Los indicios de incumplimiento de la legalidad internacional en Gaza se multiplican tras un mes de guerra

Los ataques de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre y los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza han causado ya miles de víctimas mortales, el traslado forzoso de población palestina y una vasta destrucción en la Franja. Sobre el conflicto planean las acusaciones de crímenes de guerra contra ambos bandos: Hamás está considerado un grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos y su asalto se cebó en civiles; contra Israel se acumulan las acusaciones de que incumple las obligaciones previstas por el derecho internacional durante una guerra, con una respuesta desproporcionada en Gaza y muerte de civiles. Israel no es miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha ignorado dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la ONU, como el que declaró ilegal en 2004 el muro levantado en Cisjordania.

Desde Naciones Unidas, que alumbró los tribunales internacionales, António Guterres, secretario general, condenó el pasado el 24 de octubre “los actos de terror de Hamás”. Al mismo tiempo, recordó que los ataques “no vienen de la nada”, sino tras “56 años de ocupación asfixiante”. Guterres se refería al tiempo transcurrido desde 1967, cuando tras su victoria en la Guerra de los Seis Días [librada contra Egipto, Siria, Jordania e Irak], Israel ocupó la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Poco después del discurso del secretario general, que provocó la airada protesta de Israel, Craig Mokhiber, director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció su marcha del organismo con un duro escrito en el que arremetía contra “el fracaso” de la organización internacional para detener lo que calificó de “genocidio” contra la población palestina.

En este complicado escenario, el belga Alexis Deswaef, vicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), sostiene rotundo: “No hay otro país en el mundo que acumule tantas resoluciones condenatorias de Naciones Unidas contra la ocupación y la colonización de Palestina como Israel. No les importa violar las leyes internacionales porque cuentan con el apoyo de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad”, asegura en una conversación telefónica.

Deswaef reclama una respuesta contundente, en particular por parte del TPI. Este tribunal confirmó en 2021 la apertura de una investigación formal sobre los crímenes cometidos desde 2014 por ambas partes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. A pesar de que Israel no es miembro del TPI, la Fiscalía de esta corte tiene competencia sobre los delitos perpetrados por israelíes en suelo palestino. Ello se debe a que Naciones Unidas reconoció en 2012 a los territorios palestinos como Estado observador del organismo. Tres años después, Palestina se convirtió en miembro de pleno derecho del tribunal. “Es preciso que la Fiscalía analice enseguida las actuales acciones desproporcionadas del ejército israelí, junto con los crímenes de Hamás. Si no, la impunidad de Israel seguirá adelante”, afirma Deswaef.

Liesbeth Zegveld, abogada holandesa experta en derechos humanos y derecho penal internacional, califica a Israel de “ajeno a la justicia internacional”. Sostiene que “siempre ha actuado fuera de la ley”, y para que esta situación pueda cambiar “se necesita la presión del mundo occidental porque nunca se le han pedido responsabilidades”. “Por eso no teme las consecuencias legales. Falta voluntad política externa: se condenan las prácticas del Gobierno israelí y luego se le apoya”, recuerda.

Diferencias respecto a Ucrania

Zegveld sostiene que el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, que causó más de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según las autoridades israelíes, “es un crimen de guerra”. “Los que murieron no eran objetivos militares, sino víctimas de un asalto en el contexto de un conflicto armado”. Del mismo modo, considera que los bombardeos “indiscriminados y desproporcionados” de Israel son “crímenes de guerra”. Otra cosa es que puedan llegar a juicio. “El fiscal [del TPI] Karim Khan dice que todos los delitos serán perseguidos, pero no parece adoptar medidas concretas. Hay una diferencia con la rápida respuesta en el caso de Ucrania, así que está clara la politización de lo que sucede en Gaza y el TPI no puede desconectarse de esa realidad”, asevera. Por otro lado, y a diferencia de Ucrania, en Gaza no hay acceso directo al territorio para recabar pruebas.

Karim Khan estuvo el pasado 29 de octubre en la frontera entre Egipto y Gaza y recordó que tiene jurisdicción “sobre los crímenes cometidos en territorio de Israel por palestinos o de cualquier otro país miembro del tribunal”, en referencia a los ataques de Hamás. También dijo que el ejército israelí “debe cumplir las leyes que regulan los conflictos armados y demostrar que sus actos son proporcionados en relación con cualquier vivienda, escuela, hospital, iglesia y mezquita, que son lugares protegidos“.

Doble estándar

Deswaef opina, como la abogada holandesa, que Hamás cometió un crimen de guerra el 7 de octubre y la FIDH pide la liberación inmediata de los rehenes en manos de la milicia. El bombardeo israelí hace unos días del campo de refugiados palestinos de Yabalia, en la Franja, y el traslado “forzoso e imposible” de la población gazatí hacia el sur del enclave, bajo la amenaza de los bombardeos, también le parecen crímenes de guerra. “El TPI emitió en marzo pasado una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra, incluida la deportación ilegal de menores ucranios. La misma presteza debería mostrar, por ejemplo, respecto a los niños palestinos encarcelados por Israel de manera preventiva”, afirma. “No se pueden tener dobles estándares porque la impunidad alimenta el siguiente crimen”.

El derecho internacional humanitario (DIH) al que aluden estos expertos y el propio fiscal del TPI protege a las personas que no participan en las hostilidades. Restringe los medios y métodos de la guerra, y se aplica a todas las partes —incluidas las entidades no estatales como Hamás— sin tener en cuenta quién empezó o es responsable. Está contenido principalmente en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que fueron completados con los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Israel es parte de los Convenios y debe salvaguardar a los civiles, darles un trato humano, permitiendo que puedan llevar una vida normal en el territorio ocupado, y garantizar los derechos de la población palestina. No puede, por ejemplo, destruir bienes palestinos en Gaza o en Cisjordania “salvo que sea absolutamente necesario a causa de las operaciones bélicas”, según el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra.

Las vulneraciones de la ocupación

Durante el bloqueo de Gaza no solo pueden haberse cometido violaciones de los derechos humanos de los gazatíes, ya sean de índole civil, político, económico, social o cultural. “Con la ocupación, Israel es también responsable de la violación del derecho a la libre determinación del pueblo palestino”, explica Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. Considera que atribuir esas vulneraciones de derechos a Israel no será siempre fácil, “porque argumentará que son los palestinos de Gaza quienes han votado a Hamás para que les gobierne”.

Sin embargo, recalca que existe “abundantísimo material” sobre el impacto del bloqueo de Gaza. Los bloqueos no están en sí prohibidos por el derecho internacional. Pero si la población carece de acceso a los alimentos, medicinas, o necesidades primarias, “el Estado que bloquea debe permitir el paso de la gente o del material adecuado”. Garrido Muñoz, exletrado del TPI, añade: “Este es, seguramente, el conflicto más difícil del mundo, que plantea las preguntas más difíciles, pero eso no significa que no haya respuestas”.

Hamás e Israel se han enfrentado de forma intermitente en las dos últimas décadas, pero el ataque lanzado el pasado 7 de octubre por la milicia no tiene precedentes. El derecho internacional humanitario no impide una respuesta de Israel, “pero no se puede ser desproporcionado y que mueran decenas o centenares de civiles”, indica Garrido Muñoz. En el caso de un hospital como el de Al Shifa, donde Israel esgrime que Hamás esconde centros de mando, Hamás tendría la “obligación de evitar que se convierta en objetivo militar, e Israel de tomar todas las precauciones posibles”.

A la abogada Zegveld le preocupa que los palestinos que puedan ser juzgados en Israel no tengan los mismos derechos que los ciudadanos israelíes: “Es un sistema discriminatorio y racista, aunque dudo que Israel lo vea bajo el mismo prisma que nosotros. Para Israel los palestinos son Hamás. Es un solo enemigo”. Alexis Deswaef lamenta que Israel “juegue con la mala conciencia europea por el Holocausto y se victimice”. “No hay que hacer comparaciones peligrosas de esta índole para justificar una guerra inaceptable en Gaza”. Garrido Muñoz, finalmente, apunta que buena parte de la solución al conflicto debe venir de los propios israelíes “que voten a unos dirigentes con otra visión”. Para él, en estos momentos, la población “sensata, que la hay, está silenciada por el fanatismo”.

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