La elección popular de jueces en Bolivia se atasca en el Congreso

La convocatoria de elecciones judiciales en Bolivia ha quedado en “punto muerto” este año por la falta de mayoría parlamentaria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que introdujo esta innovación en la Constitución boliviana de 2009 y la ejecutó contra viento y marea en dos ocasiones: en octubre de 2011 y en diciembre de 2017. Esta vez el problema es casi irresoluble. Ningún partido cuenta con los dos tercios de la Asamblea Legislativa que se necesitan para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral. Los atajos que pensó el Gobierno de Luis Arce para eludir esta mayoría calificada fueron cerrados por el Tribunal Constitucional, que actúa de “juez y parte” en este conflicto.

Bolivia no elige por voto a los jueces, sino a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad indígena –al menos uno en cada institución–. Deben ser seleccionados por dos tercios de los miembros del parlamento, institución que también tiene que emitir el reglamento de selección y la convocatoria a las elecciones. En ambos puntos se produjo un impasse.

En las últimas elecciones, el MAS logró la mayoría absoluta y no los dos tercios del parlamento. Además, la división de este partido en un ala de simpatizantes de Evo Morales y otra de seguidores del presidente Luis Arce ha hecho casi imposible la ya complicada negociación de acuerdos que permitan aprobar con dos tercios de votos la lista de candidatos. Sin embargo, para cumplir los plazos legales del proceso electoral, la Asamblea Legislativa aprobó, por resolución de su directiva, la convocatoria y el reglamento de selección de los postulantes, que va variando de elección en elección.

Su argumento fue que estos documentos no eran sustanciales, sino formales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró después que tal presunción era inconstitucional y que la convocatoria y el reglamento aprobados no tenían validez “porque el derecho a presentarse a las elecciones solo puede ser regulado por ley”, según explica el jurista Farit Rojas. Es decir, debe aprobarse una ley de convocatoria y una ley de reglamento. Además, “en la interpretación del Tribunal Constitucional, estas leyes debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, igual que lo señalado por la Constitución para la lista de candidatos”, añade el especialista.

El grupo parlamentario de Evo Morales cree que estas estrictas exigencias del Tribunal Constitucional se deben, en el fondo, a los intereses de esta entidad, ya que, en ausencia de elecciones, las actuales autoridades judiciales podrían seguir en sus cargos hasta las elecciones generales de 2025. Según los seguidores de Morales, esto también le convendría al Gobierno, que supuestamente está cómodo con los actuales magistrados y por eso no busca una solución al problema. Los incondicionales de Morales quieren iniciar un juicio de responsabilidades a los miembros del Tribunal Constitucional, pero, en las actuales condiciones políticas, este deseo no tiene posibilidades de concretarse. Además, aún si hubiera un reglamento y una convocatoria, la posibilidad de que los parlamentarios lograran la mayoría de dos tercios para la definición de candidatos es remota, porque los cuatro grupos que actualmente existen pretenden lograr ventajas partidarias en esta selección.

En las dos elecciones previas, el MAS, que contaba con dos tercios de los votos, impuso a la mayoría de los candidatos. En 2017, intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovación sirvió de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado. Además, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito.

Por otra parte, en las dos elecciones judiciales que ha habido hasta ahora, los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los efectivamente logrados por los candidatos. La primera vez ascendieron a casi el 60% y la segunda, al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpliera una de las razones por la que el método electoral se adoptó, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales. La elevada anulación de votos se debió a la desorientación del electorado dentro de unas elecciones singulares y también a los llamados de la oposición a boicotear los comicios y así bloquear lo que consideraban era una “captura” política de los tribunales. Un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos opositores rezaba: las elecciones son “un camino con un resultado predeterminado, la instalación de una mayoría de ciudadanos afines o militantes del MAS en la cúpula de nuestro sistema judicial”.

La recriminación más general contra el método electoral ha sido otra: no haber logrado un cambio en la administración de la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politización y su alta corrupción.

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