Israel quiere más civiles armados en las calles

Ilan Dagon duda, pero al final se decide por lo conocido: una Glock de 9 milímetros, la pistola más popular en Israel. Vale 4.000 séqueles, unos 1.000 euros, incluido el entrenamiento obligatorio y la gestión del permiso. Dagon, conductor de autobús, cuenta que apenas había empuñado un arma desde que hace tres décadas integró una unidad de combate del ejército israelí. Ahora, con 51 años, quiere una porque acaba de asumir una ruta de autobús en Gush Etsion, el mismo gran bloque de asentamientos judíos al sur de Belén en el que la compra, en la Academia de Contraterrorismo, Seguridad y Defensa Caliber 3. “No había sentido la necesidad porque no me hacía falta en el trabajo. Pero ahora, con todos los atentados que hay, que suben al autobús árabes cuya cara no me suena, que tengo una responsabilidad hacia los pasajeros y que es más fácil conseguirla… pensé que era el momento”, explica en la armería del centro, mientras otros civiles israelíes, miembros de las fuerzas de seguridad y turistas empapados de la cultura de las armas (principalmente, estadounidenses) prueban su puntería a pocos metros.

Su caso es paradigmático. Tras dos décadas de disminución, el número de licencias de armas para civiles viene aumentando en Israel en los últimos años, al calor de los picos de violencia ―que suelen disparar las peticiones― y de cambios legales que facilitan su obtención. Ambas dinámicas suelen, de hecho, ir unidas. Ahora, Itamar Ben Gvir, el ultraderechista ministro de Seguridad Nacional, donde está encuadrado el departamento que concede las licencias, ha decidido dar un acelerón, con más medios y criterios más laxos para obtener la licencia.

Ben Gvir, que también tiene pistola (vive en un conocido asentamiento del nacionalismo religioso) y la sacó en campaña electoral en uno de los barrios palestinos más explosivos de Jerusalén, ejemplificó el pasado febrero en dos atentados consecutivos la necesidad del cambio legal. En el primer ataque, dijo, “no había civil armado alguno y, desagraciadamente, siete judíos santos fueron masacrados”, mientras que en el segundo “afortunadamente un civil abrió fuego con su arma personal y neutralizó rápidamente al terrorista”. Lo ha repetido desde entonces cada vez que alguien abate al atacante antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. La última, cuando un miembro de la patrulla civil del asentamiento mató en un tiroteo a uno de los milicianos del brazo armado de Hamás que acababa de abrir fuego en un restaurante a los pies del asentamiento de Eli.

El ministro, uno de los más controvertidos del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que cumple medio año en el poder, ya puso en febrero al departamento de licencias en modo de emergencia, con el doble de personal y horarios ampliados, para resolver los expedientes que se acumulan desde el año pasado. En los cuatro meses posteriores al anuncio, se concedieron 11.393 licencias, un 280% más que en el mismo periodo de 2022. El objetivo es pasar de 2.000 entrevistas mensuales (son obligatorias) a 8.000.

Unos 150.000 civiles israelíes (un 1,6% de la población) tienen permiso de armas. Una parte para uso propio, otros por su trabajo. Para obtenerlo, es necesario llevar al menos tres años en Israel, carecer de antecedentes penales, hablar hebreo básico, pasar una breve entrevista y un examen médico, y tener al menos 21 años, si se ha hecho el servicio militar o civil; o 27, si no. Y cumplir al menos uno de tres criterios.

El primero es vivir o trabajar en una lista de localidades consideradas peligrosas, que son principalmente los asentamientos judíos en Cisjordania. Otro, haber servido en determinadas unidades especiales del ejército. Y un tercero es ejercer profesiones como enfermero y bombero (que suelen ser de los primeros en llegar al lugar de un ataque), guías turísticos, instructores de tiro, transportistas de bienes de valor o de explosivos, etc.

“Hay unos 500.000 potenciales que, si quisieran, tendrían un arma mañana. Y no han querido. De repente, una parte de ellos, por la situación y porque ven que un arma es de verdad efectiva y que los civiles matan terroristas, se está sacando la licencia”, explica el fundador y gerente de Caliber 3, Sharon Gat, coronel de las fuerzas especiales en la reserva.

Es el caso de Itai Nizhor, un trabajador de la construcción de 27 años que elige una pistola checa CZ de 3.200 séqueles. “La situación está mucho más tensa, se nota”, argumenta. Nizhor vive en Jerusalén y ve “preferible” tener él la capacidad de abrir fuego en caso de ataque a “esperar a que lleguen los soldados o los policías”.

Ben Gold, de 46 años y voluntario en la policía de fronteras, acude dos veces por semana a entrenar al centro. Cuenta con fascinación el día que mató a un palestino, en una mezcla de la normalización de las armas en su Tennessee natal ―donde aprendió a disparar con seis años― y de un discurso (más habitual fuera que dentro de Israel) de reivindicación de un “nuevo judío”, fuerte y armado, que ya no lleva “la estrella amarilla en la solapa”. Gold cuenta que detuvo el coche al verlo andar por la calle con un abrigo sospechoso y lo interrogó desde la distancia. Este le lanzó un cuchillo y salió corriendo hacia un autobús, afirma. Gold le disparó y luego lo remató en el suelo. “Mientras piensas si puede o no hacer algo, tienes que garantizar que no puede. Y la única forma de lograrlo es apagarle las luces. Él quería matar a un judío […]. Para mí nunca más no es un lema en una pegatina”, asegura, antes de quejarse porque le suspendieron durante meses el permiso de armas.

Una pistola y 50 balas

Lo que Nizhor y Gold pueden comprar está muy regulado: una pistola y 50 balas. El permiso, de hecho, no es para un tipo de arma, sino para un ejemplar en concreto y va asociado al número de serie. No son los rifles automáticos que se pueden ver por la calle en Israel y suelen sorprender a los turistas. Esos pertenecen al Ejército o la Policía y quienes los llevan son bien soldados de libranza, bien voluntarios o pelotones de alerta a los que se las proveen.

El mes pasado, Ben Gvir impulsó un cambio en los criterios de obtención del permiso de armas ligeras que extendería la posibilidad a otros 50.000 israelíes. La propuesta, pendiente de aprobación por el Comité de Seguridad parlamentario, consiste en aumentar el número de unidades de combate elegibles e incluir a los voluntarios ―y no solo a los empleados― de organizaciones como el equivalente local de la Cruz Roja. “Hacer que los criterios sean más accesibles es uno de mis objetivos principales en el Ministerio de Seguridad Nacional. No hay ningún motivo por el que tanquistas e ingenieros, que estuvieron en primera línea de combate con las fuerzas terrestres, no puedan poseer un arma, así como muchos otros soldados que hasta el día de hoy siguen absurdamente sin cumplir los criterios”, tuiteó. También pretende exonerar de la entrevista a cualquier soldado de una unidad de combate que haya colgado las armas en los cinco años previos, así como a reservistas en activo, policías y bomberos.

Otro de los cambios apunta directamente a su público. El Ejército israelí ofrece un programa, dirigido a los nacionalistas religiosos (punta de lanza del movimiento colonizador más radical) y a los ultraortodoxos más cercanos al mismo, que permite combinar un servicio militar más breve con el estudio de los textos sagrados. Como no entra en la categoría de “completo” que marca la ley (32 meses para los hombres, 24 para las mujeres), sus integrantes se ven obligados a esperar hasta los 27 años para obtener la licencia. El ministro quiere ahora concederles el derecho si viven, trabajan o estudian en alguna de las localidades “peligrosas”, a priori la inmensa mayoría .

Debbie Gild-Hayo, directora de Promoción de Políticas y encargada del dossier en la Asociación de Derechos Civiles de Israel, la mayor y decana del país, muestra su preocupación por la propuesta. “Cuantas más armas haya en el espacio público, más gente resulta dañada”, resume en conversación telefónica. Gild-Hayo critica la “cultura de la desconfianza en las fuerzas de seguridad, de que hay que tomarse la justicia por cuenta propia porque no pueden hacer su trabajo”. Y subraya que otro de los grandes problemas (la enorme cantidad de armas ilegales en Israel) no procede únicamente del contrabando desde los países vecinos o de robos en los cuarteles, sino también de sustracciones (o ventas bajo cuerda) de armas legales en manos de particulares. “Cientos de pistolas que hoy son ilegales fueron legales en su momento”, recuerda.

Las ONG de derechos humanos también han mostrado su preocupación por la posible influencia en la violencia machista. Según datos de la organización feminista Lobby de las Mujeres, un tercio de las israelíes asesinadas en 2021 lo fue por armas de fuego legales. Un cambio legal hace un lustro permitió a los miembros de algunos colectivos llevárselas a casa, en vez de dejarlas custodiadas en el lugar de trabajo. “Ya no es solo cuántas más puedan resultar heridas porque haya más armas, es también que la sola presencia en la casa resulta amenazante para la mujer”, recalca.

Desde que en 2018 se triplicó el número de israelíes que podían optar a la licencia, dos elementos han contribuido al aumento. Uno fue mayo de 2021, cuando una de las habituales escaladas de tensión trascendió los territorios ocupados y degeneró en disturbios y enfrentamientos entre judíos y palestinos ―todo ellos ciudadanos israelíes―, en localidades con población mixta. “Es el punto en el que empezó a subir con fuerza, porque la gente de lugares con Yaffo, Lod o Acre, donde se sentían completamente seguros, entendieron de repente que el enemigo está dentro”, asegura Gat. “Hasta entonces el perfil eran más bien hombres con pasado militar. Empezaron a llegar también mujeres y de lugares como Tel Aviv”. El director del departamento de licencias, Israel Avisar, señaló el pasado febrero en un comité parlamentario que solían procesar unas 10.000 peticiones anuales hasta 2021, en el que pasaron a 20.000. El particularmente violento 2022 marcó el récord de solicitudes: 42.236.

El otro ha sido la entrada en escena de los ultraortodoxos, que por lo general mantienen una vida centrada en la familia y el estudio de los textos sagrados que casa mal con la cultura de las armas. Hace una década, no se les veía en Caliber 3; hoy, sí. El gerente asegura que ha gestionado un 200% más de licencias de habitantes de la cercana Beitar Ilit, el mayor asentamiento ultraortodoxo en Cisjordania, desde el atentado del pasado enero frente a una sinagoga en Neve Yaakov, una colonia cercana a Jerusalén mayoritariamente ultraortodoxa. Ha sido el más letal del año, con siete muertos: “Es gente que en su vida había pensado conseguir un arma, pero vio que la policía tardó 20 minutos en llegar”.

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