Un juez desecha la demanda de México contra los fabricantes de armas en EE UU

Tomó algo más de un año para que una de las demandas más importantes iniciadas por el Estado mexicano se topara con el muro judicial de EE UU. Este viernes, el juez federal Dennis Saylor ha desechado el proceso que la cancillería de Andrés Manuel López Obrador comenzó en agosto de 2021 en contra de las 11 principales fabricantes de armas de su vecino del norte. El juicio pretendía subrayar la responsabilidad de quienes hacen y distribuyen el armamento en la violencia que sufren amplias regiones de México. Se sabía que el camino que recorría esta denuncia no sería sencillo. El Gobierno pretendía reclamar en los tribunales miles de millones de dólares en compensaciones. El juez Saylor ha acabado con las ambiciones. México, no obstante, acudirá a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito.

En su argumentación, el juzgador señala que México reclama que Smith & Wesson promovió sus armas en publicidad, que daba la idea de que cualquiera podía hacerse de rifles de alto poder, de estilo militar. Este tipo de armas, señalaban los abogados del Gobierno mexicano, atraían a que personas y organizaciones combatieran contra soldados y policías mexicanos. “México, sin embargo, no ha identificado ninguna ley del derecho común o estatutos que sean violados por esta publicidad”, señala Saylor. “Aunque la conducta del acusado tenga falta de tacto, nada en esos anuncios es ilegal, inmoral, poco ético o sin escrúpulos”, añade el magistrado en referencia de calificativos utilizados por los mexicanos en su demanda.

La estrategia legal de la cancillería se inició en un tribunal de Boston (Massachusetts). Al radicar allí el caso, el Gobierno mexicano esperaba que su caso tuviera más posibilidades y encontrara a un juez más habituado a la regulación de armas en lugar de otros que se oponen a cualquier control del armamento, como sucede en los circuitos judiciales de Texas, Arizona y otros bastiones republicanos. Sin embargo, uno de los argumentos que elaboran las autoridades judiciales de EE UU es que México no tiene facultades para actuar en el proceso judicial interpuesto contra Colt, un fabricante que está basado en el Estado de Connecticut. México señalaba que le correspondía un monto de compensación porque el tráfico de armas violentaba un acuerdo de prácticas comerciales de aquella entidad. “El demandante debe tener facultades y protección de dicho acuerdo para hacer un reclamo”, señala el documento.

El principal portavoz de la iniciativa en el último año ha sido el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que había evitado entrar en un debate diplomático que condenara la Segunda Enmienda —el derecho constitucional en EE UU para poseer armas— sino que enfocó sus esfuerzos en señalar el conocimiento que los fabricantes y distribuidores tienen para posicionar sus productos entre los grupos criminales como potenciales clientes. La denuncia de México enumeraba más de un centenar de crímenes desde 2004 en los que las armas utilizadas para matar había sido traficadas ilegalmente desde EE UU, unas 340.00 al año según cálculos del Gobierno mexicano.

Las autoridades mexicanas sabían que el proceso llevaría varios años. Tenían la esperanza que de sus argumentos pudieran evitar una polémica ley nacional que blinda desde 2005 a los fabricantes de armas ante juicios iniciados por el mal uso, como los tiroteos masivos, suicidios y homicidios. Esta, conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA, por sus siglas en inglés), hace casi intocables a los ya de por sí poderosos actores. “La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la Cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país”, ha expresado la cancillería mexicana en un comunicado, tras la decisión del juez.

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