El ultraconservadurismo toma Lima

Las elecciones en Perú se han convertido en una breve historia de suspenso. A las cinco de la tarde del domingo, en el flash electoral, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el miembro del Opus Dei que se autoidentifica con Porky, el cerdo animado de los Looney Tunes, era el alcalde de Lima con una ventaja muy corta. La encuestadora Ipsos lo situaba en el primer lugar con un 26,8% mientras que su rival, Daniel Urresti (Podemos Perú) figuraba con 25,8%, exactamente un punto menos. En el transcurso de las horas uno y otro se fueron colocando en cabeza, generando una tormenta en redes sociales, pero este lunes la diferencia a favor de López Aliaga era irreversible. Él será el próximo alcalde limeño.

Casi a las once de la noche, la ola celeste de López Aliaga recibió un baldazo de agua fría. El conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente que vela por los votos, dio como ganador momentáneo a Urresti. Este general en retiro que participa por cuarta vez en unas elecciones le había dado vuelta a la situación y ahora era él quien figuraba con más de punto (26%) por encima de López Aliaga (24,8%).

A ello se le abona que a la par la encuestadora Ipsos publicó su conteo rápido al 100% en Lima Metropolitana dando un empate técnico exacto. Este estrechísimo margen provocó algunas erupciones en las redes sociales durante la madrugada. El fantasma del fraude empezó a sobrevolar, tal y como sucedió a mediados de 2021, cuando Pedro Castillo, un maestro campesino con experiencia sindical, derrotó a Keiko Fujimori, la candidata que por tercera vez perdió la presidencia del Perú en una segunda vuelta.

“No solo golpea a la ciudad sino a la legitimidad de la democracia. Eso me preocupa a largo plazo. Porque podría seguirse repitiendo. Lamentablemente, los fantasmas del trauma pueden resurgir”, dice la politóloga y docente universitaria Paula Távara acerca de este discurso que genera un impacto nocivo en la ciudadanía y en las instituciones.

Sin embargo, con el correr de las horas, la tortilla se volvió a voltear hasta definir la tendencia. Las actas contabilizadas al 97,5% por la ONPE han dado este lunes a Rafael López Aliaga como el virtual alcalde de Lima con un 26,3% sobre Urresti (25,4%). Si bien el margen continúa siendo muy apretado, la distancia es prácticamente irreversible.

Sea como fuere, como revela el politólogo Rodrigo Barnechea, el nuevo alcalde de Lima es el más impopular de los últimos 42 años. Desde 1980 ningún burgomaestre de la capital del Perú había resultado electo con menos del 30%. En aquel año, Eduardo Orrego (Acción Popular) lo logró con un 34,9%.

Desconexión, ausentismo y baja calidad de las propuestas

“No he votado con ilusión. Solo por el que creo que menos antecedentes tiene”, dice Katherine Mejía, una arquitecta, madre de una niña, y vecina de Lince, un distrito de clase media de Lima. Ese mismo entusiasmo también lo comparte Mirza Palomino, una supervisora de una tienda de calzado: “De lo que hay, he escogido lo que me parece algo mejor, pero no he tenido un preferido”, dice desde la cancha sintética Melitón Carvajal, el colegio más grande del distrito, donde se han acondicionado varias mesas de sufragio.

Su madre y su hija se enteraron el sábado que debían votar este domingo. Pero ellas no son una excepción, sino más bien una tendencia: en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde se han elegido más de 13.000 autoridades en todo el Perú, entre ellas 25 gobernadores regionales y 196 alcaldes provinciales, existe la percepción de que un gran porcentaje del electorado ha estado desconectado del proceso. Y que ha resuelto su voto en la cola.

La politóloga Paula Távara explica este desinterés desde dos aspectos: el ruido político nacional y la sensación extendida de que los problemas que agobian al país no parecen resolverse desde las gestiones municipales. “Hemos estado tan centrados en las múltiples minicrisis y miniescándalos del Ejecutivo que esto ha terminado carcomiendo el tiempo y la atención de lo que normalmente sería la campaña electoral. En medio de este caos, muy pocos ciudadanos han podido reflexionar sobre su voto”.

El domingo, después de desayunar con un grupo de mototaxistas para la televisión, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) enseñó su cédula de sufragio para lanzar una queja: que su logo estaba despintado y que, por tanto, eso mermaría sus chances de resultar victorioso en la contienda electoral.

Según el politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el acto de López Aliaga configura como un delito electoral, previsto en el artículo 358 del Código Penal, pues el voto es secreto, y además está prohibido el proselitismo político. Daniel Urresti, el candidato de Podemos Perú, quien le pisó los talones, le respondió con un mensaje que suena a mal presagio: “Ha violado las normas. ¿Qué respetará si sale elegido?”.

Tanto López Aliaga como Urresti tuvieron un mismo “caballito de batalla” durante su campaña: reforzar y acabar con la inseguridad ciudadana. Mientras el empresario propuso patrullar la capital con una flota de 10.000 motos con GPS, Urresti, general en retiro, aseguró que en su eventual gestión capturaría a 200 delincuentes al día en Lima.

“Sin minimizar que, tras la pandemia y con la situación de precariedad, la inseguridad haya podido aumentar, existe un discurso sobre la criminalidad que, creo, se ha instalado para no tener que discutir temas más profundos. Es más fácil para un candidato hablar de patrulleros y detenciones que hablar del reordenamiento territorial, de cómo construir alumbrado publico y espacios públicos seguros”, explica Paula Távara.

George Forsyth, el candidato de Somos Perú que acabó en el tercer lugar en el podio limeño, no estaba muy lejos de López Aliaga ni de Urresti en ese sentido. El exarquero profesional tenía pensado dotar de armas a los serenos.

Un detalle que se repitió en esta elección, al igual que en las elecciones presidenciales de 2021 que llevaron a Pedro Castillo al poder, fue la demora en la instalación de las mesas de sufragio. Según un informe de la ONG Transparencia, a las 10:30 de la mañana solo se habían instalado apenas el 50% de mesas a nivel nacional (41.988 de un total de 84.322).

En Lima, además, se produjo un ausentismo en los distritos más pudientes confirmando el desinterés en este proceso electoral. En San Isidro, alrededor de 25.000 personas faltaron a su deber cívico (33,8%). En Miraflores, el distrito frente al mar, el porcentaje es muy similar: 41.000 electores (32,3%). Les siguen San Borja con 32.000 (26,6%), Surco con 85.000 (26,2%) y Lince con 21.000 (26%)

Ausencia de Perú Libre y Fuerza Popular en las regiones

Un hecho que ha llamado la atención de los analistas políticos es que casi un año y medio después de la segunda vuelta nacional, ni Perú Libre ni Fuerza Popular figuran entre los partidos de procedencia de las flamantes autoridades a nivel distrital y regional.

Según Gianfranco Vigo, comunicador para el desarrollo, con un amplio conocimiento de la realidad sociopolítica de las regiones se trata de una consecuencia del debilitamiento de los partidos políticos. “Este escenario de los minicandidatos de la elección presidencial, en el que se repartieron pocos votos ha sucedido otra vez. Y eso le resta legitimidad a las autoridades en sus jurisdicciones”.

Vigo agrega que si bien en otras épocas las Elecciones Municipales y Regionales solían empoderar al gobierno de turno esto no ha ocurrido por el distanciamiento del presidente Pedro Castillo y Perú Libre. “La fuerza oficialista no tiene la fuerza de otros gobiernos. Además, el mismo presidente renunció al partido político que lo llevó al poder. No me sorprenden los resultados”.

Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y excongresista, es, en teoría, el virtual gobernador regional de la región Cajamarca. Según el conteo rápido ha obtenido el 33.7% con su agrupación Cajamarca Siempre Verde. Sin embargo, el Jurado Electoral declaró improcedente su candidatura en la víspera por haber “violado el debido proceso”. Ramírez es investigado por lavado de activos desde los días en que tenía cercanía con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Desde Cajamarca, el analista Gianfranco Vigo remarca el empobrecimiento moral e ideológico de la clase política, también a nivel subnacional. “En las regiones se normaliza la corrupción, las comisiones por obras públicas, las licitaciones que están amarradas. La cultura criolla que se vive en el Perú se ha normalizado y con el gobierno de Pedro Castillo se ha institucionalizado”, sostiene.

A Ramírez se le suma Luis Torres Robledo (Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna), flamante gobernador regional de Tacna, quien aventaja en un 10% a su perseguidor más cercano Segundo Ruiz (Movimiento Siempre Tacna) en el conteo rápido. El detalle: purga prisión domiciliaria por estar acusado de liderar una organización criminal.

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