El ‘Qatargate’ crece con la petición de levantar la inmunidad a dos eurodiputados

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este lunes la apertura de un procedimiento de urgencia para levantar la inmunidad a dos eurodiputados sospechosos de estar implicados en el Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos a influyentes personalidades en Bruselas que ha sacudido a las instituciones europeas y que ya tiene en prisión preventiva a la exvicepresidenta griega de la institución Eva Kaili, y a un antiguo parlamentario europeo, Pier Antonio Panzeri, entre otros.

Fuentes comunitarias han confirmado a este diario que los suplicatorios, enviados por la justicia belga, responsable de la investigación del Qatargate, afectan al eurodiputado socialista belga Marc Tarabella y al italiano Andrea Cozzolino. Los nombres de ambos habían figurado desde que estalló el escándalo en lo más alto de la lista de sospechosos, debido a su cercanía con Panzeri, considerado el principal responsable de la trama de sobornos que presuntamente países como Qatar, Marruecos y Mauritania pagaron para lograr políticas favorables de la Eurocámara. De hecho, el domicilio de Tarabella fue registrado nada más saltar el caso, el 9 de diciembre. Como Tarabella goza aún de inmunidad parlamentaria, Metsola tuvo que regresar de urgencia a Bruselas para estar presente en el registro de la vivienda del eurodiputado, que hasta ahora ha negado cualquier implicación en el Qatargate.

“Desde el primer momento, el Parlamento Europeo ha hecho todo lo que está en sus manos para ayudar en las investigaciones. Vamos a seguir asegurándonos de que no haya impunidad”, ha declarado Metsola en un comunicado en el que ha anunciado el comienzo del procedimiento, que puede prolongarse varias semanas.

La presidenta del grupo socialista en la Eurocámara, Iratxe García, ha reiterado su apoyo a que el caso se tramite con “transparencia y celeridad” y ha asegurado la colaboración para que el procedimiento se realice “lo antes posible y que se levante la inmunidad” a los eurodiputados señalados.

El primer paso oficial se dará el 16 de enero, cuando Metsola, como indica el protocolo en estos casos, anuncie ante el plenario el suplicatorio de la justicia belga. Esta es la “primera oportunidad” en el calendario legislativo, según su oficina. A continuación, la demanda se pondrá en manos del comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, presidido por el español Adrián Vázquez (Ciudadanos), que es la instancia que deberá iniciar un proceso que incluye el nombramiento de un relator y audiencias de los afectados antes de que se emita un informe que se enviará de nuevo al plenario. Este es el que tendrá la voz (y voto, por mayoría simple) final sobre el levantamiento o no de la inmunidad.

Máxima prioridad

Metsola ha indicado que quiere que todo el proceso esté concluido el 13 de febrero, para lo cual ha pedido a todos los servicios y comités implicados que “den prioridad a este procedimiento”.

“Los responsables [del Qatargate] van a ver que el Parlamento se pone del lado de la ley. La corrupción no puede ser rentable y vamos a hacer todo lo posible para combatirla”, ha subrayado Metsola en su comunicado. Una postura firme que ha reiterado en las redes sociales. “No habrá impunidad. Nada”, ha subrayado en Twitter la maltesa, que al iniciarse el escándalo prometió una “reforma profunda” para mejorar la transparencia en la Eurocámara.

Metsola presentará su propuesta “en las próximas semanas”. Esta incluirá una “reforma de las actuales normas” y la “mejora de los sistemas internos” de control, ha adelantado la oficina de la presidenta del Parlamento Europeo. La propuesta, a la que tuvo acceso EL PAÍS, consistirá en un plan de 10 medidas para combatir la corrupción que plantea, por ejemplo, más mecanismos de protección para quienes informen de irregularidades dentro de la institución, un nuevo “registro obligatorio de transparencia” de todas las reuniones con países de fuera de la UE o imponer un control de los contactos que tienen los eurodiputados con grupos de presión y organizaciones de países ajenos a la UE.

Cuatro personas permanecen en prisión preventiva acusadas de corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal por el Qatargate. Se trata de Panzeri, eurodiputado socialista hasta 2019 y posteriormente fundador de una ONG en Bruselas, Fight Impunity, que se sospecha usaba como pantalla para encubrir los sobornos. Panzeri fue detenido al comienzo de la operación, el 9 de diciembre, cuando la policía belga realizó un total de seis arrestos y se incautó de 1,5 millones de euros en efectivo.

Además de Panzeri, siguen detenidos preventivamente el asistente parlamentario Francesco Giorgi, así como su pareja y todavía eurodiputada, la griega Eva Kaili, hasta el momento la figura del Parlamento Europeo de más alto perfil implicada en la trama. Kaili, que era una de las 14 vicepresidentas de la Eurocámara, pudo ser detenida a pesar de su inmunidad por haber sido sorprendida en “flagrante delito”, uno de los motivos que permiten arrestar a un diputado. El Parlamento Europeo la destituyó como vicepresidenta tres días después de su arresto.

En prisión a la espera de juicio está, además, otro italiano, Niccolo Figa-Talamanca, que dirigía otra ONG muy ligada a Panzeri, No Peace Without Justice. La justicia belga ha rechazado hasta la fecha poner en libertad a ninguno de los cuatro imputados. De hecho, la semana pasada ordenó el ingreso de nuevo en prisión de Figa-Talamanca, quien en un primer momento había sido logrado la libertad vigilada.

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