Juicios exprés y visitas diarias a la comisaría: la nueva modalidad de represión en Nicaragua

Más noches de cacería de opositores en Nicaragua: 18 personas fueron capturadas por la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre el 12 y el 14 de mayo, en un nuevo escenario represivo que se ha caracterizado por enjuiciar de forma exprés a los detenidos por los delitos políticos de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.

A diferencia de lo que sucedía antes con los opositores, a los que encerraban en las prisiones del país, a principios de mayo, el Gobierno decidió no encarcelar a 57 detenidos, sino que, tras condenarlos en pocas horas y sin posibilidad de tener acceso a una defensa jurídica, los obligó a asistir diariamente a estaciones policiales a “firmar”.

La nueva jornada de capturas ocurrió en los departamentos de Rivas, Managua, Masaya, Granada, Chinandega, Chontales, Madriz, Boaco, así como en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, informó el Monitoreo Azul y Blanco, organización que se ha encargado de llevar el recuento de las detenciones “arbitrarias”. Entre los nuevos detenidos se encuentra Juan Carlos Márquez, integrante de la organización estudiantil, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). El joven fue secuestrado por oficiales en su casa en Nandaime, en el departamento de Granada, cuando regresaba de misa.

En Managua, fue detenido el doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense. En julio de 2021, el médico fue citado por la Fiscalía por un caso armado en contra de varios doctores que denunciaron la negligencia del régimen Ortega-Murillo durante la pandemia de covid. En la capital también fue capturado el notario Alejandro Vélez Brenes. Kilómetros más al sur, en Masaya, Yolanda González Escobar fue interceptada por la policía, a pesar de contar con medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio después que su casa fuera allanada en dos ocasiones.

“Afianzar el estado de terror”

Para la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, “todas estas acciones de la dictadura, al igual que la cancelación de las licencias de abogados y notarios a 26 nicaragüenses, persiguen afianzar el estado de terror en el país y la indefensión de la población ante las cotidianas y flagrantes violaciones a los derechos humanos”.

La Unidad Nacional Azul y Blanco resaltó que, a partir del 3 de mayo, decenas de ciudadanos nicaragüenses han sido capturados y eso incluye el “allanamiento ilegal de sus domicilios, el despojo de sus dispositivos electrónicos y, en varios casos, de bienes muebles y hasta dinero”. “En los días siguientes, la policía ha estado realizando visitas a distintos ciudadanos nicaragüenses y familiares de otros en el exilio, a fin de amenazarlos y advertirles que son objetivo policial”, denuncia la organización.

Analistas políticos consultados por EL PAÍS, pero que piden anonimato por temor, coinciden en que esta nueva modalidad es parte de una tendencia represiva “previsible de la dictadura sandinista que se aferra a una política de puertas giratorias para tener presos políticos como cartas de negociación y para desarticular cualquier brote de oposición en el país”.

“Esta obligación de ir a firmar a diario a las estaciones policiales es una forma de intimidación cuyo objetivo no solo es desarticular las redes opositoras en el país, sino que muchos tomen la decisión de exiliarse. Esto también es un cálculo racional del régimen para reducir el costo político de tener más presos en las cárceles”, explicó al medio Divergentes Douglas Castro, sociólogo en el exilio.

EL PAÍS ha conocido que varios de los detenidos y condenados en mayo ya se han exiliado a Costa Rica, donde han huido por veredas para evitar asistir a diario a las estaciones policiales a firmar. “Quedarse es estar en el limbo, porque ya condenado no sabés qué día la policía te llega a traer a tu casa para encerrarte en [la cárcel de] El Chipote”, dijo uno de los afectados que recién ha llegado a San José.

“El objetivo es que no haya ningún tipo de oposición dentro de Nicaragua. Personalmente, creo que es imposible que logren su cometido. Siempre va a haber algún tipo de resistencia o algún tipo de oposición desde las catacumbas, aunque no se manifiesten abiertamente”, dijo Douglas Castro.

Un exsandinista denuncia el “asesinato” de su sobrino

Por otra parte, Marlon Sáenz, un disidente sandinista que es uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen en Estados Unidos, denunció este mismo fin de semana que su sobrino político, Erick Centeno Ríos, murió bajo custodia policial.

A través de videos publicados en su cuenta de Facebook, Sáenz mostró la violenta captura que los policías hicieron de su sobrino el 13 de mayo en el aeropuerto de Corn Island, en el Caribe Sur de Nicaragua. “Así fue la captura y asesinato de mi sobrino Erick Ríos. Después apareció muerto”, expresó el desterrado.

Al menos cinco policías bajaron de su camioneta a Centeno Ríos, lo redujeron en el piso y lo vapulearon. Sáenz dijo que el cadáver de su sobrino fue enviado al municipio de Condega, en el departamento norteño de Estelí, de donde era originario. El hombre fue sepultado este lunes.

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