernes, el líder de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), uno de los lobbies más poderosos en este país, ha anunciado su dimisión en vísperas de una vista judicial civil por presunta corrupción y alegando motivos de salud.

La renuncia de LaPierre, de 74 años, ha sido aceptada por el consejo de administración de la asociación y se hará efectiva el día 31 de este mes, según ha anunciado el grupo defensor del uso ciudadano de las armas de fuego. “Nunca dejaré de apoyar a la NRA y su lucha por defender la libertad de la Segunda Enmienda (el derecho de portar armas). Mi pasión por nuestra causa arde más intensamente que nunca”, ha sostenido en un comunicado el director ejecutivo saliente, que será reemplazado por el actual director de operaciones, Andrew Arulanandam.

La vista por corrupción en la NRA comenzará el próximo lunes en Nueva York según estaba previsto. Allí, y tras una investigación de tres años concluida en 2020, la fiscal Laetitia James acusa al dirigente dimitido de apropiarse de millones de dólares de las cuentas del grupo de presión para su uso personal, incluidos vuelos en aviones privados, trajes de alta costura y otros productos de lujo.

“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que nadie la supervisó durante décadas, mientras altos ejecutivos desviaban millones de dólares hacia sus propios bolsillos”, aseguraba James al presentar cargos. “La NRA está repleta de fraude y abuso, que es por lo que buscamos disolverla, porque ninguna organización está por encima de la ley”.

LaPierre había llegado en 1991 a lo más alto de la organización, a la que había convertido en una herramienta de presión en favor de leyes favorables al uso de armas de fuego, con capacidad para movilizar a millones de personas en defensa de la libertad de portar armas, pese al aumento incesante de tiroteos y víctimas en las últimas tres décadas. Solo en 2023 se registraron 656 incidentes —casi dos diarios— en los que al menos cuatro personas quedaron heridas, según el recuento de la ONG Gun Violence Archive. Casi 19.000 personas han perdido la vida en ellos.

Bajo su mandato, el aval del grupo se convirtió en algo deseado por los aspirantes a cargos políticos, especialmente en el Partido Republicano. Contar con la calificación “A”, o “excelente”, de la organización podía marcar la diferencia para que un candidato resultara elegido o fracasara. Pero pese a su estrecha relación con el mundo político, su narrativa pública insistía en un mensaje populista, que las elites en el poder buscaban desarmar y poner en peligro a los ciudadanos de a pie. “No les gusta que la gente que les limpia sus suelos, limpia su ropa y les sirve la comida tengan la misma protección que sus guardaespaldas armados”, aseguraba uno de sus anuncios en la campaña electoral de 2016.

Su influencia se disparó a partir del inicio del siglo XXI. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 desataron la venta de armamento en Estados Unidos, especialmente de las armas de asalto que habían estado prohibidas durante la era de Bill Clinton y cuyo veto es impensable en los Estados Unidos de hoy día. Una tendencia que se incrementó durante el mandato de Barack Obama (2009-2017): para 2014, cada propietario de armas poseía una media de ocho ejemplares. En el país había más rifles y revólveres que personas: 400 millones de los primeros y 330 millones de las segundas. “Lo único que detiene a un malo armado es un bueno armado”, proclamaba la asociación, aunque los datos la contradijeran: un estudio del FBI encontraba que de 160 incidentes con armas de fuego entre 2000 y 2013 solo en uno, en 2008, un “buen ciudadano armado” logró detener un tiroteo.

La inversión publicitaria de la organización en 2016 representó un importante espaldarazo para la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, que como candidato multiplicó sus esfuerzos en presentarse como un entusiasta defensor del derecho a portar armas.

Tiroteos del calibre como el perpetrado en la escuela de educación primaria Sandy Hook en diciembre de 2012, en donde murieron veinte niños y seis adultos, o en la escuela de enseñanza secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, en donde murieron 17 personas y otras 17 quedaron heridas en febrero de 2018 asestaron un duro golpe a la reputación del lobby.

Para finales de 2018, los Estados habían aprobado tres veces más medidas de control de las armas de fuego que en 2017. En las elecciones de medio mandato de aquel año, los grupos defensores del control de esas armas habían invertido más dinero en publicidad que la NRA, y forzaron la derrota de al menos ocho candidatos electorales a los que la asociación apoyaba con su deseada calificación A. En 2022, republicanos y demócratas llegaban a un acuerdo para sacar adelante un proyecto de ley que imponía ciertas limitaciones al acceso y tenencia de armas.

Desde los momentos de mayor auge, cuando contaba con cerca de seis millones de miembros en 2017, el grupo no ha dejado de perder socios y hoy cuenta en sus listados con 4,2 millones. Sus ingresos han caído un 44% desde 2016, mientras se han disparado sus gastos legales.

Su pérdida de prestigio entre parte de la sociedad estadounidense se desarrolló en paralelo con peleas internas sobre acusaciones de corrupción y gestión fraudulenta, que llamaron lo suficiente la atención a James como para abrir una investigación sobre la asociación. Entre otras cosas, documentos fiscales filtrados mostraban que LaPierre pasó a la NRA facturas por 275.000 dólares (unos 260.000 euros) gastados en una boutique de lujo en Beverly Hills, y de cerca de 250.000 dólares en vuelos personales a las Bahamas e Italia.

“El final de la era de Wayne LaPierre al frente de la NRA es una importante victoria en nuestro caso”, ha comentado la fiscal en redes sociales tras conocerse la dimisión del acusado. “La renuncia de LaPierre reivindica nuestras acusaciones contra él, pero no le protegerá de tener que rendir cuentas. Deseamos que llegue el momento de presentar nuestro caso ante los tribunales”.

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