La Comisión Europea avaló que un excomisario entrara en la ONG implicada en el ‘Qatargate’

La Comisión Europea investigó y acabó avalando que uno de sus antiguos comisarios, el griego Dimitris Avramopoulos, fuera miembro de la junta honoraria de la ONG Fight Impunity cuyo presidente, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, está considerado el principal sospechoso del Qatargate, el escándalo de sobornos a eurodiputados y otros funcionarios de la UE a cambio, presuntamente, de favorecer políticas de países como Qatar y Marruecos.

Otra antigua miembro del Ejecutivo europeo y también participante en la controvertida ONG, la exvicepresidenta de la Comisión y antigua Alta representante de Política Exterior Federica Mogherini, no tuvo que pedir permiso porque que se incorporó a comienzos de este año, cuando ya había pasado el “periodo de incompatibilidad” de dos años durante el cual un antiguo comisario tiene que notificar a la Comisión antes de asumir “cualquier nueva función”, según el Código de Conducta de la institución.

En el caso de Avramopoulos, el visto bueno del Ejecutivo europeo, concedido tras recibir a su vez la opinión favorable del Comité Independiente de Ética de la Comisión, se produjo en febrero de 2021, mucho antes de que estallara el Qatargate. E, incluso, de que la justicia belga comenzara a investigar el entorno de Panzeri, preocupada por la posibilidad de injerencia de un tercer país. No obstante, esa aprobación comunitaria evidencia uno de los puntos débiles de los sistemas de control de las instituciones europeas, que han quedado de relieve con este escándalo: los documentos oficiales señalan, por ejemplo, que se sabía que la ONG no estaba inscrita en el registro de transparencia de la Comisión en el momento en que se le dio el visto bueno para que participara a Avramopoulos, comisario de Migración y Asuntos Internos entre 2014 y 2020.

En la decisión que acaba avalando que el griego trabaje para la ONG o que llegue a cobrar un salario por sus actividades “durante un año” (5.000 euros brutos mensuales, según ha precisado este lunes el propio Avramopoulos) se indica que el excomisario “informó a la Comisión de que planeaba registrarse en cuanto reanudara su presencia física en Bruselas tras la pandemia de covid-19″. Aunque este punto está destacado en la decisión final, nunca después se comprobó que Fight Impunity cumpliera su promesa de inscribirse en el registro, un requisito que, si bien no es obligatorio todavía —algo que la UE quiere cambiar tras el escándalo—, sí está considerado una garantía de transparencia. De hecho, actualmente, hay inscritas 12.411 organizaciones que ejercen tareas de cabildeo en Bruselas, pero la asociación de Panzeri sigue sin constar en el registro.

La Comisión Europea ha defendido este lunes su forma de actuar y ha recordado que el registro de transparencia, que solo es obligatorio para esta institución, únicamente obliga al Ejecutivo europeo a comprobar si una organización está inscrita si algún representante de esta busca un encuentro con un comisario o un alto funcionario de la institución que dirige Ursula von der Leyen.

Además, ha indicado que no tiene constancia de un incumplimiento de las condiciones por parte de Avramopoulos. Aun así, ha asegurado, está investigando si pudo haber algún tipo de conducta inapropiada por parte del excomisario, extremo que éste ha negado vehementemente desde Atenas.

“Estamos realizando controles internos y, por supuesto, si es necesario contactaremos con el antiguo comisario para tener más detalles”, ha declarado el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer. Según ha explicado, una de las condiciones para recibir el visto bueno para trabajar en Fight Impunity era que Avramopoulos no realizara ningún tipo de cabildeo para la organización de Panzeri con miembros del Ejecutivo europeo. En las últimas horas han salido a la luz fotografías recientes en la cuenta de Twitter del griego con dos comisarios en funciones, su “buena amiga” y vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, responsable de Transparencia y Valores, con quien sale brindando con una copa de vino el 3 de octubre, y con su colega de Presupuesto Johannes Hahn el 3 de julio, en una imagen que, por el contexto de “unos días de verano en Grecia”, parece tomada en un encuentro vacacional.

Mamer indicó al respecto que las normas no prohíben que un antiguo comisario se encuentre con alguien del Ejecutivo, solo que esa cita no tenga como trasfondo alguna cuestión de interés para la organización que representa. “Estamos comprobando si las condiciones se cumplían. Por el momento, no tenemos razones para pensar que no era el caso”, ha reiterado.

Todo apunta, además, a que las instituciones europeas ni siquiera tenían constancia de que la ONG, como reveló el diario Le Soir la semana pasada, jamás rindió cuentas tampoco ante las autoridades belgas: de acuerdo con el rotativo que adelantó el Qatargate, aparte del acta constitutiva de Fight Impunity como sociedad sin ánimo de lucro presentada ante notario el 25 de septiembre de 2019, no figura ningún rastro de sus cuentas en los registros belgas, pese a que la ley nacional obliga a que se presenten anualmente.

La decisión de la Comisión sobre Avramopoulos se produjo cuando la ONG estaba ya supuestamente activa desde hacía casi año y medio. El pasado domingo 11, Avramopoulos aseguró en Twitter que, tras conocer de la investigación contra Panzeri, dimitió “de inmediato” de la junta honoraria de Fight Impunity junto con otros dos miembros destacados: la antigua Alta representante para Política Exterior de la UE Federica Mogherini y el exprimer ministro francés Bernard Cazeneuve. Este último aseguró la semana pasada en la emisora Franceinfo que ni siquiera conocía a Panzeri. “No lo he visto en mi vida. Acepté ese papel honorífico hace dos o tres años, pero jamás oí hablar de ellos después. He pedido que se retire mi nombre”, explicó.

También Avramopoulos ha asegurado que ya no estaba vinculado a la ONG. En un comunicado retransmitido a la agencia griega ANA este lunes, ha explicado que el pasado febrero -justo cuando entraba Mogherini- decidió dejar de cobrar de Fight Impunity en vista de que “la actividad de la organización había caído significativamente”. Por su parte, un portavoz del Colegio de Europa en Brujas, que ahora dirige Mogherini, ha explicado a este diario en un correo electrónico que la exalta diplomática europea dimitió también el 10 de diciembre de la junta honorífica de la ONG en la que entró el pasado febrero y que “nunca recibió ningún salario u otra remuneración” de Fight Impunity. Durante los 10 escasos meses que estuvo en la junta, Mogherini “no tuvo ningún papel activo ni participó en ninguna actividad de la organización, salvo unas palabras de bienvenida en un evento co-organizado con estudiantes en Brujas cuando se presentó un informe de la organización en marzo”, agrega.

Pese a sus peticiones, ninguno de los nombres de los miembros honorarios, entre los que también figuran el Premio Nobel de la Paz 2018 Denis Mukwege o la también excomisaria europea italiana Emma Bonino, han sido retirados de la web de Fight Impunity. Por el contrario, ya no constan en ella los integrantes del “equipo de trabajo” de la ONG. Uno de ellos, el también asistente parlamentario Francesco Giorgi, es otro de los imputados por corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal junto a Panzeri y a la griega Eva Kaili, pareja de Giorgi y, hasta el lunes pasado, vicepresidenta del Parlamento Europeo.

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