El encarcelamiento del líder islamista Ganuchi agudiza la represión en Túnez

El encarcelamiento de líder del partido islamista Ennahda, Rachid Ganuchi, figura clave de la oposición, ha agudizado la ola de represión en Túnez. Tras un interrogatorio de nueve horas, un juez ha ordenado este jueves su ingreso en prisión preventiva al acusarlo de “conspiración contra la seguridad interna del Estado”. Ganuchi, de 81 años, y expresidente del Parlamento, fue arrestado el lunes en una operación en la que participaron un centenar de agentes de policía, dentro de la serie de redadas que en los últimos meses ha golpeado a políticos críticos con el jefe del Estado, Kais Said.

El veterano líder opositor, que pasó gran parte de su vida en el exilio en Argel y Londres, fue detenido en la noche del lunes en su domicilio por unas declaraciones que fueron consideradas como “incitación a la violencia” por las autoridades. “Túnez, sin Ennahda, sin islam político, sin izquierda o sin otra forma de oposición, es un proyecto de guerra civil”, dijo Ganuchi. Desde el pasado febrero y tras el boicot del electorado a las legislativas convocadas por el presidente Said para consolidar su poder cuasi absoluto, una veintena de destacados jueces, políticos, periodistas y empresarios, de todo el espectro político, se encuentran en prisión provisional por el supuesto delito de “conspiración contra la seguridad del Estado”.

Ennahda ha condenado este miércoles la “injusta” decisión judicial contra su líder —”un símbolo nacional que luchó durante décadas bajo la dictadura”, alegó—, que ha tachado de “mera decisión política” para “encubrir el fracaso catastrófico [en las urnas] de la autoridad golpista”. Said disolvió el legislativo en 2021 y gobierna por decreto desde entonces. El partido islamista recordó que tras la revolución que depuso al dictador Zin el Abidín Ben Alí en 2011, que marcó el estallido de la Primavera Árabe, sus dirigentes rechazaron “la venganza y promovieron una amnistía general en aras de la unidad nacional”.

Desde hace más de una década, Ganuchi ha sido un actor clave en la formación del Gobierno de coalición entre el movimiento islamista, el más votado en general, y partidos laicos. En los últimos meses, había sido arrestado en repetidas ocasiones, aunque era después liberado a las pocas horas.

Las redadas en cadena bajo el régimen autocrático se han producido después de que nueve de cada diez electores lo boicotearon en las elecciones legislativas, que convocó los pasados meses de diciembre (primera vuelta) y enero (segunda). El mandatario confiaba en plebiscitar en las urnas su modelo autocrático de gobierno para concentrar el poder en sus manos. Said, un profesor de Derecho Constitucional de 66 años, gobierna desde 2021 con amplísimas prerrogativas tras disolver el Parlamento. Llegó al poder en 2019, en medio de una grave crisis económica.

La poderosa central sindical Union General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), que agrupa a un millón de afiliados, avaló inicialmente el autogolpe presidencial, con la esperanza de que pudiera hacer frente a la bancarrota derivada de la pandemia, pero hace un mes se sumó a las protestas convocadas por el frente de oposición. En medio de la creciente inestabilidad, el presidente ha intentado negociar un plan de rescate por importe de 1.900 millones de dólares (1.730 millones de euros) con el Fondo Monetario Internacional, cuya aprobación sigue en suspenso desde el pasado diciembre.

Condenas a la represión de EE UU y la UE

“Las detenciones por parte del Gobierno tunecino de opositores y críticos políticos están fundamentalmente en contradicción con los principios adoptados por los tunecinos en una Constitución que garantiza explícitamente la libertad de opinión, pensamiento y expresión”, ha indicado este miércoles el portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE UU, Vedant Patel. También calificó de “escalada preocupante” la decisión del Ministerio del Interior tunecino de prohibir las reuniones de Ennahda, que era el partido más votado en el Parlamento disuelto por el jefe del Estado, y clausurar sus sedes de hecho tras el arresto de Ganuchi.

La Unión Europea expresó también el martes su “preocupación” por los acontecimientos en Túnez e insistió en la necesidad de que las autoridades respeten el pluralismo político. El Ministerio de Exteriores tunecino calificó las críticas de la UE de “injerencia inaceptable” en los asuntos internos, y advirtió de que la justicia de su país “no cederá a la presión” exterior.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha condenado también “el abuso de los decretos de emergencia para reprimir a la oposición política”, por parte del régimen del presidente Said, lo que “devuelve a Túnez a un pasado reciente de autoritarismo desenfrenado”. “Las autoridades están intensificando su represión ilegal contra todas las formas de disidencia legítima a través de arrestos arbitrarios y procesamientos cada vez más politizados”, denunció la organización de juristas.

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