Un salvavidas de armas no letales para un Gobierno boliviano en apuros

La urbanización de El Pedregal —a 14 kilómetros al sur de La Paz— amanece en un clima de tensión. Hace 21 días que Evo Morales fue reelegido nuevamente presidente de Bolivia. Hace 21 días que Bolivia es un caos de violencia y represión. Denuncias de fraude. Denuncias de un golpe de Estado en marcha. El país estalló en choques entre militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y opositores de todos los colores que entendieron que ahora sí, que este es el momento para desplazar a Morales después de 13 años en el poder. Como en otras ciudades, al mismo tiempo, pasadas las primeras horas de ese 11 de noviembre de 2019, la tensión en El Pedregal se convierte en estallido. Algunos vecinos salen a las calles. Otros observan desde las ventanas de sus casas. Percy Noguera, de 32 años, es uno de ellos. Hasta que no aguanta más y se suma a las manifestaciones.

Frida Conde Noguera se enteró por los medios de comunicación que su hermano Percy murió ese mismo día. Lo escuchó en la radio. Hablaban de choques en las calles. De enfrentamientos. De lo que sucedía en El Pedregal. Hablaban de muertos. Frida no le creyó al locutor. Tenía la esperanza de encontrar vivo a Percy. Salió de su casa en el barrio de Villa Fátima y caminó hasta el sur de La Paz, donde había escuchado que su hermano yacía muerto.

Después de esquivar los retenes de los opositores a Morales, logra llegar a El Pedregal. Sube y baja las empinadas calles, casi todas empedradas, con la esperanza de hallarlo con vida. Los policías que estaban ahí le dicen que no hay ningún muerto. Pero una mujer de pollera se le acerca y le muestra el lugar dónde está su hermano. Percy, envuelto en dos bolsas de yute, yace sin vida en medio de unos arbustos, donde horas antes había sido el escenario de una represión policial. Luego se enteraría de que fue asesinado ese día a las 10:30, que no era parte de los movilizados y que los vecinos lo obligaron a salir a las calles. Hoy, en diálogo con esta alianza periodística, cree que los policías intentaron ocultar el cadáver.

Ese día en El Pedregal también murió Paulino Condori Aruni, de 21 años, a causa de un “traumatismo torácico penetrante (provocado) por un proyectil de arma de fuego”, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Sus familiares creen que a Condori le quitaron la vida los perdigones metálicos disparados por la policía. Como el proyectil atravesó el cuerpo de lado a lado y no pudo ser hallado, la investigación no determinó con qué arma le dispararon. Además, la fuerza policial negó el uso de armas de fuego reglamentarias.

Así como en El Pedregal, en varias zonas de La Paz y en el resto de Bolivia hay marchas, bloqueos, toma de instituciones, enfrentamientos entre afines y contrarios al MAS, el partido que lidera Evo Morales, y represión.

La calle es un fuego y las manifestaciones se extienden por todo el país. Los jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas están preocupados: los almacenes se están vaciando rápidamente y temen que no alcancen las balas y los gases lacrimógenos para detener tantas protestas. Bolivia no fabrica armas ni municiones químicas. Los golpistas tienen un plan.

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Mauricio Macri está a punto de despedirse como presidente de Argentina. Falta menos de un mes para que le ceda el bastón y la banda a Alberto Fernández. Ahora, en esta mañana del 12 de noviembre de 2019, conversa en su oficina con el canciller Jorge Faurie. Será una de las últimas veces que se encuentren en la Casa Rosada. Del otro lado de la pared, en el despacho del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se prepara para un cónclave mayor.

Las tres secretarias de Peña acomodan varias sillas alrededor de la mesa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llega puntual: 12.25. Media hora después lo hace su jefe de Gabinete, Gerardo Milman. Enseguida aparecen el número dos de Seguridad, Eugenio Burzaco, y su hombre de mayor confianza, Darío Oroquieta. El resto llega 10 minutos después. Son el Director Nacional de Gendarmería, Gerardo Otero, y los jefes de las otras tres fuerzas de seguridad interior: el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; Eduardo Scarzello, de la Prefectura Nacional Naval, y Alejandro Itzcovich Griot, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La reunión se completa con el Ayudante de Órdenes del jefe de Gendarmería.

Son las 12.51 del mediodía. Ya están todos. La reunión puede comenzar.

Al menos por el momento, las autoridades del Gobierno saliente no esperan una gran movilización a la Casa de Gobierno. ¿Cuál es, entonces, el conflicto que está a punto de estallar?

Los únicos disturbios de los que hablan los diarios argentinos suceden a 2.600 kilómetros de ahí, en la ciudad de La Paz. Este 12 de noviembre terminará con una noticia que conmociona a la región: el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su vice, Álvaro García Linera, acaban de aterrizar en México como refugiados políticos. Mientras tanto, en el Aeropuerto de El Palomar, provincia de Buenos Aires, 11 gendarmes del grupo de élite Alacrán cargan sus armas y el resto de sus pertrechos militares para una nueva misión. Se están por subir al Hércules C-130, el avión más grande de la Fuerza Aérea Argentina, para proteger a la Embajada en La Paz de los disturbios en las calles.

A último momento, una nota de Gendarmería pide que agreguen un segundo cargamento; la mayoría con el sello de Fabricaciones Militares. Los funcionarios de la Anmac, la oficina que controla la salida y entrada de armas, no ven ninguna irregularidad. La nota está firmada por Rubén Yavorsky, director de Logística de Gendarmería. Lleva día y hora: martes 12 de noviembre de 2019, exactamente a las 13:06, apenas 15 minutos después del comienzo de la cumbre de seguridad en la oficina de Marcos Peña.

La lista del nuevo material solicitado por Yavorsky dice: 70.000 cartuchos antimotines, 100 spray gas pimienta y 700 granadas de gas. El argumento es defender el palacio de la calle Aspiazu 497 de la revuelta que provocó el golpe de Estado en Bolivia. A ningún gendarme le llama la atención la cantidad de cartuchos antimotines que están llevando a La Paz.

La relación con lo que suele usarse para reprimir una manifestación es llamativa. Un gendarme aporta el dato en off. El 14 de diciembre de 2017, en vísperas del debate por la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, la plaza del Congreso se llenó de organizaciones sociales y partidos de izquierda que rechazaban el proyecto de ley. Gendarmería respondió con palazos, gases y balas de goma en una represión que duró desde la mañana hasta que cayó el sol. Con 162 heridos y 60 detenidos, fue la mayor represión en los cuatro años del gobierno de Macri. Ese día, cuenta el gendarme, la fuerza utilizó 5.000 postas antimotines. Ahora, decía el documento, se necesitaban 70.000 para frenar las eventuales protestas frente a la Embajada Argentina.

Cuando los alacranes llegaron a La Paz, tomaron sus pertenencias y se dirigieron a la sede diplomática. En el aeropuerto quedaron todos los elementos antimotines solicitados en el envío de urgencia. Cuando la calma volvió al país, el grupo de élite volvió a la Argentina con todo el equipo, las armas y las municiones. El segundo envío no.

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Es el 12 de noviembre de 2019 y hace algunas horas que Evo Morales está en Ciudad de México, donde se quedará tres meses antes de viajar a Buenos Aires para asentar su asilo político junto a García Linera.

A 5.554 kilómetros de la capital azteca, la senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez asume de facto. El teniente coronel Rolando Gallardo, miembro de la Casa Militar, le coloca la banda presidencial. Apenas habían pasado 24 horas de la represión de El Pedregal, donde además de Aruni y Noguera fue asesinado Juan Marín Félix Taco, de 18 años. A presidente depuesto, presidente puesto.

Una parte de la ciudadanía masifica su presencia en las calles como expresión de apoyo al líder cocalero y repudio a lo que consideran un golpe de Estado. Otra parte aplaude el mandato de Áñez. Mientras tanto, la Policía reprime y empieza a agotar el diezmado armamento antidisturbios que queda en sus almacenes.

Para las primeras horas del 13 de noviembre la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana reciben una buena noticia. El avión Hércules C-130 dejó un cargamento especial en el aeropuerto de El Alto. El entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, supervisa personalmente la entrega de material anti tumulto a las fuerzas bolivianas. La división no está estipulada por ningún documento y abre una discusión entre los jefes de la policía y los de la Fuerza Aérea. ¿Cuánto se lleva cada uno?

La situación es tensa y hay poco tiempo. Los gendarmes argentinos ya abandonaron el lugar y están en camino rumbo a la Embajada. Salvo uno, que no vino en ese avión ni necesitó la autorización de la ministra Bullrich para estar en el hangar. Se llama Héctor Adolfo Caliba, tiene rango de comandante y cumple funciones como agregado militar en Bolivia desde antes del golpe. Responde directamente al número uno de Gendarmería. Como enlace entre las fuerzas bolivianas y las fuerzas argentinas, Caliba tiene la confianza del jefe, y, además, sabe perfectamente lo que necesita la Policía local para profundizar la represión.

Por el momento, Caliba es el hombre clave para que se concrete la operación. No solo por la confianza entre ambas fuerzas sino por haber participado en las reuniones con los policías bolivianos para preparar la represión y el golpe. En el aeropuerto de El Alto todavía es de noche. A pesar de la hora, hay un movimiento inusual. El Hércules C-130 ya está sobre la pista. La puerta de la bodega está abierta. Los motores del avión quedarán en marcha durante toda la estadía en Bolivia; en total, una hora y media.

El funcionario de mayor rango en el lugar es el embajador Álvarez García; lo asisten dos secretarios de la Embajada. Pero Caliba tiene la voz de mando. La misión que tiene cumplir es doble: evacuar al resto del personal de la Embajada argentina en Bolivia por un lado y, por el otro, coordinar la entrega del material antidisturbios con la Policía local. La primera parte del plan se cumple sin inconvenientes.

Entregar el cargamento será un poco más complejo. En el mismo lugar se encuentra otro agregado militar argentino: el capitán de navío Miguel Ángel Alonso, nombrado en misión permanente desde 2017 y con fuertes relaciones con la Fuerza Aérea Boliviana. Caliba y Alonso se cruzan en una discusión por el destino del cargamento. Caliba puede tener la voz de mando pero Alonso lleva más tiempo en el país y, sobre todo, tiene mayor jerarquía en su fuerza. Finalmente, la policía se queda con 26.900 cartuchos 12/70. La FAB con más de 40 mil de las mismas municiones.

Un hombre observa la escena. Es Jorge Salinas Berríos, jefe de seguridad de la Embajada Argentina en Bolivia. “En ese momento vi que estaban bajando unas cajas con un montacargas. Las mismas fueron llevadas a la entrada de una plataforma donde se procedió a cargar el montacargas a una camioneta de la Policía”, relataría tiempo después, en una escueta declaración ante la comisión de investigadores en la Fiscalía de La Paz.

En ese entonces Salinas Berríos llevaba más de 20 años trabajando en la Embajada. “Me llamó la atención que varias personas, cuatro o seis, alzaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo que hay adentro para que pesen tanto y me dijeron, los policías que estaban cargando, que los gases y las municiones eran pesados”, agregaría el funcionario en su escueta declaración judicial. “Después dejaron de cargar el resto de las cajas, el montacargas lo metió en el hangar de la Fuerza Aérea Boliviana donde guardaban el avión Hércules”.

Además de ver cómo bajaban las cajas con armamento y su distribución, el jefe de seguridad vio a funcionarios y familiares de diplomáticos argentinos reunidos en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 en el ex hotel Radisson, en pleno centro de La Paz. Esperaban que la Policía Boliviana los escoltara hasta el aeropuerto de El Alto. Era necesario, relató Salinas Berrios, contar con seguridad porque la situación estaba complicada. Él mismo había estado coordinando con el agregado de la Gendarmería en La Paz cómo sería ese traslado.

Horas más tarde, la Embajada argentina en La Paz recibirá una carta firmada por Terceros Lara. Se dirige a Álvarez García:

“Excelentísimo señor embajador:

A tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien a dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.

La carta de agradecimiento tiene, además, un detallado de todos los ítems recibidos por la Fuerza Aérea: 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas HC.

“Con este motivo reitero al excelentísimo señor embajador, seguridades de mi más alta consideración”, finaliza la carta. No es para menos. En un país al filo de la guerra civil después de un golpe de Estado, con el presidente y el vicepresidente en el exilio, las calles de las principales ciudades están en un incendio contínuo. El miedo de los jefes de quedarse sin material para controlar las protestas es un temor fundado: Bolivia no tiene fábricas militares que produzcan elementos químicos antimotines como gas pimienta o gas lacrimógeno. La posibilidad de prolongar la represión depende de las armas no letales que ese día llegaron en el Hércules.

La carta de agradecimiento del comandante permanecerá en los cajones diplomáticos de la sede argentina hasta el inicio de un nuevo Gobierno democrático en Bolivia.

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Todavía es 13 de septiembre. La policía y las FAB ya disponen de suficientes municiones y gases lacrimógenos para afrontar la agudización del levantamiento popular. La presidenta de facto Jeanine Áñez les da el postre de la jornada. Emite un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas intervinientes en operativos “para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”.

El país está prendido fuego. Hay protestas por todas partes. Pasado el mediodía, cerca de 5.000 pobladores del Chapare —la región donde creció Morales— marchan hacia el centro de Cochabamba para repudiar el Golpe de Estado. El Gobierno estrena el decreto que habilita la represión. Poco antes de llegar, a la altura de Sacaba, una falange armada, compuesta por el Ejército y la Policía, les corta el paso. Los manifestantes están sobre el puente Huayllani. Intentan negociar con la policía pero, justo en ese momento, cuando todo parece destrabarse, un avión caza de la Fuerza Aérea Boliviana sobrevuela la zona. Se desata la represión. Dos helicópteros vuelan sobre los manifestantes mientras la policía y el ejército disparan a quemarropa. La columna del Chapare nunca llegará a Cochabamba. El resultado son 11 manifestantes muertos y más de 100 heridos.

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La campaña del Gobierno Boliviano para conseguir armas y municiones extiende su alcance hacia otros países. Es el 16 de noviembre. Suena el teléfono en el despacho de la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo. Del otro lado de la línea, el ministro de Defensa boliviano, Luis Fernando López Julio. Le pide ayuda. Le explica que, a pesar de los esfuerzos, no alcanzan las municiones para detener el avance de las manifestaciones.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno sigue el conflicto en Bolivia con especial atención y ofrece su colaboración. Al revés de lo que sucedería con el Gobierno de Mauricio Macri —donde el acuerdo incluiría un envío puerta a puerta— esta vez el Gobierno de Áñez no tendría delivery. Antes de que termine ese día, un avión de la Fuerza Aérea Boliviana aterriza en Quito para retirar lo siguiente: 5.000 granadas de mano GL-302, 2.398 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Todas municiones fabricadas por la ecuatoriana Santa Bárbara EP y la brasileña Cóndor. La firma del documento que detalla el cargamento dice: general Fernando Correa Gordillo, director de Logística de la Policía de Ecuador.

El avión de las FAB aterriza la madrugada del 17 de noviembre en La Paz. Sólo dos días después, el Gobierno boliviano enciende una represión en la localidad de Senkata, en El Alto, a 40 kilómetros de La Paz.

El 19 de noviembre, Senkata amanece militarizada. El gobierno de Áñez tomó la decisión de acabar con la toma de la planta de gas por parte de militantes y dirigentes del MAS. La planta que YPFB tiene en Senkata es la más importante para abastecer de gas licuado a todo el occidente del país. Con temor al desabastecimiento, el gobierno activó una nueva represión que terminará en masacre. Otra vez 11 muertos y cientos de heridos.

Los gases lacrimógenos y municiones enviados a Bolivia por el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno fueron entregados no solo a la Policía, sino también a las Fuerzas Armadas. Más de un año y medio después, cuando sea detenido y acusado de los delitos de tráfico de armas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, lo negará: dirá que la despensa de los militares no tenía armamento no letal.

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Los que recibió Bolivia no fueron los únicos préstamos de municiones no letales para reprimir las protestas que retumbaron en Sudamérica en 2019.

En octubre de 2019, cuando Ecuador enfrentaba un paro que había dejado seis muertos y decenas de heridos, Colombia acudió a su auxilio y le envió 19.000 cartuchos de gas y granadas de mano que la Policía Nacional de ese país necesitaba. La confirmación de ese préstamo, que no había sido revelado públicamente antes, aparece en tres documentos oficiales del Gobierno y la policía de Ecuador y también, curiosamente, en uno del Gobierno de Bolivia.

El informe de juicio político contra María Paula Romo, la ministra de Gobierno de Moreno, reconstruyó parte de esa transacción ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Según el informe preparado por tres asambleístas, el Estado ecuatoriano usó 2368 cartuchos de gas de corto alcance, 1297 cartuchos de gas de largo alcance y 63 granadas de mano durante los 11 días de paro. Preocupado por la escala de la protesta, el Ministerio de Gobierno salió de compras, asegurando al menos 5.000 cartuchos de gas de corto alcance, 5.000 cartuchos de gas de largo alcance y 5 mil granadas de mano.

El cargamento más grande le llegaría a Ecuador sin intercambiar dinero: entre el 9 y 10 de octubre de 2019 —según un documento oficial del Gobierno ecuatoriano obtenido por esta alianza periodística— ese mismo Ministerio recibió un préstamo de la Policía Nacional de Colombia. Se trataba de 7.140 mil cartuchos de gas de calibre 37 mm, 2.000 cartuchos de gas de calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásicas y 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanza gases, para un total de más de 19.000 materiales.

Un informe del Gobierno boliviano también corrobora esa información. El 18 de diciembre de 2019, el agregado militar de la embajada de Bolivia en Quito le envió un informe a su jefe en La Paz, el Ministro de Defensa Luis Fernando López, sobre la deuda que tenía su país con Ecuador por el préstamo de granadas y proyectiles un mes atrás.

Para ese momento, Colombia ya estaba cerca de cumplir un mes de movilizaciones de su propio paro nacional, que solo en su primera jornada de represión —la del 21 de noviembre— contaba tres personas asesinadas y 120 heridas.

En esa carta escrita tres semanas después del inicio de las protestas en Colombia, el agregado boliviano, el coronel José Luis Frías Cordero, le dijo al ministro del Gobierno Áñez que Ecuador necesitaba con rapidez la devolución del material que les había enviado prestado.

Pero era tarde. Las armas y las municiones ya estaban en las calles bolivianas.

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Recién dos años después del golpe, el Gobierno electo de Luis Arce dará a conocer la carta de agradecimiento por el envío de armamento argentino que compromete, al menos hasta el momento, al comandante general Terceros Lara, a su segundo, a los gendarmes argentinos que trajeron los pertrechos militares, al presidente Mauricio Macri y a la plana mayor de su gabinete.

“Buscamos la carta a partir de un pedido de Cancillería boliviana, que tenía indicios de colaboración de algunos países en los días del golpe”, explicó el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. “Lo primero que hicimos fue ir a buscarla al archivo del embajador, que es lo que corresponde, no había cable ni mensaje a la Cancillería, que es lo que se suele hacer. La encontramos en el archivo general”, detalla Basteiro desde La Paz. Según la hipótesis del actual gobierno argentino, una copia quedaría a manos del Gobierno boliviano y la otra en la Justicia argentina.

Para Sabina Frederic, entonces ministra de Seguridad argentina, no hay dudas sobre la veracidad de la carta pero señala un matiz. “Primero, la carta es auténtica. Luego hay que aclarar que hay dos versiones, una sin la recepción del ayudante del agregado naval adjunto de Argentina y otra con su firma. La carta fue la vía de acceso a todo el episodio. Sin ella, hubiera sido muy difícil desarmar toda la trama. No es el único elemento, porque en la embajada ya había información, pero si fue una evidencia central”.

Con el documento en la mano, los gobiernos de ambos países abrieron una investigación. Dieron con testigos que ayudaron a reconstruir la llegada de ambos cargamentos, hallaron las casi 30 mil balas de goma y los spray lacrimógenos que la policía tenía en uno de sus almacenes. También los memos oficiales y los correos electrónicos que comprometen a muchos funcionarios y gendarmes argentinos. Sin embargo, la carga que las FAB almacenaron en el hangar de los Diablos Negros —compuesto por 40.000 cartuchos, spray y gases lacrimógenos— nunca se encontró.

Por otras causas pero siempre ligadas al Golpe de Estado, a principios de 2022, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1º de La Paz condenará a tres años de cárcel a Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, ex comandante general de la Armada Boliviana y a Jorge Gonzalo Terceros Lara, por los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes en grado de complicidad. Antes —todavía apretado por el escándalo de la carta— el comandante Terceros Lara hará una defensa tradicional: negar absolutamente todo. Su abogado Jorge Santisteban intentará demostrar que el documento está fraguado y que la firma es falsa. Y, sobre todo, es falso el objetivo. ¿Por qué las FAB van a hacerse de material antimotines si no se dedican a repeler motines?, pregunta Santisteban.

La pregunta como argumento de la defensa podría sostenerse, si no fuera por los resultados de las investigaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un equipo de trabajo especial para investigar las masacres de Sacaba y Senkata. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), reconstruyó ambas matanzas.

Sobre Sacaba dice: “La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”. Si Bolivia no fabrica armas de composición química. ¿De dónde provinieron las granadas de gas?

Para Basteiro, esas granadas podrían ser las mismas que fueron custodiadas por los gendarmes desde El Palomar hasta La Paz. “Las municiones (enviadas por el gobierno de Macri) pudieron haber sido utilizadas cada vez que la fuerza aérea participó de represiones, como en Sacaba y Senkata, aunque no tengo pruebas fehacientes para asegurar que esas municiones provocaron muertos bolivianos”.

La burocracia militar —que ingenuamente expuso al Gobierno argentino— también se repitió en los vínculos de la policía boliviana con la gestión del ecuatoriano Lenín Moreno.

Sebastián Ortega, Emiliano Gullo y Luciana Bertoia trabajan en la Revista Anfibia, de Argentina; Paul Mena, en El Universo, de Ecuador, e Iván Paredes, en El Deber, de Bolivia.

Una investigación colaborativa y transfronteriza del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, El Clip en conjunto con Animal Político de México, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, Efecto Cocuyo de Venezuela, El País América, El Universo de Ecuador, Interferencia de Chile, No Ficción de Guatemala, Revista Anfibia de Argentina, UOL de Brasil y Noticias Telemundo de Estados Unidos.

Proyecto gráfico Fábrica Memética de El Surti de Paraguay

Producción documental JUT Media - Revisión legal El Veinte

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