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La violencia arrecia en el arranque de la campaña electoral en Ecuador: asesinado un alcalde de un puerto clave para el narco

Agustín Intriago, regidor de Manta, fue acribillado durante un recorrido por unas obras mientras se registran motines en al menos cuatro cárceles del país

malta, ecuador
Un pescador regresa de su jornada en la playa 'La Poza', en la ciudad de Malta, la cual alberga uno de los principales puertos de Ecuador.Eduardo Leal (Bloomberg)

La violencia sigue golpeando con fuerza a Ecuador. Este domingo 23 de julio fue asesinado el alcalde de Manta, una ciudad de la costa ecuatoriana, uno de los principales puertos del país, a 400 kilómetros de Quito. Agustín Intriago, de 38 años, fue acribillado cuando hacía un recorrido por unas obras de alcantarillado en el barrio 15 de septiembre. Recibió seis disparos, la mayoría en el pecho. El ataque, además, dejó a cuatro personas heridas y una joven fallecida, Ariana Chancay, una deportista que se había acercado al alcalde a pedirle ayuda para comprar los uniformes del equipo de fútbol femenino del barrio, Las Dragonas.

El alcalde Intriago gozaba de alta popularidad. Este era su segundo periodo en el cargo que ganó en las elecciones de febrero con el 61% de los votos. Unas horas después del crimen, la Policía había logrado capturar a un persona que tendría nexos con el asesinato del alcaldes, y que está siendo investigada. La noticia conmocionó al país en un clima extremadamente tenso por la inseguridad que acecha a todos los ecuatorianos por el incremento de delitos como robos, secuestros, extorsiones y muertes violentas, todo esto en medio de una campaña electoral atípica.

El lugar donde fue asesinado el alcalde no es menos relevante. Manta es una ciudad de un poco más de 250.000 habitantes, que está en la provincia de Manabí. Es un puerto abierto al mar del Pacífico, de gran profundidad, y una de las puertas de salida de la droga que transita desde Colombia hacia el exterior. Hasta el año 2009 sirvió como enclave para la base militar de Estados Unidos, que hacía un monitoreo aéreo y marítimo, pero una vez que Rafael Correa llegó al poder, incluyó en la Constitución la prohibición de bases militares en el territorio y el acuerdo se disolvió.

“Manta es una zona importante para el traslado de la droga al exterior”, explica el analista en seguridad Mario Pazmiño. “Siempre lo ha sido”. A finales de los años noventa, toda la línea costera de Manabí era utilizada para el tráfico de personas, migrantes que viajaban ocultas en los motores de las embarcaciones pesqueras o en lanchas hacia Colombia o Centroamérica en su intento de llegar a Estados Unidos. Cuando los migrantes dejaron de viajar masivamente, toda esa estructura creada para el tráfico de personas se cambió para exportar cocaína.

Unos años después, en el 2012, se detectó una de las primeras evidencias de los nexos de Ecuador con el cartel mexicano de Sinaloa, cuando el exgobernador de Manabí, César Fernández, fue encontrado con 115 kilos de cocaína que iban a ser enviados a México bajo el sello de ese grupo criminal. Las autoridades tienen información de, por lo menos, otros dos carteles que operarían en Ecuador, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa.

A partir de la pandemia, el represamiento de la droga que no pudo enviarse derivó en una pugna por el control del territorio entre varias bandas delictivas locales que sirven en las operaciones logística de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y en este momento “hay un desbordamiento de 700 toneladas de cocaína que ingresan al país, y uno de los puertos por los que más sale la droga es el de Manta”, dice Pazmiño.

El crimen del alcalde de Manta ocurrió en un fin de semana particularmente violento en Ecuador. Unas horas antes del asesinato de Intriago, el Gobierno había levantado una alerta en todas las cárceles del país por posibles amotinamientos. Todo empezó la tarde del sábado cuando se escucharon detonaciones de bombas y balas en la Penitenciaría del Litoral que está en Guayaquil.

La información que emitían las autoridades del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, SNAI, era escasa, y se limitaban a informar de que “mantenían el control del centro penitenciario”, pero los boletines de prensa no se contrastaba con las casi 24 horas de balaceras, la columna de humo que salía de la prisión y los videos de cuerpos descabezados e incinerados. Ante la insistencia de información, el SNAI reportó en un documento la tarde del domingo que seis presos fallecieron y 11 están heridos. Además, indicó agentes de seguridad penitenciaria del SNAI “están retenidos por los grupos de organizaciones delictivas”, en cuatro cárceles del país, sin mayores detalles. Solo han informado que se encuentran “en buen estado” y que los presos de otros 10 centros carcelarios se encuentran en huelga de hambre.

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