La UE aguarda en vilo la perspectiva de un Gobierno de ultraderecha en Roma
Claves para entender lo que una eventual victoria de Giorgia Meloni y su coalición podría desencadenar en Europa
Los ciudadanos italianos están convocados a las urnas este domingo en unas elecciones legislativas que, según coinciden los sondeos, elevarán al poder una coalición de derechas con el partido radical Hermanos de Italia como protagonista y su líder, Giorgia Meloni, como probable próxima presidenta del Gobierno. De confirmarse los pronósticos, se trataría del primer Ejecutivo liderado por la derecha extrema en Europa occidental en la historia reciente. Las instituciones europeas y los grandes actores de la UE se preparan para una relación con premisas que pueden conducir a fricciones o incluso conflictos.
Unas declaraciones pronunciadas el viernes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, permitieron entrever la tensión subyacente a la transición política en Italia. “Mi actitud es que nosotros colaboramos con cualquier Gobierno democrático que quiera colaborar con nosotros. Si las cosas van en una dirección difícil, como dije con respecto a Hungría y Polonia, tenemos herramientas”, dijo la mandataria en referencia a la perspectiva de un Gobierno liderado por la ultraderecha en Roma durante una conferencia en Princeton. Matteo Salvini, líder de La Liga y aliado de Meloni, no tardó en responder vía Twitter: “¿Qué es? ¿Una amenaza? Vergonzosa arrogancia. ¡Respete el voto libre, democrático y soberano del pueblo italiano! Amigos de todos, siervos de nadie”.
El episodio ha agitado el espejismo de escrupulosa contención con la que por lo general las instituciones comunitarias y las principales capitales han seguido oficialmente la campaña italiana. Pero es obvio que tanto Bruselas como otros grandes actores —Berlín, París— se preparan para una relación con Roma mucho más complicada que la que mantenían con el Gobierno de Mario Draghi y, en cierto sentido, a una navegación en aguas desconocidas.
Los planteamientos de la extrema derecha de Meloni y los de sus principales socios —Forza Italia, de Silvio Berlusconi, además de la Liga— configuran un amplio escenario de posibles choques: la gestión de la guerra en Ucrania, la inmigración, los fondos europeos y las reformas y proyectos a ellos vinculados, la senda fiscal o la reforma de la zona euro. Teniendo en cuenta declaraciones, programas o ideología de fondo, el potencial para fuertes discrepancias es evidente.
Sin embargo, ello no implica que necesariamente vaya a producirse una confrontación descarnada. El posible, futuro Gobierno de Meloni emprenderá su camino embridado por un doble orden de redes de contención.
A nivel europeo, la Comisión, como señalaba Von der Leyen, dispone de varias herramientas, entre ellas la poderosa palanca del control sobre los ingentes fondos de ayuda que Roma tiene pendiente de recibir y necesita. La buena disposición del Banco Central Europeo a intervenir ante cualquier turbulencia en el mercado de la deuda, por otra parte, es otra clave fundamental.
A nivel interno también hay contrapesos, entre ellos, la importante figura del presidente de la República y la Corte Constitucional —ambas, instituciones respetadas— o la influencia intangible, pero relevante del mundo de la industria y las finanzas, reacios a experiencias radicales.
El tiempo dirá. A continuación, claves para entender lo que una eventual victoria de Meloni y su coalición podría desencadenar en Europa.
Ucrania. La coalición ha querido blindar este asunto para evitar ataques de la oposición y la posibilidad de que sirviera como argumento para no permitirles gobernar. Meloni ha sido la que de forma más firme ha defendido la adhesión de Italia a los valores atlantistas. El problema llega por los otros dos flancos, como ha quedado crudamente en evidencia en la recta final de la campaña.
Silvio Berlusconi ha protagonizado un polémico episodio en un programa de televisión, donde ofreció una interpretación de la invasión de Ucrania sustancialmente exculpatoria de Vladímir Putin —que habría sido forzado por distintos actores del panorama ruso a emprender la ofensiva— y al describir su objetivo como “sustituir el Gobierno de [Volodímir] Zelenski por un Gobierno de gente decente”.
Berlusconi, es notorio, tiene desde hace tiempo una estrecha relación con Putin, y no vio ningún inconveniente en visitar con este la Crimea anexionada en contra de los estándares del derecho internacional.
Pero Berlusconi no es el único factor de posible agitación. Salvini ha mantenido una relación extremadamente promiscua con Moscú en los últimos años, hasta el punto de haber sido investigado por una presunta financiación ilegal a cuenta de una operación con gas ruso. Son conocidas sus salidas de tono glosando al presidente ruso como uno de los mejores mandatarios del mundo y sus viajes a Moscú para posar delante del Kremlin con una camiseta con la efigie del líder ruso. Ese es su pasado, y en el presente aboga por retirar las sanciones que la UE está imponiendo a Rusia. “Son ineficaces y no han servido para parar la guerra”, dijo a este periódico hace apenas una semana.
Meloni, y también Berlusconi, a pesar de su visión sobre la guerra, son partidarios de mantener las sanciones. Pero no es irracional pensar que la confrontación con Rusia seguirá requiriendo en el futuro acciones difíciles, incluso dolorosas, para la UE, y que en este recorrido surjan negociaciones problemáticas. El club trabaja ya en una nueva ronda de sanciones. Algunas de las aprobadas fueron conflictivas, y otras podrían serlo. No cabe descartar que, sobre la base de una nueva interpretación del interés nacional, la coalición que lidere Meloni acabe adoptando una postura menos constructiva de la que mantuvo siempre el Gobierno de Draghi.
Inmigración. El primer Gobierno de la pasada legislatura, formado por el Movimiento 5 Estrellas y La Liga, ya echó un pulso durísimo a la Unión Europea a cuenta de la inmigración. Italia afrontaba una ola migratoria procedente del norte de África (de Libia y Túnez, principalmente) que había minado la potencia electoral de la izquierda. Matteo Salvini convirtió la cuestión en su caballo de batalla principal, logrando construir desde la idea de los puertos cerrados a inmigrantes todo un artefacto electoral.
Como ministro del Interior firmó dos decretos con los que impidió que los barcos de las ONG que acababan de rescatar a migrantes en el mar pudieran entrar en los puertos italianos para desembarcarlos. La medida era un fin en sí misma. Pero también una forma de presión para reformar el Reglamento de Dublín y aumentar la solidaridad del resto de países con los Estados que servían de puerta de entrada para la inmigración irregular. Si entraban por Italia, exigía Salvini, no significaba que fuera solo un problema de Italia. Hasta que no consiguió que el pasaje de cada barco fuera repartido entre distintos países europeos, no los dejó atracar.
Hermanos de Italia está alineado con La Liga en cuanto a la mano dura en esta materia. Su programa también prevé el bloqueo de desembarcos y la creación de centros de procesamiento de solicitudes gestionados por la UE en territorio extraeuropeo.
Hoy, la inmigración irregular roza de nuevo máximos (en agosto registró un 61% más de llegadas que el mismo mes del año anterior), mientras el amplio paquete de la reforma migratoria permanece atascado en Bruselas. Puede que una de las grandes fuentes de conflicto sean las graves discrepancias entre países de primera línea, receptores de segunda por sus altos estándares de acogida y prosperidad, y aquellos que tratan de lavarse las manos.
Fondos europeos. Uno de los grandes desafíos que pueden llegar desde Roma en los próximos meses será el de la petición de reescritura del Plan de Recuperación presentado por Italia, principal receptor de los fondos de recuperación (más de 200.000 millones de euros entre préstamos y capital a fondo perdido). El conflicto potencial puede producirse en ambos pilares de ese gran programa: acerca de los proyectos en los que invertir los fondos, y de las reformas internas requeridas para desbloquearlos.
Giorgia Meloni es la principal defensora de modificar el documento redactado por el Ejecutivo de Mario Draghi. La líder de Hermanos de Italia sostiene que las prioridades han cambiado con la guerra de Ucrania y la crisis energética. Y que los precios y costes asignados a los proyectos deben actualizarse y, en caso de estar fuera de mercado, descartarse. Meloni apuesta por sacrificar gran parte de los esfuerzos del plan dedicados a la transición ecológica.
El otro fleco pendiente del Plan de Recuperación son las reformas estructurales exigidas por Bruselas para el cobro de los fondos (Italia ha recibido ya el segundo pago). El plan trazado por Draghi ponía en marcha una transformación aplazada durante décadas que, básicamente, pendía de cuatro hilos. La reforma de la Administración, que se completó. La de la Justicia, que prácticamente se terminó. Y la del sistema fiscal y la competencia, que siguen pendientes de cumplimiento. No está claro cuál es la idea de la coalición de derechas, pero las hipótesis de reducción de impuestos o la implantación de una tarifa plana de IRPF no tienen nada que ver con lo que esperaba Bruselas.
Política económica. Otro sector de potencial conflicto es el concerniente a la gestión fiscal nacional y la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Meloni ha tratado de transmitir mensajes de prudencia durante la campaña, y la prima de riesgo italiana no ha sufrido grandes alteraciones en una recta final en la que los sondeos apuntan claramente a su victoria.
Pero Salvini tradicionalmente ha demostrado oposición a los corsés fiscales de Bruselas, y está por ver que esta vez acabe aceptando la senda prudente que la Comisión reclama. Italia tiene una deuda pública que ronda el 150% del PIB.
Por otra parte, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pilar de la zona euro, acerca de la cual los socios europeos discuten desde hace tiempo, puede ser otro terreno en el que el Gobierno de Meloni puede jugar un papel agitador. Si bien ya anteriormente, por claro interés nacional, Italia estaba alineada en el bando que presiona para que el pacto sea rígido, no es irracional pensar que su posición bajo el liderazgo del Gobierno de unidad de nacional de Draghi habría sido de más fluida gestión en Bruselas que la de un nuevo Ejecutivo derechista.
Instituciones. La calidad democrática de un Gobierno de Meloni, como la de cualquier otro, tendrá que ser juzgada sobre la base de los hechos.
Como contexto, es útil observar que la Comisión ha adquirido un papel cada vez más vigoroso en su tarea de guardiana del respeto de los Tratados, con una interpretación y unos instrumentos que han ido ampliándose en el tiempo, como la posibilidad de retener fondos. En un discurso seminal pronunciado en Praga, el canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró muy partidario de proseguir en esa senda y que la Comisión pueda bloquear fondos por motivos vinculados al respeto de los valores democráticos.
Por otra parte, es también útil observar que Meloni es declarada admiradora de Viktor Orbán, a cuyo Gobierno Bruselas reprocha distintas actuaciones problemáticas, y ha señalado el valor habilitante de sus victorias electorales prestando más bien poca atención a las conclusiones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, según las que en las últimas legislativas el voto fue libre, pero no justo, debido a las graves distorsiones de la vida pública perpetrada por el Ejecutivo de Budapest.
Por último, puede señalarse que Meloni ha declarado con contundencia su voluntad de proceder a una reforma de la Constitución de calado que cambiaría el modelo de la República de parlamentario a presidencialista. Aunque el programa de Gobierno de su partido y de la coalición no son específicos al respecto ―al referirse solo a la introducción de un sistema de elección directa del presidente de la República, que ahora es nombrado por los parlamentarios y representantes de las regiones―, Hermanos de Italia en el pasado manifestó su deseo de construir un modelo presidencialista parecido al francés.
En la campaña electoral, Meloni ha dejado claro que, de disponer de los votos suficientes en el Parlamento, procederá a la reforma, aunque el partido principal de la oposición esté en desacuerdo. La reforma constitucional puede lograrse con el respaldo de ambas Cámaras manifestado en dos sesiones de votación distinta para cada una, la segunda a tres meses de distancia de la primera y siendo requerida mayoría absoluta y posterior confirmación en referéndum. O, en caso de mayoría cualificada de dos tercios, sin referéndum.
Un camino que podría ser otra fuente de inquietudes.
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