Navidad en el Capitolio: Ucrania y la frontera tendrán que esperar

Congresistas y senadores estadounidenses han vuelto a casa por Navidad. Atrás, en el Capitolio, han quedado aparcados hasta 2024 dos de los asuntos más urgentes en Washington: la adopción de medidas para hacer frente a la crisis migratoria y la ayuda a Ucrania para su defensa de la agresión rusa.

La Cámara de Representantes bajó la persiana el 14 de diciembre. Los senadores, con las ausencias de quienes prefirieron adelantar sus días de descanso, alargaron sus jornadas de trabajo hasta el 20, entre las esperanzas de los líderes de ambos partidos, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell, de cerrar un acuerdo in extremis. No pudo ser. Los dos asuntos, además, están ligados. Los republicanos no quieren abrir el grifo a Kiev si no es a cambio de compromisos de aumento del control de la frontera.

El presidente, Joe Biden, ha propuesto un paquete de 110.000 millones de dólares (100 mil millones de euros) de asistencia militar a Ucrania e Israel, mientras el Pentágono advierte de que sus fondos para ese fin se están agotando mientras, al inicio del tercer invierno de la guerra, las tropas rusas avanzan en el frente oriental. Entre tanto, Biden firmó el viernes una orden ejecutiva que amenaza con sanciones a las instituciones financieras extranjeras que ayuden a Moscú a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados y otorga a Washington la capacidad de ampliar las prohibiciones de importación de ciertos productos, como el marisco y los diamantes. Además, según The New York Times, la Administración de Biden está trabajando para confiscar más de 300.000 millones de dólares en activos del banco central ruso ocultos en instituciones financieras occidentales para destinarlos a apoyar los esfuerzos bélicos de Ucrania.

Las negociaciones sobre ambos temas siguieron hasta el miércoles pasado su curso en el Senado, un curso “esperanzador”, según Schumer, pero no tanto como para ofrecer al pueblo estadounidense una prueba de entendimiento entre partidos en la misma semana en la que volvieron a las primeras planas de los diarios las imágenes de miles de personas esperando a la intemperie en el paso de Eagle Pass (Texas) a ser procesados por agentes de inmigración. Y en la que Texas, cuyo gobernador, el duro Greg Abbott, ha aprobado algunas de las leyes más severas del país, comenzó a enviar vuelos con migrantes a ciudades como Chicago, una nueva vuelta de tuerca a su programa de expulsarlos a bordo de autobuses rumbo a bastiones demócratas como Washington o Nueva York.

Tal vez Schumer pecó de ingenuo al creer que podría convencer a sus contrarios en el tiempo de descuento y en uno de los temas que más enfrenta a las dos Américas. Los republicanos, embarcados en plena carrera por la designación de su candidato para las elecciones de noviembre, saben que la migración es una de sus mejores armas contra Bien, aspirante demócrata, en el año electoral que empieza.

La retórica de Trump

Estos días serán recordados también por las palabras de Donald Trump, de sobra el mejor colocado en las encuestas para ser el contrincante del presidente. En un mitin en Nuevo Hampshire, uno de los primeros Estados en votar en las primarias, Trump elevó (si cabe) su retórica antiinmigración, prometiendo “la mayor deportación de inmigrantes sin papeles de la historia” si vuelve a la Casa Blanca y diciendo que estos vienen a Estados Unidos “a envenenar la sangre del país”, frase que le valió críticas por su eco con el manifiesto de Adolf Hitler, Mi lucha (el expresidente dijo después que no había leído al Führer, pero no renunció a seguir usando la venenosa imagen).

Si Trump ahonda en esa retórica, lo hace a sabiendas de que el descontento no solo proviene de los extremos. El 62% de los estadounidenses desaprueba la gestión de su Administración en la materia, según una media de sondeos recientes hecha por Real Clear Politics. El año fiscal de 2023 (que va hasta septiembre, desde el octubre anterior) dejó más de 3,2 millones de “encuentros”, eufemismo que esconde el número de detenciones de inmigrantes de los agentes de la Patrulla Fronteriza. El número ha pulverizado todos los registros de años anteriores; también el de 2022, que rompió todos los récords con 2,7 millones de aprehensiones.

La Administración de Biden ha dado un giro a la derecha en la materia, que quedó claro en octubre, cuando el presidente dio luz verde a reforzar el muro de la frontera, pese a que llegó a la Casa Blanca con la promesa de abandonar una de los proyectos estrellas de Trump. A principios de diciembre, Biden anunció que estaba dispuesto a “hacer compromisos significativos” en su política fronteriza con tal de ver desbloqueada la ayuda a Ucrania.

La Casa Blanca, en una negociación liderada por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior de Biden, está dispuesta a modificar pilares importantes de la política migratoria, como el asilo. El Gobierno ofreció limitar la concesión de ese estatus a 5.000 personas diarias. Esta semana, los números han llegado hasta las 10.000. La mayoría de los llegados a la frontera se acogen a esa figura, que les permite vivir en el país mientras un juez de inmigración estudia su caso, algo que puede tomar incluso varios años por la saturación del sistema. Los republicanos proponen elevar las exigencias para que los inmigrantes se queden al final de un proceso que comienza con una entrevista para acreditar un “peligro creíble” de volver a sus países. Quienes no superen esta prueba serían devueltos de inmediato. También se baraja la posibilidad de equipar a los solicitantes de un GPS como los que se usan en los arrestos domiciliarios.

Los republicanos también quieren que la Administración reduzca significativamente el número de visados humanitarios que otorga. Ha sido uno de los programas más privilegiados por Biden, y ha permitido la llegada de 270.000 personas (hasta octubre pasado). Especialmente se ha favorecido a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, aunque la figura también ha traído a ucranios que abandonaron su país tras la invasión rusa.

Sobre la mesa está también la rápida deportación para aquellos que llevan menos de dos años en el país y no han solicitado asilo, sin importar en qué parte de Estados Unidos se encuentren. Esta herramienta, la expulsión expedita, fue muy utilizada durante los gobiernos de de Donald Trump y de Barack Obama, que ostenta el récord de deportaciones en la historia moderna del país.

Las organizaciones de derechos humanos alertan sobre por las posibles implicaciones de la negociación, que será retomada en 2024. “Cualquier concesión antiinmigrante es inaceptable y es una traición a nuestros valores como país”, ha considerado la ONG Al Otro Lado. “Entramos en un año electoral y el presidente comenzará a buscar el apoyo de los grupos que formaron su coalición para triunfar en 2020, incluidos los latinos. Si estas medidas migratorias son convertidas en ley, realmente no habrá diferencia respecto a las políticas antinmigrantes de Trump”, consideran Maribel Hastings y David Torres, de America’s Voice, otra asociación en defensa de los indocumentados.

Las críticas no solo han llegado de la sociedad civil. Alex Padilla, el único senador latino que ha tenido California, ha advertido a su partido de que ceder a las exigencias de los republicanos podría ser catastrófico en 2024. El legislador, al que han apartado de las discusiones, se ha quejado con los negociadores de la Casa Blanca, de acuerdo con la agencia AP, porque la nueva propuesta no incluye vías para dar la nacionalidad a millones de sin papeles, una de las primeras promesas hechas por Biden cuando llegó al poder. En una fiesta en Los Ángeles para recaudar para la reelección de Biden, el senador le dijo al mandatario que tuviera cuidado de ser arrastrado por el ala radical de la oposición a “políticas dañinas”.

Para saber si el presidente y el partido demócrata le piensa o no hacer caso o habrá que esperar hasta el próximo año, cuando el Capitolio vuelva al trabajo tras el parón navideño.

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