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Ucrania pide la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa

Casi medio centenar de países acuerdan en Países Bajos coordinar la investigación y recogida de pruebas de posibles crímenes

Bomberos ucranios trabajan en la zona de Vinnitsia afectada por el bombardeo ruso, este jueves.Foto: SERGEI SUPINSKY (AFP) | Vídeo: EPV
Isabel Ferrer

Ucrania no quiere que la invasión de Rusia en su territorio quede impune. Como el agresor no es miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI), Kiev ha pedido este jueves la creación de un tribunal especial para juzgar “el crimen de agresión” perpetrado por el Gobierno de Moscú. Así lo ha solicitado el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y también su ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, en el curso de la Conferencia para la Rendición de Cuentas, organizada por Países Bajos, el TPI y la Comisión Europea. Por otra parte, 45 países —todos los de la UE, EE UU, Reino Unido y México, entre otros— se han comprometido en La Haya a trabajar juntos en la investigación, búsqueda y protección de pruebas de los posibles crímenes de guerra o contra la humanidad perpetrados durante la guerra en Ucrania, que sí pueden ser juzgados por el TPI.

Rusia no forma parte del Tribunal Penal Internacional y su Fiscalía carece, por tanto, de competencia para juzgar el delito de agresión, incluido en el Estatuto de Roma desde 2018. Kiev tampoco lo ha ratificado, pero ha permitido que el TPI investigue los crímenes cometidos en Ucrania desde 2014, tras la anexión rusa de Crimea. El ministro Kuleba ha aclarado este jueves que la jurisdicción del tribunal por el que abogan “sería temporal, cubriría todo lo ocurrido desde febrero de 2014, y el cargo ostentado por los acusados no los liberará de su responsabilidad penal”.

El presidente Zelenski ha intervenido por videoconferencia vestido con una camiseta militar. Ha agradecido la solidaridad mostrada, pero ha evitado los rodeos. Ha dicho que “hay unos 200.000 niños ucranios, según cálculos preliminares, que han sido presuntamente trasladados a territorio ruso; una cifra horrenda”. Según el Estatuto de Roma, texto que vertebra la labor del TPI, “la deportación, el traslado ilegal o el confinamiento ilegal” de la población en un conflicto armado constituye un crimen de guerra. Como en la justicia ordinaria, es preciso confirmar estos hechos. Zelenski ha señalado también que se han cometido ya “más de 34.000 crímenes de guerra” en su país, y de ahí que haya instado a “rescatar el derecho penal internacional con un tribunal especial en la escala de los juicios de Núremberg”, tras la Segunda Guerra Mundial.

Irina Venediktova, fiscal general de Ucrania, ha mostrado una foto de un ataque perpetrado este jueves por tropas rusas, en la que se veía el cuerpo de un niño tras el bombardeo en el que han muerto más de 20 personas en la ciudad de Vinnitsia, en el centro del país, lejos de las zonas ocupadas por Rusia. Como ya hiciera Zelenski, ha recordado que “esto es [lo que ocurre] cada día”. Luego ha indicado que tienen “el registro de más de 23.000 crímenes de guerra”. Entre ellos, la fiscal no olvida las violaciones y delitos sexuales y de género, “utilizados como método de guerra en Ucrania, de modo que hay que centrarse en la víctimas y comprometerse con su trauma”, ha dicho.

Wopke Hoekstra, ministro holandés de Exteriores, se ha mostrado dispuesto a considerar la creación del tribunal especial, pero la propuesta ucrania requiere de un acuerdo internacional. De ahí que Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, haya instado a Kiev a ratificar el Estatuto de Roma “como parte de las reformas judiciales necesarias para convertirse, algún día”, en miembro de la UE. Karim Khan, fiscal jefe del TPI, ha advertido de que la justicia “no puede ser un mero espectador ante lo que está ocurriendo”. “No es algo que se puede usar cuando conviene e ignorar cuando no sea así”.

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La conferencia ha servido para poner de manifiesto que, con un conflicto armado en marcha, “es preciso coordinar los esfuerzos e iniciativas nacionales, europeas e internacionales para documentar los crímenes. Para preservar la integridad de las pruebas para que puedan ser usadas ante los tribunales nacionales e internacionales. Y para evitar duplicidades a la hora de recabar pruebas, ya que en estos momentos hay miles de expertos, entre ucranios y de otros países sobre el terreno. El trabajo conjunto al que se han comprometido todos los presentes servirá para que tanto el TPI como los tribunales nacionales de los 45 países representados en La Haya puedan aplicar, si lo desean, la jurisdicción universal al caso de Ucrania.

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