La exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili sale de prisión mientras el juez busca nuevos implicados en el ‘Qatargate’

Por una vez, la agitación no tenía lugar este viernes en el Parlamento Europeo, sino a un centenar de metros, en el bloque de apartamentos adonde llegó a media mañana la griega Eva Kaili tras pasar cuatro meses en prisión preventiva como una de las principales inculpadas por el Qatargate. La exvicepresidenta de la Eurocámara ha sido la última de los acusados en abandonar la cárcel por la trama de presuntos sobornos de países como Qatar y Marruecos que ha convulsionado a las instituciones europeas. Con su paso a régimen de arresto domiciliario, el caso entra en una nueva fase, cuyo final judicial nadie se atreve aún a precisar.

Mientras, sus todavía compañeros de hemiciclo —tanto Kaili como otro de los inculpados arrestados, el belga Marc Tarabella, conservan el acta de eurodiputados y cobran su salario como tales— buscan acelerar unas reformas para evitar que un nuevo Qatargate vuelva a poner en duda el prestigio y los valores del entramado europeo.

La Eva Kaili que llegó este 14 de abril a su apartamento de Bruselas, en un coche negro cuyas ventanillas tintadas bajó para saludar fugazmente a la prensa antes de desaparecer en el garaje, era una mujer sonriente pese a los estragos de haber pasado 126 días recluida en una celda. Una Eva Kaili muy distinta a la que, desde esa misma casa, otro viernes, un frío y gris 9 de diciembre, vio cómo su vida y carrera se derrumbaban súbitamente cuando la policía arrestaba a la salida del domicilio a su pareja, el asistente parlamentario Francesco Giorgi. Poco después caía su padre, detenido con una maleta llena de dinero y, finalmente, lo hacía la propia Kaili, cuya inmunidad parlamentaria quedó anulada al ser sorprendida en lo que la justicia consideró un intento flagrante de ocultar pruebas.

“Mi hija me está esperando y estoy muy contenta de volver a estar con ella”, afirmó Kaili a su llegada, en referencia a la niña de dos años que tiene con Giorgi. El italiano, que al contrario que Kaili sí ha confesado su implicación en el Qatargate, se encuentra en arresto domiciliario desde finales de febrero. En vísperas de la salida de Kaili de prisión, con un brazalete electrónico para vigilar en todo momento que no abandona su vivienda, sus abogados habían dado a entender que la griega no quiere saber nada de su compañero; le reprocha haberla implicado en una trama de la que ella siempre se ha declarado inocente pese a que en su casa se hallaron bolsas y maletas de dinero.

“La lucha continúa con la determinación de mis abogados. Hablaremos pronto”, se limitó a decir Kaili. “Sale de prisión con dignidad y sin haber admitido delitos que no ha cometido”, había insistido la víspera su defensor, el abogado griego Michalis Dimitrakopoulos. “El camino que le queda sigue siendo difícil, pero va a pelear para probar su inocencia. Sueña con ser absuelta y volver a Grecia a abrazar a los compatriotas que confiaron en ella”.

El camino es largo. El caso sigue en proceso de instrucción y fuentes conocedoras del expediente dudan de que esta concluya antes de diciembre. Luego queda fijar fecha para el juicio, algo que podría tardar años.

Otra duda es si habrá nuevas detenciones: más allá de los inculpados hasta ahora por corrupción y blanqueo de dinero —Kaili, Giorgi, Tarabella, el sindicalista Luca Visentini y el presunto cabecilla de la trama, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri—, el juez investiga otros nombres ligados a la causa, entre ellos varios eurodiputados más.

Desde que Panzeri firmó en enero un acuerdo de “arrepentido” con la justicia belga a cambio de una condena menor, también se han filtrado más nombres: los de la belga Marie Arena y las eurodiputadas italianas Alessandra Moretti y Lara Comi. Todas niegan cualquier implicación. Por el momento, el único al que la justicia belga busca es el también italiano Andrea Cozzolino. Este se halla bajo arresto domiciliario en Nápoles a la espera de que la justicia italiana acepte su deportación, después de que el Parlamento Europeo aprobara en febrero el levantamiento de su inmunidad, igual que la de Tarabella. La justicia belga no ha vuelto a emitir nuevos suplicatorios.

Salvo Comi, que pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), los sospechosos formaban parte del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) presidido por la española Iratxe García. La formación europea forzó a los señalados a abandonar sus funciones en el seno del grupo nada más desatarse el escándalo. Kaili fue destituida como vicepresidenta de la Eurocámara.

Pese a ello, tanto Kaili como Tarabella y Cozzolino continuarán percibiendo buena parte de su salario mientras mantengan su acta, algo que es una decisión nacional y no de la Eurocámara. Así, salvo las dietas por asistir a votaciones en plenos, tienen derecho a su paga, que supera los 7.000 euros mensuales. La griega no ha revelado por el momento sus planes profesionales, pero Tarabella sí ha manifestado, desde su salida de prisión esta semana, su intención de continuar, en la medida de lo posible, como alcalde de la localidad belga de Anthisnes y como eurodiputado.

“Va a trabajar como si estuviera confinado, como durante la covid. No puede votar, pero puede enmendar textos o seguir debates en comisión. Es una actividad casi normal”, explicó a EL PAÍS un portavoz del eurodiputado belga. Desde su casa, pues, seguirá el nuevo pleno que se celebra en Estrasburgo este lunes. Una fecha en la que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, quiere empezar a implementar algunas de las principales reformas que ha impulsado para evitar un nuevo Qatargate. A apenas un año de las nuevas elecciones europeas, los tiempos aprietan.

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