Meloni desmonta a golpe de SMS la Renta Ciudadana que abanderó el Gobierno del Movimiento 5 Estrellas

Giorgia Meloni allana el camino para cumplir una de sus promesas estrella ―y de las más polémicas― de su programa: la supresión de la llamada Renta Ciudadana, que permitía recibir un subsidio a individuos y familias en condiciones de pobreza de manera indefinida hasta que encontraran trabajo. Así, el Gobierno italiano advierte estos días a miles de familias de que dejarán de percibir la prestación y se lo comunica con un mensaje de texto.

La animadversión de la primera ministra ultraderechista hacia esta medida, instaurada en 2019 por el Ejecutivo de Giuseppe Conte, del Movimiento 5 Estrellas, y que Mario Draghi mantuvo durante su Gobierno, viene de lejos: durante su etapa en la oposición llegó a calificarla de “metadona del Estado”. Durante la campaña electoral, proclamó que se trataba de un incentivo para no trabajar y aseguró que la eliminaría nada más entrar en el Palacio Chigi.

El pasado otoño, al poco de tomar posesión, comenzó a trazar el plan para liquidar esta renta básica. El primer paso fue reformularla y hacerla más restrictiva, con una validez limitada de siete meses y sobre la idea de que el próximo año puedan beneficiarse de ella solo las personas que no tengan posibilidad real de trabajar. El Gobierno prevé estrenar el próximo enero el nuevo “subsidio de inclusión” para aquellos núcleos familiares con ingresos por debajo de los 9.300 euros anuales, con un patrimonio inferior a los 6.000 euros o en los que convivan, al menos, un menor, una persona con discapacidad o un mayor de 60 años.

Ahora, pasados los siete primeros meses del año, acaban de entrar en vigor las nuevas reglas y muchos ciudadanos se están enterando estos días, a través de un mensaje de texto, de que dejarán de recibir el subsidio. Los medios italianos calculan que el Ejecutivo de Meloni envió cerca de 160.000 mensajes a familias en las que no hay personas con discapacidad, menores o ancianos para comunicarles la suspensión de la ayuda. En agosto prevé enviar otros 80.000 SMS.

Los receptores que no estén en condiciones de trabajar podrán prolongar las ayudas hasta finales de año solo si los servicios sociales de los Ayuntamientos donde residen se hacen cargo de su caso. A quienes el Gobierno considere que están en condiciones de trabajar y aunque sus ingresos sean inferiores a 6.000 euros, podrán recibir un subsidio reducido durante un año ―llamado de “apoyo a la formación y al trabajo”―, no prorrogable, y siempre que asistan a cursos de formación laboral.

Los ciudadanos y la oposición han acogido el anuncio con críticas y concentraciones. Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, principal impulsor de la ayuda, ha calificado el desmantelamiento de la iniciativa como una “guerra ideológica” y una “venganza” contra su partido. La secretaria del Partido Democrático y líder de la oposición, Elly Schlein, ha cargado contra Meloni: “Quizá quiera pasar a la historia como la primera ministra que empobreció más a los pobres con un mensaje de texto”. Y ha pedido al Ejecutivo que dé explicaciones en el Parlamento. “En lugar de librar una guerra contra la pobreza, este Gobierno libra una guerra contra los pobres”.

Estos días, la ciudadanía también sale a la calle a protestar —mucha gente frente a las oficinas de la Seguridad Social, sobre todo en el sur que se beneficia más de las ayudas—. En Terrasini, en la provincia de Palermo, un desempleado de 60 años que acababa de recibir el mensaje de la suspensión del subsidio, irrumpió en el despacho del alcalde y amenazó con prender fuego a todo. Numerosos Ayuntamientos han pedido explicaciones ―y ayudas― al Gobierno, ya que los servicios sociales municipales deberán analizar antes de octubre miles de casos de beneficiarios a los que se les ha suspendido la ayuda, con el consecuente aumento de carga laboral.

Comunicación caótica

Los sindicatos han denunciado que muchas personas no sabían que iban a perder su prestación y han criticado el método con el que se comunicó, sin apenas explicaciones y con escasa antelación. La reforma de la renta básica fue el caballo de batalla de Hermanos de Italia, el partido que lidera Meloni, durante la campaña electoral, y el tema ha tenido amplia cobertura mediática. Pero hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las personas que reciben esta prestación se encuentran en situación de riesgo de exclusión o pobreza extrema, por lo que no tienen necesariamente acceso a la información sobre las decisiones gubernamentales, que, en este asunto, se han comunicado de forma caótica en los últimos meses.

Según los últimos datos de la seguridad social italiana (INPS), en junio recibieron la renta básica cerca de un millón de hogares conformados por 2,1 millones de personas. De estas, más de dos tercios (1,5 millones) viven en el sur. La ayuda media ronda los 560 euros mensuales por familia y el año pasado el Ejecutivo destinó unos 8.000 millones a esta política. Desde su entrada en vigor, en 2019, tras un acuerdo del Movimiento 5 Estrellas y la Liga, las arcas públicas han invertido casi 28.000 millones de euros en subsidios.

En este tiempo la iniciativa se ha demostrado eficaz como medida para combatir la pobreza, aunque ha habido denuncias de fraude y no ha acabado de funcionar en la activación del mercado laboral, el otro objetivo inicial para el que se diseñó.

La coalición de Gobierno —en la que está la Liga de Matteo Salvini, que en su día apoyó al M5S para instaurar la Renta Ciudadana— considera que las ayudas no incentivan a los perceptores a trabajar, ya que, según ellos, quien se encuentre con una oferta laboral peor remunerada optará por el subsidio. “Hay quien puede trabajar y se niega; es correcto que no sean mantenidos a expensas de los ciudadanos italianos”, ha declarado Salvini.

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