Un hecho inédito que sume a Ecuador en la inestabilidad y que puede beneficiar a Rafael Correa

Estamos a escasas horas del pronunciamiento en el que el presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado la aplicación del decreto 741, con el que por primera vez en el país se hace uso de esta facultad constitucional para disolver la Asamblea y llamar a elecciones. Este hecho inédito, que está fundamentado en la Constitución actual, promulgada en el año 2008 bajo el régimen correísta, ha puesto en alerta a la ciudadanía ecuatoriana.

Lo ocurrido y la decisión de Lasso tienen, desde el análisis que podemos hacer en estos momentos iniciales, varias aristas. La primera: el presidente está dispuesto a irse a su casa luego de gobernar primero dos años y después por aproximadamente seis meses con plenos poderes, por supuesto siempre sujeto a la Constitución, hasta la celebración de elecciones. Dos: se ve que hay un respaldo de las Fuerzas Armadas y las policiales, que estaban alertadas y que rodearon el Parlamento Nacional, impidiendo el acceso de legisladores y antes de otro personal. Es decir, se puede colegir ese respaldo de las fuerzas del orden en el país. La tercera es una pregunta: ¿quiénes son los principales beneficiarios de esta decisión del presidente?

Quienes están mejor preparados para sacar adelante una candidatura presidencial y también tener un buen desempeño en las legislativas serán los miembros del partido del expresidente Rafael Correa. Esta formación acaba de remontar una situación muy complicada en las elecciones presidenciales anteriores, pero en los últimos comicios locales ha obtenido las alcaldías y prefecturas más importantes del país y un número muy importante de alcaldes y autoridades seccionales. La decisión les pone en una situación muy ventajosa y expectante frente a un proceso electoral inmediato.

Una preocupación que existe en el país es la falta de otros liderazgos, sobre todo en el sector de la derecha y del centro, que contrarresten lo que podría ser una avasalladora participación del partido UNES, la anterior Revolución Ciudadana de Correa y, por lo tanto, podría darse un avance del denominado socialismo del Siglo XXI que está vigente en muchos países de América Latina.

¿Qué le cabe hacer a la ciudadanía? Al pueblo que vive angustiado por la inseguridad que se ha incrementado en los últimos tiempos, ser consciente de la importancia que tienen los procesos que vienen a continuación, sobre todo el proceso electoral, y exigir al presidente, que ahora ya no tiene esa traba de que sus proyectos de leyes no sean aprobados por el Parlamento, pueda hacer una efectiva política social que reivindique a su Gobierno. Por otro lado, los ciudadanos tenemos que reflexionar profundamente sobre cuáles van a ser las opciones electorales que serán presentadas.

Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en este sentido de proponer mejores cuadros que no repliquen lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa con parlamentarios que no han estado a la altura de las circunstancias, han protagonizado situaciones vergonzosas y tienen pésimas calificaciones frente a la ciudadanía. La gran incógnita será el Movimiento Pachakutik, la Conaie, como organización indígena, y otros partidos como la Izquierda Democrática y el Partido Socialcristiano, que podrían salir fuertemente golpeados de un proceso electoral inmediato, dado el desgaste que han sufrido durante este último par de años, sobre todo frente al fracaso de alcaldías como la de Guayaquil, en el período anterior.

El clima de inestabilidad política preocupa a los actores económicos y sociales, lo que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de una gran mayoría del pueblo ecuatoriano.

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