Rusia apunta en su primera lista negra a las organizaciones LGTBI e incluirá a los críticos con el alistamiento militar

Las autoridades rusas han dado una nueva vuelta de tuerca a su ya represiva ley sobre agentes extranjeros. Desde el 1 de diciembre ya no es necesario haber recibido dinero del exterior para que un ciudadano sea catalogado bajo esta etiqueta en Rusia. Basta con que las autoridades consideren que ha caído “bajo la influencia extranjera” o que denuncie algún problema en la movilización forzosa de ciudadanos rusos para ir al frente de Ucrania para añadirle a la lista negra, que, por primera vez, también revela los datos personales. Las únicas direcciones publicadas ahora son las de organizaciones de defensa de los derechos del colectivo LGTBI en plena ofensiva contra esta minoría. Actualmente, el listado incluye a 493 personas y organizaciones civiles.

La figura del agente extranjero existe en muchos países para designar a entidades que trabajan para otros Estados y no forman parte de su misión diplomática. Por ejemplo, en EE UU esa etiqueta obliga a entregar más información a las autoridades sobre el origen del dinero recibido. Sin embargo, en Rusia la ley se ha reformado con tantas enmiendas e iniciativas que su aplicación puede ser arbitraria y sus consecuencias más graves: desde la prohibición para convocar manifestaciones y participar en política, a la denegación de todo tipo de ayudas públicas, lo que formalmente podría afectar incluso a subsidios sociales. A partir de ahora, casi cualquiera puede ser incluido en la lista: el líder de la banda de rock Mashina Vrémeni, Andréi Makarévich, ha entrado recientemente en ella por conceder una entrevista a un medio ucranio.

El Ministerio de Justicia ruso ha unificado todas las listas que tenía hasta ahora y ha publicado un registro único que incluye entre sus campos el nombre del agente extranjero, su fecha de nacimiento, su número de identificación fiscal, su número de seguridad social, su dirección habitual y, si es una organización, un espacio para identificar algunos de sus miembros.

Además del veto formal para organizar actos públicos, los afectados denuncian que esta mancha les hace aún más difícil su vida, pues alquilar un piso o pedir un préstamo se complica por el temor del arrendador o de los bancos a verse envueltos en problemas.

Los únicos domicilios que figuran en la lista negra son los de varios colectivos defensores de la minoría LGTBI: Red LGBT de Rusia, Mayak (Faro, en ruso), Vyjod (Salida), Revers (Empuje inverso), +Initsiativ, Centro de Recursos para el LGTB y Grupo de Iniciativa Trans Acción T. Estas organizaciones están repartidas por todo el país, de Moscú a San Petersburgo, pero también en recónditos lugares de Siberia. “Brindamos asistencia legal, psicológica y social a personas LGTBI y a las mujeres víctimas de la violencia. Hacemos todo lo posible para darle a estas personas la fuerza necesaria para proteger sus derechos. A juzgar por las críticas, tenemos éxito”, explica en su página web Mayak, movimiento afincado en el extremo oriental del país.

También se señala al comité contra la tortura o a organizaciones como la plataforma Golos, con sede en Moscú que supervisa las posibles irregularidades de las elecciones rusas, y OVD-Info, portal periodístico que informa de la represión en las protestas. Según datos de OVD-Info, 19.442 manifestantes han sido detenidos hasta ahora por salir a la calle contra la guerra.

Temor en las familias de movilizados

Otra de las novedades de la legislación de agentes extranjeros es que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha introducido 60 temas comunes (es decir, información no clasificada) de los que no se puede hablar públicamente porque puede ser “perjudicial para los intereses de la Federación de Rusia”. Algunos de los asuntos vetados son la gestión de la movilización decretada por el presidente Vladímir Putin en septiembre, el estado moral de las tropas, o los crímenes que se puedan cometer en la ofensiva.

El Consejo de Madres y Esposas, una plataforma fundada recientemente por mujeres de civiles movilizados para combatir en Ucrania, ha exigido que se anule esta iniciativa. Su grupo no fue invitado por Putin a su reunión, hace una semana, con varias madres de militares, algunas de ellas con cargos afines al Kremlin. Además, el supervisor de las telecomunicaciones ruso, Roskomnadzor, cerró la página del Consejo en vKontakte, el Facebook ruso. Las familiares de los soldados denuncian haber recibido amenazas de que podrían ser declaradas agentes extranjeros.

“No se han atrevido a llamarnos agentes extranjeros patrocinados por Occidente, por Polonia”, proclamaba el movimiento en su canal de Telegram después de no haber recibido ninguna notificación al respecto tras la entrada en vigor de la ley. “Nos han tirado barro encima para que nadie crea en nosotras y nos consideren agentes extranjeros (…) Solo somos mujeres que compramos productos con descuentos, vamos en transporte público, usamos chaquetas baratas, y escribimos quejas al no saber el paradero de sus hijos”, publicaba Viktoria, madre de un combatiente ruso, en redes sociales.

La nueva legislación sigue sin aclarar bien cuándo deben identificarse los agentes extranjeros con una etiqueta que, a partir de ahora, también recalca que es contenido para mayores de 18 años. La histórica fundación Memorial, por ejemplo, fue clausurada a finales del pasado año por no recalcar su condición extranjera en todos sus contenidos de redes sociales y publicaciones.

“Es imposible decir con certeza si una foto de una mascota o un niño publicada en una red social será considerado ‘material relacionado con la actividad de un agente extranjero’ (esto es parte de la etiqueta obligatoria que deben escribir)”, señala el centro para la defensa de los derechos de los medios de comunicación. Esta organización además debe tener cuidado al publicar fotos de gatitos: también es agente extranjero para las autoridades rusas.

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