Al nuevo Defensor del Pueblo de Perú le falla la defensa

Josué Gutiérrez Cóndor, el nuevo Defensor del Pueblo de Perú, ha desatado un aluvión de críticas. Han pasado dos semanas desde que el Congreso de la República lo eligió con 88 votos y, desde entonces, no han cesado las voces que han puesto el grito en el cielo por su nombramiento. Desde analistas políticos hasta ex defensores del Pueblo que no están dispuestos a darle el beneficio de la duda. Eduardo Vega, quien comandó la institución entre el 2011 y 2016, sentenció: “Qué vergüenza da un Defensor sin las calidades éticas y profesionales para dirigirla. Qué tristeza ver cómo se destruye la Defensoría”. Su homólogo, Walter Albán (2000-2005) ha tenido las mismas sutilezas hacia Gutiérrez: “¿Cuál es la reputación de este señor? Ya nos hemos dado cuenta de que lo que les importa es poner a alguien que sea sumiso a este Congreso”.

Los cuestionamientos se centran en tres aspectos. Carece de experiencia en derechos humanos, exuda un conservadurismo radical del que ya ha dado muestras y no garantiza la independencia de la institución. Josué Gutiérrez no es un desconocido en la escena política, y es precisamente ese pasado el que le pesa. Fue parlamentario entre el 2011 y el 2016 por Gana Perú, una coalición que lideró el Partido Nacionalista del expresidente Ollanta Humala. Sus proyectos de ley en aquel quinquenio brillan por su ausencia o, en todo caso, por su excentricidad: propuso que el cielo peruano pasase a llamarse José Abelardo Quiñones en honor a un aviador que se inmoló en la Guerra con Ecuador, en los años cuarenta; y que se creara un colegio privado para los detectives de Perú. Se le recuerda más por una gigantografía que decoraba su despacho, donde aparece en buenas migas con la entonces primera dama de la Nación, Nadine Heredia.

En los últimos años, Josué Gutiérrez volvió a la palestra por su estrecha vinculación con Perú Libre, la agrupación política que catapultó a Pedro Castillo a la Presidencia. Fue asesor parlamentario de la bancada, apoyó a Castillo en reiteradas oportunidades y, además, fue abogado del secretario general, Vladimir Cerrón, en sus litigios por presunto lavado de activos. Gutiérrez intentó negar su labor como asesor del partido, pero acabó aceptándolo. “Están muy rigurosos con mis expresiones”, dijo hace unos días.

Estos vínculos son los que preocupan, pues se corre el riesgo de politizar un órgano del Estado comprometido con la transparencia y con la defensa de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de sus filiaciones, colores políticos y credos. En abril, cuando se postuló a la Defensoría del Pueblo, se refirió a la homosexualidad como “deformidades y libertinajes”. Ante las críticas, Gutiérrez puso en marcha su plan de contención: ha insistido en que no dijo lo que dijo y este lunes se reunió con representantes de las familias homoparentales que luchan por el matrimonio igualitario.

No ha sido su única pisada en falso. Durante su postulación, dio a entender que Perú no puede retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque “no ha tenido la capacidad de poder demostrarle al mundo que en el país se ha vivido terrorismo a mansalva”. Pero no solo se trata de sus ideas, sino de quiénes le dieron el espaldarazo. Josué Gutiérrez fue elegido como el nuevo Defensor del Pueblo gracias al apoyo de partidos de derecha opositores como Fuerza Popular y Acción Popular, en un proceso exprés en el que no hubo debate en el Pleno y duró tan solo media hora.

La parlamentaria Ruth Luque ha anotado que Gutiérrez, de 51 años, registra cinco carpetas fiscales donde se le imputan presuntos delitos de peculado y estafa. “En una elección tan importante se negó el debate y a dar a conocer nuestras razones en no apoyar esta elección”, ha denunciado en redes. Al asumir la Defensoría del Pueblo, Gutiérrez presidirá una comisión que tendrá relación directa en el nombramiento, ratificación o destitución de los jueces y fiscales de Perú. En una columna de opinión, Juan Aurelio Arévalo, director del diario El Comercio, ha sido enfático en que dicha prerrogativa sería el motivo del pacto de fuerzas opositoras que lo ha llevado al poder. “Un encargo que varios políticos con líos judiciales como (Alberto) Fujimori, (César) Acuña, (José) Luna o (Vladimir) Cerrón les gustaría que recayera en manos de alguien que les debe un favor. Y, además, podría asegurar que una institución tan crítica como la Defensoría los deje en paz un tiempo”.

Por su parte, la secretaria general del sindicato de la Defensoría del Pueblo, Magali González, quien se reunió el último viernes con Josué Gutiérrez, le asegura a EL PAÍS que le transmitieron dos temas: la inequidad salarial de los trabajadores y la necesidad de que se mantenga la línea institucional de defensa de derechos. “Él se ha mostrado conforme y comprometido al respecto, pero necesitamos ver en acciones la concreción de su discurso”. La expectativa no la exime de referirse a su elección: “Fue un proceso plagado de irregularidades y sin la debida transparencia. No se han podido conocer los criterios para seleccionar la terna final y por qué los congresistas votaron por él”.

A su favor, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha dicho escuetamente que el Gobierno está seguro de que “estará a la altura de esta alta responsabilidad”. La expresidenta del Congreso Maricarmen Alva, de Acción Popular, quien cambió su voto a su favor en el último instante, ha dejado entrever que podrían retirarle el respaldo en caso de que traicione los principios del cargo. “Así como lo hemos puesto, según la Constitución lo podemos revocar con la misma cantidad de votos, por si acaso. Existe esa posibilidad, está en la Constitución”, aseguró.

Josué Gutiérrez es el séptimo Defensor del Pueblo de Perú desde que se creó la institución en 1996 y reemplazará a Eliana Revollar. El país observa de cerca su trabajo.

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