La oposición francesa exige investigar los lazos de Macron con Uber

Buscar un consenso estos días entre la izquierda y la derecha francesas parece un milagro, pero ha sucedido: las revelaciones sobre la estrecha relación del presidente Emmanuel Macron con Uber, según las cuales, cuando era ministro de Economía, habría intervenido personalmente para facilitar la entrada en Francia de la plataforma estadounidense de transporte privado, ha puesto a toda la oposición de acuerdo en reclamar una investigación parlamentaria de lo que califica, unánimemente, de escándalo de Estado.

El Gobierno, que todavía no se ha quitado el lastre de haber beneficiado durante el primer mandato de Macron con contratos de la Administración pública francesa a consultorías privadas como la estadounidense McKinsey, ha cerrado filas en torno al jefe del Elíseo. El propio Macron ha roto este martes su silencio para asegurar que “asume totalmente” sus acercamientos a Uber como ministro de Economía del Gobierno del socialista François Hollande entre 2014 y 2016 y que incluso se “felicita” por ello.

“Fui un ministro de Economía que luchó por la innovación y por atraer a empresas. Y seguiré haciéndolo. Es increíblemente difícil crear empleos sin empresas ni empresarios (…) y hemos creado miles de empleos”, ha declarado Macron a periodistas.

Los Uber Files son los registros internos filtrados sobre la plataforma Uber y su agresiva manera de implantarse en todo el mundo. Los documentos, obtenidos por The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y su red de medios asociados, entre ellos EL PAÍS, han revelado que Macron mantuvo estrechos contactos con los máximos directivos de Uber, llegando incluso a intercambiar mensajes de texto con el fundador de la plataforma, Travis Kalanick. El hoy mandatario incluso actuó a iniciativa propia —”me voy a ocupar de esto personalmente”, le escribió al jefe de lobby europeo de Uber y hoy garganta profunda de los Uber Files, Mark MacGann— para revertir la suspensión de Uber en Marsella tras las fuertes protestas de octubre de 2015.

Macron, que como han recordado sus ministros poco después en la Asamblea Nacional también mantuvo en su momento reuniones con directivos de otras grandes empresas como Netflix o Airbnb, ha subrayado que desde la presidencia ha exigido una mayor regulación en Europa de las plataformas digitales. “Hemos regulado el sector sin complacencia alguna. Hemos sido el primer país que ha regulado las plataformas y, después, hemos presionado a nivel europeo. Así que estoy extremadamente orgulloso”, ha insistido.

Sus declaraciones no han calmado los ánimos de una Asamblea Nacional que ve en las filtraciones de los Uber Files una nueva manera de atacar a un Gobierno, que ya no tiene la mayoría absoluta en el hemiciclo.

Desde la alianza de izquierdas Nupes a la extrema derecha de Marine Le Pen, la oposición parlamentaria ha reiterado este martes su demanda de una comisión investigadora de la Asamblea Nacional.

“Un ministro de la República habría servido a los intereses de una empresa americana. Exigimos una comisión de investigación parlamentaria”, ha reclamado la diputada de Francia Insumisa Danielle Simonnet en nombre de la alianza de izquierdas, que lleva pidiendo la investigación desde que se conocieron los Uber Files, este pasado fin de semana. También el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, que con 89 escaños es una de las principales fuerzas de la oposición, ha reclamado una investigación para que los diputados puedan ejercer su papel de “controladores de la acción del Gobierno”.

Por su parte, el excandidato presidencial y hoy diputado comunista Fabien Roussel considera que el caso de Uber “plantea la cuestión de la manera en que se puede interrogar a un presidente en activo” y ha planteado una “modificación” de la Constitución para permitir este paso.

Ninguna de las demandas parece que vaya a tener una respuesta, al menos inmediata. Una comisión de investigación parlamentaria solo podría constituirse rápidamente, este verano, si lo apoya la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, cosa improbable debido a que proviene de las filas macronistas, que no tienen la mayoría absoluta pero sí la relativa. Según recuerda la emisora Franceinfo, a la oposición le queda ejercer su “derecho de giro”, es decir, la posibilidad que tiene cada grupo parlamentario de escribir una propuesta de resolución para abrir una comisión de investigación una vez por sesión parlamentaria. Para ello, sin embargo, deberían esperar hasta el otoño.

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