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Canadá indemnizará a grupos indígenas por el impacto en sus culturas de los internados para menores

Ottawa pagará más de 2.000 millones de dólares a 325 comunidades por los estragos culturales dejados por estos centros que operaron entre 1883 y 1996

Internado Kamploops
Un antiguo internado en Kamloops, en la Columbia Británica.LIBRARY AND ARCHIVES CANADA (Reuters)

El Gobierno canadiense indemnizará a 325 comunidades indígenas del país por el impacto cultural que tuvo en estos grupos la red de internados para niños autóctonos. El arreglo alcanzado entre las partes, que contempla el pago de unos 2.800 millones de dólares canadienses (unos 2.095 millones estadounidenses), pone punto final a una batalla en tribunales iniciada hace más de una década. “Acuerdos como este no borran el pasado ni reparan lo que se hizo”, señaló Marc Miller, ministro federal de Relaciones Indígenas, “pero pueden ayudar a remediar el daño colectivo causado por el pasado profundamente colonial de Canadá, que se tradujo en la pérdida de la lengua, la cultura y el patrimonio”, añadió.

Dos comunidades indígenas de la provincia de Columbia Británica presentaron una demanda en 2012 por dicho impacto. Con el tiempo, otros grupos fueron sumándose al recurso. El arreglo alcanzado contempla que la cantidad sea invertida durante 20 años en un fondo fiduciario, sin ánimo de lucro e independiente del Gobierno. Shane Gottfriedson, antiguo jefe del pueblo Tk’emlúps te Secwépemc y miembro de la comisión negociadora, afirmó el sábado que “el acuerdo permite a nuestras naciones controlar este proceso” para la revitalización cultural. “Gestionaremos y distribuiremos los fondos. Los proporcionaremos a las 325 comunidades de forma justa y objetiva”, agregó.

Una corte federal deberá pronunciarse sobre los distintos elementos del compromiso el próximo 27 de febrero. A raíz de un acuerdo firmado en 2007, el Gobierno canadiense desembolsó unos 3.200 millones de dólares –entre compensaciones y gastos jurídicos- a ex alumnos de los internados. Sin embargo, el arreglo recientemente alcanzado es el primero que indemniza a comunidades por los impactos negativos de estos centros. En un informe presentado en 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que la red de internados –creada para asimilar por la fuerza a los menores autóctonos- supuso “un genocidio cultural”.

Un total de 139 internados funcionaron en Canadá. Su financiamiento corrió a cargo del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo a cargo de comunidades religiosas (católicas en su mayoría). El primero comenzó a operar en 1883; el último cerró sus puertas en 1996. Unos 150.000 menores vivieron en estos centros por la fuerza. Además de los daños para las culturas autóctonas, la negligencia, los castigos físicos, la violencia sexual y la explotación laboral fueron comunes dentro de sus muros. Los internados han dejado profunda huella en varias generaciones de indígenas canadienses.

En su visita a Canadá a finales de julio, en un viaje que catalogó como una “peregrinación penitencial”, el papa Francisco expresó: “Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas”. El pontífice agregó: “Estoy dolido. Pido perdón, en particular, por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los Gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales”.

El descubrimiento de centenares de tumbas sin marcar -desde mayo de 2021- en terrenos de varios de estos antiguos internados ha causado consternación dentro y fuera del país. El más reciente tuvo lugar en la provincia de Ontario. Líderes de la comunidad Wauzhushk Onigum informaron el pasado 17 de enero que fueron halladas 171 sepulturas potenciales –por medio de un georradar y tomando en cuenta testimonios de ex alumnos- en una zona perteneciente al antiguo internado de St. Mary, institución que operó de 1897 a 1972. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció en 2019 que 4.134 menores fallecieron en estos centros. Sin embargo, algunos expertos calculan más de 6.000 decesos.

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