Cuatro sicarios, carteles de la droga y fallos de seguridad: así fue el asesinato de Fernando Villavicencio

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el miércoles por la tarde en Quito evidenció el alcance del entramado criminal que asfixia al país andino y que hace ya meses derivó en la peor crisis de seguridad de su historia reciente. Detrás del atentado hay una tormenta perfecta de violencia y narcotráfico, a la que se suma la incapacidad de las autoridades para hacerle frente. En este panorama se entremezclan grupos armados de Ecuador, las garras de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y, como sucedió en el ataque a Villavicencio, sicarios colombianos.

La policía determinó este viernes que cuatro de los seis detenidos por el asesinato estuvieron en la escena del crimen de Fernando Villavicencio. Otro murió minutos después de la emboscada en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Al menos dos de esos sicarios fueron los que el miércoles al filo de las 18.15 (1.15 en la España peninsular) dispararon seis balas contra el cristal de la camioneta de doble cabina en la que acababa de subir el candidato tras salir de un mitin. El vehículo, cedido por el Estado, no estaba blindado a pesar de que las mismas autoridades habían comunicado al aspirante que tenía un 97% de probabilidades de sufrir un atentado. Según el informe forense, Villavicencio falleció por el impacto de una bala en la cabeza.

Tras la detención de los ciudadanos colombianos acusados del ataque, fuentes de la investigación explicaron a EL PAÍS que dos de ellos habían seguido ese día a Villavicencio, quien tras un acto público en Guayaquil viajó a Quito para seguir con las actividades de campaña. Los sospechosos fueron grabados por las cámaras de seguridad de algunos locales comerciales ubicados cerca de la escena del crimen, en pleno centro financiero de Quito, pero no fueron detectados por los escoltas del político.

El sicario que murió poco después del atentado estuvo merodeando en los alrededores, vestido con la camiseta del partido político de Villavicencio, Movimiento Construye, y esperando a que el candidato saliera del evento en el colegio Anderson. Los criminales se alejaron del lugar a bordo de unas motos y las abandonaron a pocas manzanas de ahí para huir en un vehículo en el que los esperaban otros dos sicarios.

El político, de 59 años y periodista de profesión en el pasado, había denunciado las amenazas de un criminal conocido como Fito, cabecilla de la banda de narcotraficantes de Los Choneros, especialmente activa en la costa y al servicio del cartel mexicano de Sinaloa. El velatorio de Villavicencio fue privado. Ni siquiera pudieron acudir familiares cercanos como su madre y sus hermanos, informa Efe. Al terminar, el féretro fue trasladado a un auditorio ubicado en el norte de Quito, donde cientos de simpatizantes del candidato se habían congregado para rendirle homenaje. Una discreta caravana se dirigió después al cementerio Monteolivo. “Mi papi se puso toda la corrupción de un país encima, pero yo veo que no está solo, que tiene a muchas personas aquí hermosas acompañándole”, aseguró a los medios, a la entrada de camposanto, una de sus hijas, Tamia Villavicencio.

Otra de las pistas que sigue la policía está relacionada con una investigación previa de la brigada antinarcóticos sobre el principal microtraficante en Quito. Se trata de Fabricio Colón Pico, quien tiene cerca de 30 procesos judiciales en su contra por distintos delitos relacionados con narcotráfico, robo, extorsión, delincuencia organizada y tenencia de armas. El narco todavía se encuentra en libertad.

El criminal, considerado como uno de los más sanguinarios, tiene 44 años y una carrera delictiva desde la década de los noventa. Maneja todo el tráfico de droga de Quito y sus alrededores. Para ello, ha montado una estructura en la que recluta a criminales que se dedican a todo tipo de delitos, como robo, extorsión, tráfico a pequeña escala y al sicariato.

Este delincuente también opera como brazo armado del grupo delictivo Los Lobos, la segunda banda criminal más grande de Ecuador, que según las investigaciones tiene vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Su centro de operaciones está en la cárcel de Cotopaxi, ubicada a una hora de la capital ecuatoriana. Las investigaciones todavía deben determinar si alguien contrató a Colón Pico para asesinar a Fernando Villavicencio. La Fiscalía, mientras tanto, formalizó los cargos contra los seis detenidos, y el juez confirmó su decisión de enviarlos a prisión provisional. “El protocolo de autopsia indica que la víctima recibió disparos de larga distancia, mientras que el informe balístico determinó que las vainas calibre 2-23 coinciden con uno de los fusiles encontrados en los allanamientos [de los domicilios de los sospechosos]”, indicó el ministerio público.

Un territorio bisagra

La detención de los sicarios colombianos y la presencia en Ecuador de organizaciones mexicanas complican, en cualquier caso, la investigación y muestran la complejidad del entramado criminal de la región. No hay país en el mundo que maneje una proporción tan elevada de toneladas de cocaína por habitante como Ecuador. El territorio, una bisagra entre los dos grandes productores de hoja de coca de Sudamérica y el mundo, Colombia y Perú, se ha convertido en los últimos 15 años en una plataforma logística para las grandes organizaciones transnacionales del crimen. Su presencia ha hecho de la campaña electoral de las elecciones presidenciales del 20 de agosto la más violenta de la que se tenga memoria. El jueves la candidata a la Asamblea Estefany Puente sufrió un ataque, del que salió ilesa, mientras se desplazaba en su vehículo. Días antes del atentado contra Villavicencio fueron asesinados el alcalde de la ciudad costera de Manta y otro aspirante al Parlamento.

Ante este desafío, las autoridades ecuatorianas han solicitado la colaboración del FBI para avanzar en la investigación del asesinato de Villavicencio. Según informó el presidente, Guillermo Lasso, el país espera la llegada de un equipo de la agencia estadounidense para apoyar en las pesquisas. El Gobierno de EE UU, no obstante, optó por la cautela y evitó atribuir responsabilidades en el asesinato. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, destacó que la investigación se encuentra “activa” y se remitió a las informaciones oficiales proporcionadas por Quito.

La implicación de ciudadanos colombianos movilizó también al Gobierno del país vecino. La Cancillería explicó a EL PAÍS que el consulado colombiano en Quito está a la espera de recibir más información de los acusados. Por ahora, las autoridades han determinado que todos son hombres, de diferentes regiones de Colombia, y que tres de ellos tenían antecedentes en el país. Adey Fernando García García, quien nació en Timbiquí (Departamento del Cauca) en 1987, aparece en al menos dos procesos penales. En 2009 fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por hurto y porte ilegal de armas, y estuvo encarcelado hasta 2011. Luego, en noviembre de 2018 otro juzgado de Cali lo condenó a 10 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Jules Osmin Castaño Alzate fue capturado en 2015 en el Caquetá por narcotráfico, y terminó condenado a seis años de prisión. Salió en libertad condicional en agosto de 2017. Andrés Manuel Mosquera Ortiz tiene un proceso penal abierto en un juzgado de Cali. Los tres restantes no estaban en el radar de las autoridades judiciales colombianas. De Jhon Gregore Ramírez se sabe que está registrado para votar en el consulado en Quito, lo que indica que lleva ya algún tiempo radicado en Ecuador.