Haití, sin presidente y sin Estado un año después del asesinato de Jovenel Moïse

Pocos países salen ilesos del asesinato de su presidente en su cama, pero si se trata de Haití un magnicidio es la antesala de la UCI. Cuando la noche del 7 de julio un grupo de sicarios colombianos entró en la habitación de Jovenel Moïse y le disparó dos veces en el pecho, una en la frente, otra en el abdomen y tres veces más en la cadera después de su muerte, no solo terminaban con la vida de su gobernante, sino que empujaban un poco más al país caribeño por la pendiente por la que viene rodando desde hace décadas.

Un año después, hay 40 detenidos, pero el juicio sigue empantanado y 18 sicarios colombianos esperan en una cárcel de Puerto Príncipe en condiciones infrahumanas. Mientras ellos aguardan, al otro lado de los muros de la prisión, el país se ha ido descomponiendo día a día empalmando una desgracia tras otra. En el último año, el primer ministro, Ariel Henry, resultó ileso en un ataque con armas de fuego cuando salía de misa; se aplazaron sin fecha las elecciones presidenciales; un terremoto con una magnitud de 7,2 causó más de 2.000 muertos; surgió el temido líder narcotraficante Jeremy Barbecue; las bandas violentas secuestraron a 17 misioneros estadounidenses y el huracán Grace dejó en la indigencia a miles de familias. Un año después, es difícil saber si el asesinato Moïse fue el arranque de la lista de desgracias o si su muerte solo es parte de la cadena de tragedias en la que vive inmerso el país, putrefacción política incluida. Según Gédeon Jean, del Centro de análisis e investigación en derechos humanos (CARDH), con el asesinato del presidente “solo se aceleró el desastre judicial y político en el que estaba envuelto el país”, explica en entrevista con EL PAÍS desde Puerto Príncipe.

La noche del 6 al 7 de julio, en la cama, junto a Moïse, también estaba la primera dama, Martine Moïse y la única buena noticia de aquella noche de sangre, disparos y persecuciones entre policías y asesinos en la oscuridad por Petion Ville es que salió con vida. La mujer, de 48 años, recibió dos tiros en el brazo, otro en la mano y otro más en el abdomen. Sin embargo, llegó con vida a un hospital de Miami y está totalmente recuperada. Actualmente, vive en un lugar oculto al norte del país, donde medita si presentarse o no a las elecciones, según fuentes cercanas a la viuda. Su entorno se divide entre quienes le piden olvidarse de la política en un país fratricida que ha descubierto lo fácil que es matar dentro de la casa presidencial y quienes rodeaban a su marido, los que le animan a encabezar un movimiento político que, según sus encuestas, le daría la victoria con holgura. Para Martine Moïse los asesinos de su marido siguen libres y solo desde el poder es posible hacer justicia, explican a este diario algunos de quienes forman parte de este segundo grupo.

Mientras tanto, al frente del país está el primer ministro, Ariel Henry, elegido solo un día antes del asesinato, y que debería convocar unas elecciones aplazadas ya hace varios años. Una de las razones del crimen, según el periódico The New York Times, es que los asesinos de Moïse trataban de buscar una lista con nombres de conocidos políticos y empresarios haitianos que supuestamente iba a ser enviada a Estados Unidos. La teoría, argumentada por el propio Moïse en su última entrevista con un medio de comunicación -la que concedió a EL PAÍS el 28 de febrero de 2021, cuatro meses antes de su asesinato- es que un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico, a las que se enfrentó durante su gestión, buscaba asesinarlo. Aseguró que había un golpe de Estado en marcha encabezado por estos oligarcas que “trataban de apoderarse del país”.

El caso es que aunque fue un éxito la operación para terminar con él, en la que se emplearon cinco vehículos, casi 30 exmilitares extranjeros y una importante logística de megáfonos y chalecos para hacerse pasar por agentes de la DEA durante una misión, la huida de los sicarios, en cambio, fue un desastre total. De los 26 colombianos que participaron en el asesinato, dos murieron, seis escaparon y 18 fueron detenidos en las horas posteriores. Los arrestados esperan en una prisión de Haití la celebración del juicio. Colombia y las asociaciones militares colombianas no se han olvidado de ellos y presionan para lograr la repatriación o, en el mejor de los casos, un juicio rápido que no llega. Los exmilitares denunciaron recientemente en una carta estar sufriendo torturas, amenazas y un encierro inhumano.

Entre los autores intelectuales están dos estadounidenses y Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de justicia de Haití, considerado como la la persona que dio la orden a los mercenarios colombianos contratados. Las miradas también apuntan al primer ministro Henry debido a que habló con Badio el día del asesinato.

Otro de los implicados es el exsenador John Joël Joseph, detenido en Jamaica, acusado de entregar las armas a los militares. Las autoridades de la isla lo deportaron a Colombia, pero fue capturado durante una escala en Panamá y enviado a Florida. Allí está a la espera de una audiencia judicial para responder por los cargos de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de proporcionar apoyo material. Entre los implicados también están un informante de la DEA y los empresarios haitianos Desir Gordon Phenil y Ashkard Peter Joseph; así como la jueza de la Corte Suprema Windelle Coq Thelot. El pasado octubre fue arrestado en Jamaica otro sospechoso colombiano, Marco Antonio Palacios, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde es acusado del cargo de conspiración para cometer un asesinato.

La investigación y la posibilidad de un juicio se estancaron tras la renuncia en enero del juez Garry Orélien, alegando motivos personales para dejar la causa. Es el enésimo magistrado que abandona el caso. Los cinco jueces anteriores también fueron amenazados y en octubre ardió la oficina judicial donde se guardaban las pruebas recogidas. Recientemente, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, criticó la ineficacia de la justicia haitiana y en un encuentro con la prensa, Ramírez también dijo que el cónsul honorario en Puerto Príncipe, Julio Santa, había sido amenazado por defender los derechos de los colombianos.

El vacío de poder que ha dejado la muerte de Moïse ha sido ocupado por las bandas violentas, cada vez más armadas, y que han hecho del secuestro y la administración del puerto y la gasolina su forma de vida. En octubre fueron secuestrados 17 estadounidenses que formaban parte de un grupo religioso a manos de una banda conocida como 400 Mawozo, que significa algo así como “los 400 del pueblo”. El millonario ingreso generado por el secuestro, que se resolvió tras el pago de los rescates, ha dado más fuerza a estas bandas.

Segun Gédeon Jean, director del Centro de derechos humanos (CARDH), la organización de referencia para explicar el fenómeno de las bandas violentas que controlan el 60% del país -según sus propios datos-, Haití vive el surgimiento de un “monstruo” que cuenta con armas y dinero mientras agita los barrios con un discurso político que responsabiliza al Estado de la pobreza en la que viven, señala en conversación telefónica. “Estamos siendo testigos de la creación de una Somalia en las Américas”, auguró hace más de un año el académico Ralph P. Chevry en The Washignton Post.

Mientras todo esto pasa, ni un solo día se ha detenido la llegada de aviones desde Estados Unidos con miles de migrantes haitianos deportados, abandonados a su suerte en el país después de varios años fuera.

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