El tribunal electoral suspende al Movimiento Semilla, el partido que ganó las elecciones en Guatemala

Las autoridades electorales de Guatemala declararon este lunes la validez de la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto que ganó el Movimiento Semilla y adjudicaron los cargos de presidente y vicepresidente electos al sociólogo Bernardo Arévalo de León y a la científica y docente universitaria Karin Herrera Aguilar. La oficialización de los resultados es un contrapunto en la jornada, ya que el partido que venció en las urnas con el 61% de los votos válidos y con un discurso de rechazo a la corrupción, ha quedado suspendido de forma provisional.

El Registro de Ciudadanos, un órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió este lunes la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, como lo ordenó el juez penal Fredy Orellana, designado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático. Según expertos consultados por EL PAÍS, la decisión no afectará al nombramiento de Arévalo como presidente, si bien desgastará a los equipos legales de su partido y generará mayor incertidumbre en un país afectado en los últimos años por un auge del autoritarismo y la persecución de las voces críticas contra la corrupción. El presidente electo, que ganó los comicios del 20 de agosto frente a la ex primera dama Sandra Torres, ilusionó a la mayoría del electorado guatemalteco con un firme mensaje anticorrupción.

Hasta ahora, la autoridad electoral se había negado a aceptar la orden de un juez penal, acusada como ilegal y una intromisión en las funciones del TSE. Mucha agua ha corrido desde el 21 de julio, cuando el registrador Ramiro Muñoz se negó a cumplir una orden que el ministerio público promovió por supuestas falsificaciones en el proceso de adhesión de simpatizantes para conformar el partido político por considerarla ilegal. La semana pasada, el ministerio público anunció una causa penal contra Muñoz y ha solicitado despojarle de inmunidad para procesarlo por anomalías en la inscripción del partido que postulaba a la presidencia al finquero Carlos Pineda.

Varios juristas acusaron la ilegalidad de la orden del juez Orellana porque la ley electoral establece que ninguna organización política se puede cancelar durante un proceso electoral. En su resolución, el registrador expone que, como la segunda vuelta se desarrolló el 20 de agosto, ya no hay ningún impedimento para cumplir con la orden del juez Orellana y que deja sin partido al presidente electo, Bernardo Arévalo. Semilla puede ahora promover un recurso de nulidad ante el tribunal electoral, por lo que los magistrados evitaron emitir alguna opinión sobre el tema.

Arévalo es el presidente electo y la suspensión del partido “no tiene ninguna afectación”, le dijo a ELPAÍS el abogado Oswaldo Samayoa. En el plano político, suma más desgaste tanto para sus equipos legales como para la opinión pública que tome por válidos los señalamientos de la Fiscalía, opina el politólogo Luis Mack.

Bajo amenazas

Al cierre de la jornada agridulce, Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, enviaron un mensaje a la población para asegurar que el Movimiento Semilla “no claudicará en la exigencia al respeto de la voluntad popular expresada libremente en las urnas”. A Arévalo se le veía apesadumbrado, pero su discurso fue contundente: “Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente”, expresó el presidente electo y destacó que “este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y luego a las calles y plazas de todo el país para celebrar el inicio de una nueva primavera democrática”.

Los funcionarios electos, que se presentaron junto a los dos abogados del partido y diputados electos, Juan Guerrero y Andrea Reyes, anunciaron que mañana a primera hora presentarán un recurso de nulidad contra la suspensión provisional del partido. “Acatar la orden del juzgado séptimo es absolutamente ilegal”, dijo Arévalo y reiteró que ”desde la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) y el Juzgado Séptimo hay un proceso de persecución política, haciendo uso de los instrumentos de justicia de forma ilegal contra el Movimiento Semilla”.

Desde que hace más de una semana ganara las elecciones, poco se había sabido del presidente electo. La semana pasada se desvelaron planes para atentar contra su vida, incluso el mismo día que ganó la elección por una amplia ventaja de 21 puntos frente a Torres, que lleva una semana sin pronunciarse por su tercera derrota. Ante las amenazas de posibles ataques contra su vida e integridad, de parte de pandillas o agentes estatales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a los ganadores de la elección presidencial.

Los riesgos que enfrenta Arévalo han ido en aumento desde que logró su pase a la segunda vuelta de manera sorpresiva en las elecciones del 25 de junio. Según la denuncia que presentó ante la CIDH, entre los sospechosos de querer atentar contra su vida están miembros de pandillas y agentes estatales. La paradoja es que estos últimos, concretamente la Policía Nacional Civil y la seguridad presidencial, deben proteger al binomio para cumplir con las medidas cautelares del organismo panamericano.

Además de los ataques físicos, Arévalo enfrenta riesgo de criminalización, ya que la Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, otro de los designados por las autoridades de Estados Unidos, ha manifestado la posibilidad de vincular al presidente con un expediente penal por la supuesta falsificación de firmas para conformar al Movimiento Semilla.

Curruchiche, el fiscal que logró que un juez penal ordenara la cancelación del Movimiento Semilla, lidera otras investigaciones contra operadores de justicia anticorrupción y periodistas. Varias misiones de observación internacional, como la de la Unión Europea, han expresado preocupación por que las acciones de la Fiscalía interfieran en la toma de posesión de los funcionarios electos. La misión europea señaló la excesiva judicialización del proceso y advirtió “otras posibles acciones” similares desde la Fiscalía y el organismo judicial para criminalizar al TSE y suspender la personería jurídica de Semilla, que “limitarían el derecho de los votantes a que sus representantes electos puedan tomar posesión de sus cargos”.

Por otra parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que monitorea el proceso electoral y tuvo conocimiento de las pesquisas del fiscal Curruchiche, emitió un comunicado en el que consideran que la suspensión del Movimiento Semilla se dicta “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado” y supone “una interpretación abusiva de la ley, en violación de los más elementales principios constitucionales que garantizan los derechos de los electores, pretende suspender de sus derechos luego de celebrada la elección en que contó con amplio apoyo popular al partido político del presidente electo”.

Curruchiche presentó la carpeta del caso contra Semilla ante el secretario de la OEA Luis Almagro, durante su visita al país para documentar la crisis electoral que puso en riesgo la estabilidad democrática en Guatemala.

La amenaza de la suspensión del partido que surgió al calor de las protestas ciudadanas contra la corrupción se ha concretado y encuentra a buena parte de la población indignada por los últimos intentos de la fiscal general, Consuelo Porras, por censurar a los críticos en redes sociales y las protestas ciudadanas, en las que se le pide la renuncia. El viernes por la mañana, Porras presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que el presidente Alejandro Giammattei y las fuerzas de seguridad les garantizaran cumplir con sus funciones sin las “presiones” de las críticas en redes sociales y las protestas, como la convocada para ese día. Este lunes, pasada la urgencia del amparo, la corte denegó la petición de la fiscal porque la manifestación ciudadana transcurrió sin poner en riesgo el orden público ni las funciones de la Fiscalía.

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