Meloni choca con Alemania por la llegada de barcos con migrantes a las costas italianas
Berlín exige que Roma deje entrar “rápidamente” a los migrantes rescatados por una ONG germana, pero la primera ministra italiana califica estas embarcaciones como “piratas” y medita todavía si cerrarle los puertos
La nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se ha topado ya con su primer conflicto con un socio comunitario a cuenta de la inmigración. Vista su idea del fenómeno, era solo cuestión de tiempo. El Gobierno de Alemania ha exigido al de Italia que auxilie “rápidamente” a los más de 100 menores no acompañados a bordo del barco de la ONG SOS Humanity, que espera una autorización para llevar a puerto a 179 migrantes y refugiados rescatados en el Mediterráneo. El Humanity 1, que porta bandera alemana, espera desde hace días a que las autoridades italianas decidan si permiten la entrada en uno de sus puertos. En igual situación están el Geo Barents de Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Ocean Viking, de SOS Méditerranée. En total, casi un millar de migrantes. Pero Meloni ya ha avisado de que son los países de la bandera que porta el barco los que deben responsabilizarse de los pasajeros rescatados.
La opinión de Meloni es parecida a la que mantuvo su socio de la Liga, Matteo Salvini, durante su turbulento periodo como ministro del Interior. Básicamente, solo se quiere dejar entrar a los barcos cuyo pasaje haya sido previamente redistribuido con los socios comunitarios. La primera ministra italiana ha aprovechado su primera visita a Bruselas, este jueves, para reafirmar la postura del nuevo Gobierno sobre la migración: “Hemos hablado de flujos migratorios, de un cambio de la posición italiana a algo previsto por las normas europeas, que es la protección de las fronteras exteriores”. “Esta es una materia muy delicada en la que he encontrado oídos receptivos a la escucha”, ha añadido. Meloni ha afirmado que en su primera jornada en la capital comunitaria como primera ministra, tras verse con las presidentas del Parlamento (Roberta Metsola), de la Comisión (Ursula von der Leyen) y el del Consejo (Charles Michel), ha encontrado un buen clima e interlocutores dispuestos a escuchar sus posiciones como si no fueran “marcianos, sino gente que defiende sus posiciones”, informa Manuel V. Gómez.
La líder italiana también ha expresado su opinión en un libro que todavía no se ha publicado —saldrá el 4 de noviembre— y cuyas declaraciones se recogieron hace tres días, cuando el SOS Humanity ya estaba en alta mar. “Hay que recordar qué es el Derecho del Mar, muchas veces invocado incorrectamente. Si uno encuentra en el mar un barco con problemas, estás obligado a salvar quien está a bordo. Pero si hace de ferri entre las costas africanas y las italianas para transportar migrantes, está violando abiertamente el Derecho del Mar y la legislación internacional”, apuntó para el libro del periodista Bruno Vespa. “Si, además, una nave de una ONG tiene una bandera alemana, hay dos opciones. O Alemania la reconoce y se hace cargo de ella, o se convierte en un barco pirata”.
Meloni explica en la entrevista para el libro sus planes, que pasan por impulsar un plan de desarrollo en África y, al mismo tiempo, animar a esos países a que impidan la salida de este tipo de barcos. Es lo que ella llama plan Mattei (por el fundador de la compañía energética ENI, que impulsó el desarrollo en dichos países a cambio de explotar sus recursos energéticos). Meloni pide también la reactivación de la operación Sophia, nacida en 2015, y que en su tercera fase preveía lo que ella llama “bloqueo naval”, que implicaría impedir la salida de los puertos de buques de ONG para realizar rescates. Un modo de ver este punto algo distinto que su socio de Gobierno, Matteo Salvini, que durante su periodo como ministro del Interior se limitó a cerrar los puertos italianos a barcos que llegaban con náufragos.
La competencia en esta materia en Italia ha quedado algo diluida. Salvini es titular de Transportes e Infraestructuras, que tiene control sobre los puertos. Pero se ha creado un nuevo Ministerio del Mar, que también tiene voz en el asunto. Y el de Interior sigue canalizando los decretos que tengan relación con la seguridad. Su actual titular, Matteo Piantedosi, defendió esta semana: “No podemos traer migrantes que son rescatados en el mar por barcos extranjeros que operan sin ningún tipo de coordinación con las autoridades”, según publicó el diario Corriere della Sera. Piantedosi alegó que los migrantes que llegan al país tras ser rescatados por estos buques de ONG suponen el 16% de las llegadas. “Italia no abandonará su deber de rescatar a la gente en el mar, pero la solidaridad europea se tienen que convertir en una realidad”, insistió.
Se duplican las llegadas
Mientras, en el Mediterráneo central sigue sonando la misma música. Miles de migrantes abandonan Libia jugándose la vida en pateras para intentar alcanzar suelo europeo. Pese a que las llegadas de migrantes que salen desde Libia en ruta hacia Italia se han duplicado este año (de unos 23.000 en 2021 a 40.000 en lo que va de 2022, según fuentes europeas), Giorgia Meloni acaba de renovar el polémico acuerdo que su antecesor Paolo Gentiloni firmó en 2017 con las autoridades libias para frenar la inmigración irregular y que ha sido duramente criticado por ONG de derechos humanos, think tanks y hasta Naciones Unidas. Meloni tenía hasta la medianoche del miércoles para revocar el pacto, pero con su silencio la recién estrenada dirigente vuelve a dejar clara su línea migratoria ―y de paso la de la UE― en el Mediterráneo central para los próximos tres años: que sea Libia quien controle que los migrantes no lleguen a Italia.
El país magrebí es fundamental en la estrategia migratoria de la UE, e Italia, país con el que mantiene vínculos estratégicos por su pasado colonial, lo sabe. No es solo un lugar de tránsito para los subsaharianos que se juegan la vida en precarias pateras para buscar una oportunidad en Europa, sino que también es un país repleto de mafias a las que los migrantes pagan miles de euros por un sitio en una barca.
Libia es también un país de retornos. Desde 2016, más de 100.000 personas han sido interceptadas en alta mar y devueltas a Libia con su posterior internamiento en centros de detención donde permanecen hacinados y bajo unas condiciones higiénicas y de salubridad pésimas durante meses.
Kouassi (nombre ficticio) relató a Médicos sin Fronteras (MSF) que pasó tres meses en uno de estos centros de detención con grilletes en los tobillos. “Tengo muchas cicatrices. Nos pegaron con barras de madera y de metal. Era una prisión en el desierto, una casa que no estaba terminada a la que nos habían vendido. Éramos unos 10 en la habitación y había varios cuartos. Nos quitaron todo lo que llevábamos encima”. En un informe de octubre de 2021, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que estas prácticas llevadas a cabo por Libia constituían “crímenes contra la humanidad”. Estos centros, según el polémico acuerdo, están “bajo exclusivo control” del Ministerio del Interior libio, pese a que se financian con fondos italianos y de la Unión Europea, según el propio acuerdo, que se acaba de renovar.
Naciones Unidas y ONG como MSF, Oxfam o Amnistía Internacional, entre otras, opinan que Libia no es ni un puerto ni un lugar seguro para los migrantes, y que la política de devolución que llevan a cabo los guardacostas del país magrebí, gracias en parte al marco legal del acuerdo con Italia (el llamado Memorandum of Understanding, MoU, en sus siglas en inglés), se debería romper de inmediato.
El acuerdo, firmado en 2017 por Fayez Mustafá Serraj (representante del Gobierno libio de reconciliación nacional, reconocido por la ONU) y el entonces primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, consiste en externalizar la gestión migratoria a Libia. A cambio, los guardacostas libios y las autoridades migratorias del país africano reciben formación y entrenamiento, además de dinero ―que en parte sale del Fondo Europeo para África―, por lo que las ONG señalan a la UE como cómplice de las tragedias en el Mediterráneo. De hecho, las autoridades italianas acaban de aprobar el envío a los guardacostas libios de 14 lanchas rápidas con el objetivo de vigilar la actuación de las mafias y las salidas de pateras en la ruta del Mediterráneo central, la más mortífera de los últimos tiempos y donde han muerto 18.841 personas desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Otro polémico punto del MoU es que se crearon ad hoc una zona SAR (Search and Rescue, búsqueda y rescate) libia y un MRCC (Centro de Coordinación de Rescate Marítimo) en Trípoli, que no existían con anterioridad. A cambio, el MRCC de Roma, que antes coordinaba los rescates con cualquier barco que estuviera cerca de una patera en apuros en la vasta zona del canal de Sicilia, dejó un vacío que, impulsado por este acuerdo, fue ocupado por el MRCC libio.
La semana pasada, la ONG alemana Sea Watch captó con las cámaras de uno de sus aviones de vigilancia cómo guardacostas libios interceptaron una patera con decenas de migrantes a bordo en aguas internacionales ―la organización asegura que estaban en aguas maltesas― y los llevaban de vuelta al país magrebí. Al verse sorprendidos, los guardacostas libios amenazaron a Sea Watch: “Si no os marcháis del territorio libio, os dispararemos con misiles”. Cuando la ONG informó de que en realidad estaban en aguas de un país comunitario, los guardacostas libios respondieron con un disparo al agua, según se aprecia en un vídeo publicado en Twitter por la propia organización.
Medio centenar de ONG se reunieron la semana pasada en el centro de Roma para protestar por la continuidad de este pacto migratorio entre Roma y Trípoli que marcó y marcará una clara línea migratoria en Europa: formar a la guardia costera libia y dotarla del poder, los medios y la legitimidad para que, a su modo y forma, pero con recursos comunitarios, evite la entrada de migrantes y refugiados en aguas de países de la UE.
Violencia circular
Para Sara Prestrianni, experta de EuroMed Rights, Libia es el claro ganador del pacto migratorio. Primero, porque con un acuerdo de este nivel, “se le otorga cierto reconocimiento internacional” a un país totalmente resquebrajado. Y segundo, porque Libia ha visto cómo el dinero circula por el país: los migrantes pagan a las mafias para salir en pateras hacia Europa mientras que las autoridades italianas y europeas inyectan dinero y proveen de material al Gobierno libio de Serraj para que intercepten, devuelvan y encierren a los migrantes en centros de detención del país magrebí. Y así una y otra vez. Es lo que los críticos con el pacto llaman “violencia circular”. Según la OIM, desde que este acuerdo entró en vigor, 107.437 personas han sido interceptadas —y devueltas a centros de detención— por la Guardia Costera Libia.
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