Las víctimas de una masacre en Bolivia recibirán una compensación económica 20 años después

Justo 20 años después de la masacre de “Octubre negro” de 2003, en la que murieron 58 manifestantes antigubernamentales en la ciudad boliviana de El Alto y sus alrededores, los dos principales acusados de los hechos, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, pagarán compensaciones a las familias de ocho de las víctimas. Con ello, se cerrará el proceso civil que estas familias impulsaban en Florida, Estados Unidos, desde hace 16 años. El acuerdo prohíbe a las partes dar información sobre la cuantía de la compensación y no implica que los demandados acepten “responsabilidad sobre los eventos en cuestión”.

“Este es un día histórico”, resumió Thomas Becker, el líder de la acusación legal que se planteó en el sistema judicial estadounidense en nombre las familias de ocho personas asesinadas en las protestas en contra de Sánchez de Lozada en 2003. “Hemos terminado en un acuerdo. No podemos hablar de los detalles, pero sí de la declaración que los dos lados hemos preparado, que dice que decidimos acabar el juicio”, señaló Becker a la prensa boliviana. La demanda representada por este abogado contó con el apoyo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, perteneciente a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, y del Centro para los Derechos Constitucionales, una institución sin fines de lucro. “Se cierra la puerta a las apelaciones. Ni ellos pueden apelar ni nosotros podemos. Con eso, lo que queda es el veredicto de 2018, que señala que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales. Por eso es una victoria para el pueblo boliviano”, interpretó Becker. Los abogados de Sánchez de Lozada, de 93 años, se excusaron de dar a conocer su perspectiva cuando se la pidieron los medios estadounidenses, a causa de la confidencialidad del acuerdo.

En 2018, las familias de las víctimas lograron un fallo de culpabilidad en primera instancia, que obligaba a los acusados a pagarles 10 millones de dólares. Esta decisión no se aplicó porque estos apelaron ante un juez que desestimó la victoria inicial de las víctimas, así que estas tuvieron que apelar por su propia cuenta. Estos recursos de ambas partes son los que ahora han quedado cancelados.

El proceso se realizó bajo la ley estadounidense de Protección a las Víctimas de Tortura. En las audiencias de la primera etapa del juicio, un exsoldado que participó en la masacre declaró que los militares habían recibido órdenes de disparar contra “todo lo que se moviera” para posibilitar que el 12 de octubre de 2003 un convoy de cisternas con gasolina atravesara el bloqueo de calles que realizaban los vecinos de El Alto. Esta protesta impedía que la colindante ciudad de La Paz, la capital administrativa del país, se aprovisionara de gasolina. Para poder llegar a La Paz, el llamado “convoy de la muerte” tuvo que atravesar las calles bloqueadas de El Alto. Se calcula que 25 personas cayeron al paso de los carros de asalto militares que resguardaban la gasolina. Otros 33 bolivianos murieron antes y después de esa fecha por la represión de las Fuerzas Armadas dirigidas por Sánchez Berzaín.

El violento desbloqueo de El Alto se respaldó con un decreto gubernamental que autorizaba a los militares a actuar y emplear armas de fuego en caso de necesidad. Lo firmó el Gabinete, pero no el vicepresidente de entonces, Carlos Mesa, quien consideraba un error no negociar con los manifestantes. Estos comenzaron exigiendo, por razones nacionalistas, la anulación de un proyecto de de exportación de gas boliviano a Estados Unidos a través de Chile y otras demandas, pero luego apuntaron a la renuncia de Sánchez de Lozada, considerado el “patriarca del neoliberalismo” boliviano. Este aseguró inicialmente que no renunciaría, pero solo resistió hasta el 17 de octubre. Ese día, acorralado por la protesta popular, que había paralizado parte del país, escapó a Estados Unidos. Lo acompañó Sánchez Berzaín. Ambos se asilaron en este país y eso impidió que fueran alcanzados por la justicia boliviana, que condenó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas a penas de prisión de 15 años y más y, a los exministros de Sánchez de Lozada que se habían quedado en el país, a sentencias de alrededor de tres años. El juicio en Estados Unidos fue el primero en que un exjefe de Estado refugiado en este país compareció ante la justicia civil para responder por crímenes tan graves. “Incluso los campesinos pueden ganar contra los más poderosos y nadie está por encima de la ley”, se alegró Becker.

Sánchez de Lozada, un acaudalado minero, considerado uno de los hombres más ricos de Bolivia, ocupó la presidencia dos veces. Las primera entre 1993 y 1997, cuando realizó profundas reformas de corte neoliberal, privatizando el petróleo y la energía, las minas, los ferrocarriles y las telecomunicaciones estatales. Comenzó su segundo periodo en 2022, en medio de una crisis económica y un fuerte malestar social contra los privilegios de que gozaban las empresas petroleras. En esa época, estas eran dueñas del petróleo y el gas que extraían. Tras su salida del país, fue sustituido por Mesa y comenzó un nuevo ciclo político en el que la figura central sería Evo Morales. El 1 de mayo de 2006, Bolivia nacionalizó la industria petrolera.

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