Los ‘mochasueldos’, los congresistas de Perú que roban el sueldo a sus trabajadores

Hace quince años, la historia de Wilson Michael Urtecho Medina aspiraba a ser un best seller de superación personal. Nació con un síndrome congénito que debilitaba sus músculos y desde los cinco años aprendió a movilizarse en una silla de ruedas. Nunca pudo correr ni saltar como los demás niños. Pero ello no le impidió acabar el colegio ni tampoco recibirse como ingeniero químico. En el 2006, después de algunos intentos fallidos, se convirtió a los 36 años en congresista de la República en representación de la región costeña de La Libertad. Un guiño del destino para quien solía repetirse que las limitaciones solo están en la mente.

La solidaridad y la admiración que despertaba su historia llevó a Michael Ortecho a ser reelegido para el periodo 2011-2016. Una de sus banderas de campaña era la lucha por mejores oportunidades para los discapacitados. Ocupó la Mesa Directiva del Congreso como segundo vicepresidente, fue secretario de la Comisión de Trabajo y la Comisión de Inclusión Social y presidió la Comisión de Discapacidad durante cuatro años. Se hacía notar en los pasillos del Parlamento. Y los medios de comunicación de aquel entonces lo destacaban como alguien ejemplar que había sorteado adversidades y además era una figura política ascendente.

“Nunca he tenido una silla eléctrica nueva. Esta me costó 3.500 dólares. Una nueva puede llegar a los 32.000 dólares”, dijo, con humildad, en una entrevista en el 2012. Al año siguiente, en septiembre de 2013, una investigación periodística se trajo abajo la imagen que había construido: tres trabajadores del despacho congresal de Urtecho denunciaban que durante años el legislador del extinto partido Solidaridad Nacional les había pagado un sueldo infinitamente menor del que les correspondía.

A una pareja de esposos, a quienes conoció en la congregación evangélica Agua Viva, donde era uno de los líderes, Urtecho los convirtió en empleados fantasma del Parlamento. Supuestamente Jorge Luis Huiman debía cobrar 1.100 soles (297 dólares) como coordinador de su despacho, pero en la práctica era alguien que lo asistía en su casa y percibía por ello 200 soles (54 dólares). Su esposa Elvia Azucena Urbina figuraba como asesora, y por ello sus haberes debían ser de 4 mil soles (1.081 dólares), sin embargo, se ocupaba de la limpieza y la cocina en el hogar de Urtecho y cobraba 400 soles (108 dólares). Evelyn Goicochea Miranda sí se desempañaba como asesora de Michael Urtecho, pero a fin de mes solo recibía 2 mil soles (540 dólares) cuando en realidad le correspondía 3 mil soles (810 dólares). Por todo ello fue bautizado por la prensa como el congresista Mochasueldo.

Fueron en total siete los extrabajadores que denunciaron que Michael Urtecho, quien paradójicamente en septiembre de 2013 era miembro de la Comisión de Ética, el organismo encargado de fiscalizar a los parlamentarios. Otro caso grave que se destapó después fue el de Teresa Chávez a la que se le depositaba 800 soles (216 dólares) en su cuenta por asesorar al legislador. Grande fue su sorpresa cuando se enteró que debía ser 4.627 soles (1.250 dólares).

Si ser un Mochasueldo sistemático era una vergüenza sin precedentes, loo que se supo después de Michael Urtecho hundió su credibilidad en un pantano. El hombre que nunca pudo correr ni hacer deporte fue denunciado por presuntamente haberle metido uña a una donación de sillas de rueda para discapacitados cuando encabezaba la Comisión Especial en el Parlamento. Se le entregaron 1.014 sillas de ruedas y solo pudo demostrar la entrega de 393. En diciembre de 2013 se aprobó su destitución —un hito por ser el primer legislador en perder su escaño por arrebatarle una tajada de sus honorarios a su despacho— y una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos.

Las víctimas del congresista Mochasueldos han encontrado justicia este jueves después de un proceso legal que se dilató durante una década. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Michael Urtecho a 22 años y cinco meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y concusión en agravio del Estado Peruano y, además, se le ha extendido la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses más. La pena para su esposa Claudia Gonzales Valdivia ha sido mayor, pues más que cómplice era quien administraba el dinero robado. Dos joyitas. A ella se le ha impuesto 28 años de prisión por los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado. Ambas penas, no obstante, deberán ser confirmadas en segunda instancia para que sean efectivas.

Se calcula que la pareja Mochasueldo se habría beneficiado con 430 mil soles (116.216 dólares). El Poder Judicial ha dispuesto que paguen una reparación civil de 2 millones 407 mil 990 soles (650 mil 808 dólares). Aparte, Urtecho deberá pagarle al Estado peruano otros 630 mil 666 soles (170 mil 450 dólares). “Tarde o temprano los ‘mochasueldos’, los violadores o coimeros terminan en la cárcel”, ha dicho la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

Para muchos entendidos este fallo marca un precedente para otros congresistas que podrían ser sentenciados si incurren en estos delitos. Actualmente son nueve los congresistas que han sido denunciados por sus propios trabajadores de haberles recortado el sueldo o incluso de haberles pedido plata para donaciones o actividades. Son los casos de Edgar Tello (Bloque Magisterial), María Cordero Jon Tay (No agrupada), Heydi Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), Rosío Torres (No agrupada), Katy Ugarte (No agrupada), María Acuña (Alianza para el Progreso), Marleny Portero (Acción Popular) y José Arriola (Acción Popular). Ninguno ha perdido su escaño en el Parlamento. Han sido blindados por sus pares y afrontan investigaciones preliminares. Michael Urtecho, el congresista Mochasueldos, ha dejado escuela.

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