El Departamento de Justicia acusa a Trump de “mover y esconder” documentos confidenciales en su casa de Mar-a-Lago

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mostró el martes la prueba más contundente del caso judicial que construye en contra de Donald Trump por posibles delitos de obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de la Casa Blanca. En un informe de respuesta al equipo legal de Trump, entregado al tribunal que lleva el caso, los investigadores relatan el resultado del registro que llevaron a cabo el 8 de agosto en la casa del expresidente en Florida, Mar-a-Lago, después de conseguir pruebas de que el equipo de Trump había escondido un centenar de documentos confidenciales en esa residencia. De acuerdo con esa respuesta, los colaboradores del expresidente ocultaron y cambiaron de lugar dichos papeles oficiales de una estancia a la otra de la mansión de 126 habitaciones. La Fiscalía reveló el martes que tres de estos informes confidenciales fueron hallados en escritorios de la oficina personal del expresidente, solo unos días después de que los consejeros jurídicos de Trump afirmaran que en la casa no había ya ningún documento confidencial.

La respuesta del Departamento de Justicia, entregada al tribunal de distrito que preside la jueza Aileen Cannon, obedece a una petición del equipo legal de Trump, que exigió que una figura especial independiente revisara el material sustraído de la Casa Blanca y luego recuperado por agentes del FBI. La Fiscalía ha argumentado que dicha figura, denominada maestro especial, es “innecesaria”, pues podría “dañar los intereses del Gobierno, entre ellos los de seguridad nacional”. En la respuesta se detallan los intentos de la Administración Nacional de Archivos y Registros (la NARA o los Archivos Nacionales) por recuperar los papeles presidenciales que el equipo de Trump se llevó de la Casa Blanca y que llevan reclamándole desde 2021.

Inicialmente, los Archivos Nacionales trataron de recuperar 15 cajas que contenían periódicos, revistas, artículos periodísticos, fotografías, notas, correspondencia presidencial y registros personales, además de documentos clasificados, que el equipo de Trump se llevó al concluir su mandato. En total, unos 700 documentos. Cuando se supo que entre esos papeles se encontraban algunos que recogían secretos de Estado, los Archivos Nacionales avisaron al Departamento de Justicia.

Entre el 16 y el 18 de mayo, el FBI logró, después de mucha insistencia y una citación judicial, revisar las 15 cajas. En ellas hallaron 184 documentos clasificados. 67 eran confidenciales; 92, secretos y 25, calificados como de alto secreto (top secret).

El 3 de junio, tres agentes del FBI y un fiscal se desplazaron a la casa de Mar-a-Lago para recibir una carpeta con otros documentos oficiales supuestamente recién encontrados y que no formaban parte de los 700 incluidos en esas 15 cajas. Miembros del equipo legal del expresidente condujeron a los investigadores a un trastero, donde, según les dijeron, estaban guardados otros papeles de la Administración. Según la Fiscalía, los abogados de Trump “prohibieron de forma explícita” a los agentes abrir otras cajas que allí se encontraban para comprobar qué había en el interior. También afirmaron que no existían más documentos oficiales en otros cuartos de la residencia.

La carta de Trump

El custodio de los archivos de Trump, presente el 3 de junio, entregó a los agentes gubernamentales una carta oficial en nombre del exmandatario. En ella, se afirmaba que se había realizado una “búsqueda diligente” entre las cajas llegadas de la Casa Blanca para localizar los documentos reclamados por orden judicial. “Ninguna copia o anotación escrita o reproducción de ningún tipo o documento ha sido retenido”, señalaba la misiva.

El equipo legal de Trump entregó finalmente a los agentes del FBI y al fiscal una carpeta que contenía solo 38 nuevos documentos. Cinco estaban marcados como confidenciales, 16 como secretos y otros 17 como top secret. “Los abogados del expresidente no ofrecieron ninguna explicación de por qué cajas con documentos del Gobierno estaban en las instalaciones cinco meses después de haber recuperado otras 15 cajas y un año y medio después del fin de la Administración” [de Trump], indica la respuesta del Departamento de Justicia entregada el martes al tribunal.

Aquella visita de junio hizo pensar al FBI que el equipo de Trump no había devuelto todo lo que reclamaban los Archivos Nacionales. “El Gobierno obtuvo evidencia de documentos oficiales que fueron escondidos y movidos del trastero y que probablemente hubo esfuerzos para obstruir la investigación gubernamental”, afirma el texto de 36 páginas.

El registro del 8 de agosto en la casa de Mar-a-Lago confirmó esa sospecha. Ese día, el FBI recuperó otras 33 cajas con pruebas, además de otros contenedores en los que se guardaban más de un centenar de documentos clasificados, algunos de ellos del más alto nivel de confidencialidad. Más del doble de lo que recuperaron los agentes en junio. “Esto arroja grandes dudas sobre la intención que tenía de cooperar en este asunto el equipo legal del expresidente”, argumenta la Fiscalía.

Una fotografía publicada el martes muestra decenas de esos documentos recuperados el 8 de agosto, que aparecen en la imagen sobre la alfombra de la residencia de Trump. Algunos tenían una carátula de colores para distinguir el nivel de clasificación, que iba de confidencial a alto secreto. El Gobierno ha afirmado que el nivel de secreto de estos informes requirió que el personal de contrainteligencia del FBI y del Departamento de Justicia que efectuó el registro obtuviera permisos especiales antes de revisarlos.

Solo en el trastero que el equipo legal de Trump no permitió verificar en junio, fueron hallados 76 documentos clasificados durante el registro. Otros papeles también fueron hallados en una habitación de la residencia de Trump en Florida, pese a que se había afirmado que en ningún otro lugar de la mansión se conservaban documentos oficiales.

La jueza de distrito Aileen Cannon escuchará el jueves los argumentos de la defensa de Trump sobre la necesidad de que una figura de arbitraje independiente compruebe los documentos que han sido recuperados por el Gobierno. Washington considera que dicha figura es innecesaria con un argumento muy sencillo: esos papeles no le pertenecían al expresidente.

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