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El régimen de Daniel Ortega condena a la primera familia de un exiliado político de Nicaragua

El nuevo patrón de captura contra parientes de perseguidos políticos “reafirma las prácticas de terrorismo intensificado contra diferentes sectores sociales del país”, advierte el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Wilfredo Miranda Aburto
Presos políticos en Nicaragua
Un hombre con cadenas en las manos y una bandera de Nicaragua participa en una misa por la liberación de presos políticos.Jorge Torres (efe)

La esposa, la hija y el yerno del opositor nicaragüense Javier Álvarez fueron condenados el pasado 18 de enero por los tribunales de Daniel Ortega y Rosario Murillo por los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas” en redes sociales. Las penas que la Fiscalía pidió contra Jeannine Horvilleur Cuadra, Ana Carolina Álvarez Horvilleur y Félix Roiz Sotomayor fueron de ocho años para ellas y diez para él. Esta familia se convirtió en la primera en ser condenada por el hecho de ser parientes de un perseguido político. Se trata de un nuevo modus operandi represivo del régimen sandinista: el encarcelamiento de familiares de exiliados políticos.

Desde antes de noviembre de 2022, cuando Ortega y Murillo realizaron unas elecciones municipales sin competencia, en las que el sandinismo consolidó el régimen de partido único al adjudicarse todas las 153 municipalidades del país, la policía comenzó a perseguir y encarcelar a familiares de exiliados políticos quienes desde el exterior siguen criticando “a la dictadura”.

Madre, hija y yerno fueron detenidos el 13 de septiembre de 2022, cuando un convoy policial llegó a buscar a Javier Álvarez. Los oficiales no lo encontraron porque antes había huido a Costa Rica a exiliarse por temor a que lo detuvieran. Sin embargo, la Policía capturó primero a Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, quienes tienen doble nacionalidad: nicaragüense y francesa. Luego los oficiales se dirigieron a atrapar a Félix Roiz.

La familia fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la prisión mejor conocida como El Chipote, donde organismos de derechos humanos denuncian que los presos políticos reciben tratos crueles e inhumanos, hasta torturas. La familia ha estado cuatro meses encerradas en El Chipote, hasta que el pasado primero de octubre por fin fueron presentados ante un juez adicto al régimen. Lo que más le preocupa a Javier Álvarez es la salud de su esposa Jeannine, sobreviviente de cáncer y cuyo estado de salud “es delicado”. Pese a eso, los oficiales de El Chipote no recibieron los medicamentos que a diario toma la mujer de 63 años.

“Es una barbarie la que comete el régimen. Se trata del primitivismo más acabado en los derechos humanos y el respeto a las personas. Estamos llegando a unos niveles de agresión insostenibles”, dijo Álvarez después de enterarse de la captura de sus familiares. “Exijo que liberen a mi esposa, a mi hija y que liberen a mi yerno. Si tienen algo contra mí, que me busquen”, insistió.

Álvarez reveló luego que la policía ofreció liberar a su familia a cambio de que él se entregara en El Chipote. “No voy a regresar a Nicaragua porque mi vida corre peligro en el país. Hay odio contra mi persona que no sé de dónde sale porque nunca he comparecido a medios de comunicación dando declaraciones ni he firmado comunicado alguno. Reconozco que soy un opositor. No me gusta este régimen. Yo quiero una Nicaragua libre”, dijo.

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Otro caso similar es el de Andrea Margarita del Carmen, directora de Programas del PEN en Nicaragua: el 14 de septiembre de 2022 la policía fue por ella, pero al no encontrarla capturaron a su hijo Gabriel Alfonso López, un auditor de 34 años. Fue acusado por el delito político “de menoscabo contra la integridad nacional”. Andrea Margarita denunció que los policías le enviaron mensajes desde el celular de su hijo que ella ignoró. “Cuando mi familia fue a preguntar por él a El Chipote, los policías le dijeron que quien les interesaba era yo, y que él solo salía libre si me entregaba”, relató.

Exiliada en Costa Rica, la dirigente del partido político UNAMOS –antes llamado Movimiento Renovador Sandinista– Dulce Porras, teme por su hermano, quien fue acusado por “el delito de conspiración” y “propagación de noticias falsas”. La persecución contra los familiares de exiliados ha instalado un clima de autocensura en Costa Rica y otros países. Hay mucho miedo de que el régimen Ortega-Murillo encarcele a parientes que no están relacionados con temas políticas y no tienen una oposición activa.

“Esto ya es un patrón de acciones arbitrarias e inconstitucionales por parte de la policía. Capturar a seres queridos de las personas perseguidas tiene como objetivo no solo amedrentar, sino obligarlas a entregar información para la captura de la persona buscada”, dijo Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica. “Este nuevo patrón reafirma las prácticas de terrorismo intensificado contra diferentes sectores sociales del país”, añadió el abogado y fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

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Sobre la firma

Wilfredo Miranda Aburto
Periodista nicaragüense. Colaborador de EL PAÍS basado en Costa Rica, donde está exiliado. Ha cubierto temas políticos, en especial sobre violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal de tierras indígenas, medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica. Ha ganado el premio Ortega y Gasset y el Rey de España.

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